LA REALIDAD DEL NARCOTRAFICO EN MEXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS (II Parte)

LA REALIDAD DEL NARCOTRAFICO EN MEXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS (II Parte) Lic. Melo Dionisio Alvarez Rodríguez

La falta de un sistema único de inteligencia.

El sistema de inteligencia mexicano está fragmentado en diferentes cuerpos entre militares y civiles, que al igual que sus operaciones, pugnan entre sí. El conflicto suscita por un erróneo concepto sobre la militarización o no de la sociedad. Y no se trata de la compartimentación de los diferentes cuerpos de inteligencia, sino la falta de coordinación operativa municipal, estatal y nacional, la que está permeada de una burocracia, que muchos la confunden con una complicidad con los grupos criminales. 

A pesar de que oficialmente se niega la militarización de corporaciones policiales del país, más de un centenar de elementos de alto rango —activos o en retiro— ocupan los principales cargos de seguridad pública en estados y municipios, en sustitución de mandos civiles, por el incremento de la violencia y la permeabilidad de las policías por el crimen organizado.

“No se está militarizando la seguridad”, ha sostenido el secretario federal de Seguridad Pública, Genaro García Luna, mientras que Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), advierte que la presencia militar en mandos civiles se generaliza, sin que represente un cambio estructural sino un endurecimiento de la policía.

El problema no es si el sistema de inteligencia y los procesos de investigación son ejecutados por funcionarios civiles o militares. El problema es estructural, cómo se organizan los diferentes niveles de inteligencia y contrainteligencia y su capacidad operativa ilimitada a nivel nacional, que esté por encima de la división político-administrativa de los estados.

Todo sistema de inteligencia tiene que contar con un sistema integral de vigilancia y apoyarse en lo último de la tecnología si se quiere tener éxito ante una crisis de descomposición social como la que está ocurriendo en México y otros países de la región. Si el sistema de inteligencia de los regímenes totalitarios para desarticular la actividad política, se utilizara para combatir la delincuencia, los resultados serían altamente positivos. Sin embargo, ciertos prejuicios de organizaciones pro derechos humanos o religiosas impiden que se pongan en función métodos y tecnologías que bien pudieran salvar muchas vidas, de las que ellos mismos dicen proteger.

Los métodos, recursos, equipos y tecnologías a disposición de los sistemas de inteligencia dependen de las características y magnitud del problema que se tiene que enfrentar. En el caso de México y los Estados Unidos tienen problemas comunes, algunos que se relacionan y otros no, por lo que deben adoptarse los métodos que a cada caso y país les corresponden.

La situación más recurrente en México son los secuestros o levantones, como fase primaria  de otros delitos. Las víctimas casi siempre tienen condiciones predeterminadas por lo que infiere que se pueden tomar medidas preventivas, como el uso de VeriChip.

El VeriChip es un RFID  o microchip de identificación a través de frecuencias de radio que puede ser implantado en seres humanos. El chip que se llamó Digital Angel fue creado por la Universidad de Princeton y el Instituto Tecnológico de Nueva Jersey. Un  Sistema de GPS (Sistema de la Posición Global) podría ser combinado con la  Internet.

El "VeriChip" fue presentado a principios del año 2003 en México, donde fue comercializado por la empresa Solusat, una subsidiaria de Applied Digital. El microchip fue lanzado como una herramienta de seguridad para luchar contra la plaga de los secuestros y extorsiones.

Lamentablemente un recurso que existe no se le saca el beneficio que pudiera aportar, ya sabemos que grupos religiosos y otros como la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) lo consideran una amenaza a la libertad y privacidad del individuo. Una contradicción, por el hecho de velar por algunos supuestos derechos, se deje de utilizar una tecnología de punta, que paradójicamente se utiliza en miles de animales y no aceptamos que se utilice en seres humanos, tal pereciera que los animales tienen mayor importancia.

Y no solo son los tabúes y regulaciones, sino la falta importancia que le dan  las personas a su caso en particular, que se desenvuelven bajo factores de riesgo y no toman las más mínimas medidas. Unas por falta de recursos y otras porque no piensan que son proclives al secuestro hasta que no se produce el hecho. Las instituciones tampoco adoptan las medidas necesarias para equipar a su personal con los equipos que puedan contrarrestar los efectos de la violencia. El sólo hecho de que los responsables de la violencia sepan que cada acto de secuestro está siendo monitoreado, desestimula la su práctica y posibilidad la localización y captura de los perpetradores en caso de producirse.

Los Zatas tienen desde sus inicios especialistas en la intercepción de comunicaciones. Sin embargo las instituciones mexicanas a partir de este 1 de marzo es que los juzgados especializados podrán requerir a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y a las empresas comercializadoras información relativa a números telefónicos, llamadas, suspensión de líneas, entre otros datos relacionados con investigaciones por secuestro.

Ante la escalda de la violencia de la violencia y en México y su repercusión internacional, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) emitió un acuerdo para adecuar las atribuciones de los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervenciones de Comunicaciones a las reformas que entraron en vigor en materia de secuestros.

