Estatismo y corrupción en Bolivia
El Deber, Santa Cruz
Los escándalos que se desvelan sobre la
administración de las empresas públicas demuestran, una vez más, que
el estatismo conduce a la corrupción, por la falta de sentido de
propiedad y de responsabilidad que existe entre quienes administran
esas empresas y los resultados de su gestión.
En Bolivia, además, frente a la ausencia
total de institucionalidad en la administración de las empresas
estatales, no solo se genera un problema de ineficiencia en la gestión
de recursos públicos, sino que la politización en la designación de
sus administradores, designados con carácter interino casi en su
totalidad, genera el incentivo perverso de enriquecerse lo más rápido
posible. Ellos deben sus cargos a un favor partidario y no a un mérito
profesional, por lo que durarán en los mismos el tiempo que sus
mandantes arbitrariamente dispongan.
El último ejemplo de esta afirmación
surge por el descubrimiento, por casualidad, de lo que parece ser un
nuevo hecho de corrupción a gran escala en YPFB. Este fue descubierto
gracias al accidente de tránsito sufrido por uno de los gerentes
nacionales de la corporación petrolera, que, al destruir, en estado de
ebriedad, un vehículo oficial, abandonó documentos que ofrecen serios
indicios sobre prácticas corruptas en la adjudicación de contratos,
varios de ellos referidos a la Planta de Separación de Líquidos de Río
Grande.
No es la primera vez que este proyecto
causa este tipo de escándalo público. Hace algunos años, a raíz del
asesinato de un empresario que se dirigía a pagar el 10% de comisión a
los ejecutivos de la misma empresa estatal, se inició un proceso que
causó la destitución y el encarcelamiento del entonces segundo hombre
del Movimiento al Socialismo y presidente de YPFB. Paradójicamente,
durante todos estos años, parece haber habido un pacto para depositar
la culpa en unas pocas personas por este grave hecho de corrupción y
no investigar quién mandó matar al malogrado ejecutivo, en una
aparente pelea interna por espacios de poder en el partido de
Gobierno.
Los ejemplos no faltan. En los últimos
días, los medios de comunicación informan sobre el pago anticipado e
irregular que hubiera hecho la Empresa Naviera de Bolivia (Enabol) a
un proveedor chino por la entrega de 16 barcazas por las que ya pagó
más de 25 millones de dólares. Han pasado más de dos años sin que se
haya recibido el cargamento, a pesar de haber ampliado el plazo de
entrega en más de cinco oportunidades. Nadie explica por qué se cubrió
el costo por anticipado.
Podríamos seguir, pero se acaba el
espacio. Lo importante es debatir cómo evitar que esta sangría de
recursos públicos continúe. Una primera acción sería dejar de crear
empresas públicas por doquier. En segundo lugar, se podría
despolitizarlas e institucionalizarlas, para evitar el saqueo de las
arcas públicas por la carencia de mínimos controles. Y tercero, se
tendría que buscar modelos de gestión público-privado, como el de
Petrobras, que se administra bajo estándares internacionales de
transparencia y eficiencia.
El autor fue presidente del Senado de Bolivia.
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