De esta forma, los jueces federales especializados serán los encargados de autorizar las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público de la Federación y de girar las instrucciones pertinentes a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y a las empresas comercializadoras de servicios de telecomunicaciones.

El CJF indicó que conforme al Acuerdo General 6/2011, los juzgados en cuestión serán competentes para atender y resolver las peticiones que les haga el Ministerio Público de la Federación sobre los referidos requerimientos a los concesionarios y empresas de telefonía.

El CJF informó además, que  los siete jueces que se hacen cargo de esta actividad atienden, las 24 horas del día, las peticiones que le hacen llegar, vía electrónica, la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional  y la Policía Federal. Esperemos que este proceso no se cargue de burocracia y los delincuentes actúen más rápido y más eficiente que los delincuentes.

Un eficiente sistema de inteligencia es muy importante, pero si las autoridades no tienen la voluntad de enfrentar las acciones del crimen organizado, no sirve de nada. Muchos casos de extorsión y plagio a pesar de que los familiares han dado toda la información del caso, con datos claves de números telefónicos, transacciones realizadas desde Estados Unidos, etc. y no se emprendieron las averiguaciones pertinentes.

Muchos ejemplos se podrían se podrían enumerar, pero la sucedido con la familia Reyes es suficiente para ilustrar la falta de voluntad jurídica para proteger a las personas, cuando casi toda la familia ha sido ejecutada progresivamente sin que se haya producido un arresto.

En este semana se produjo otro hecho ilustrativo, tal parece que integrantes de Los Zetas le pasaron un mensaje a Jesús Torres, delegado municipal en la comunidad Villa Cárdenas, que este domingo 27 de febrero reuniera todas las armas de los pobladores y se las entregaran en el salón ejidal.

Sin embargo, la gente se negó y cuando los sujetos armados arribaron a la casa del delegado municipal, se originó el enfrentamiento entre los pobladores y los sicarios. En el tiroteo murieron dos sicarios, cuyos cuerpos estuvieron tirados por más de 18 horas en la calle, porque jamás acudió al llamado el Ejército Mexicano, ni las policías estatales y municipales, a pesar de que se les llamó reiteradamente para que acudieran al lugar de los hechos, ubicado a unos 60 kilómetros de la cabecera de Nieves y aproximadamente a más de 200 kilómetros de la capital del estado de Zacatecas.

Lo triste de todo esto es que la acción había sido avisada, que a pesar de la actitud valiente de los pobladores de Villa Cárdenas, no pudieron impedir que los sicarios se llevaran al delegado municipal Jesús Torres y el procurador Arturo Nahle y el vocero Mario Caballero no han respondido las llamadas que se le han realizado.

CARCELES Y PRISIONES

Escuelas,  no prisiones

El arzobispo de la Iglesia ortodoxa Antioqueña en México, Antonio Chedraoui Tannous, aseguró que: “en nuestro país se necesita de más iglesias y de escuelas en lugar de cárceles”.
Muchas organizaciones y personalidades religiosas, académicas e intelectuales visualizan el problema de la violencia como resultado de una crisis social, por la falta de oportunidades y un deficiente sistema educacional. Nada es absoluto y pueden existir ciertas vinculaciones entre la violencia y la marginación social, pero resulta paradójico, que los carteles de las drogas, principalmente Los Zetas, están dirigidos por un personal altamente capacitado y disfrutaban de las mejores oportunidades del país.

Las escuelas como instituciones formadoras de los valores cívicos y morales son indispensables, pero no logran formar una sociedad libre de transgresiones legales, que implican responsabilidad penal y las personas tienen que ser castigadas con la privación de libertad, como única alternativa.

Entonces el concepto de escuelas no prisiones, no se ajusta a la realidad, sino más bien es una definición política, que raya con la retórica o una demagogia ilustrada. No quiere decir que se descarte la prioridad de la educación cultural y religiosa, pero la realidad actual es de la violencia generada por adultos, que no tienen ningún interés por una formación educacional o religiosa.

La reorganización delictiva en las prisiones

El hecho de que se considere indispensable el internamiento o reclusión de ciertos elementos que son incompatibles con la sociedad, no quiere decir que con su simple encierro termina el caso. Tiene que existir una política carcelaria que impida que los establecimientos o reclusorios se conviertan en centros de reorganización delictiva, incluso que sirvan como un Estado Mayor para dirigir sus operaciones.

La concentración de individuos con diferentes perfiles criminales posibilita la capacitación delictiva y su reorganización. Además favorece la red de contactos entre elementos criminales y sus colaboradores en libertad. También se logran nuevas alianzas y conocen los nexos entre éstos y diferentes funcionarios públicos, policiales y judiciales, que mediante la corrupción voluntaria o forzosa cooperan con el crimen organizado.

La inseguridad de los establecimientos penitenciarios

Cuando nos referimos a la inseguridad de los establecimientos, lo estamos relacionando con la capacidad que tienen los grupos delictivos de sobrepasar las fuerzas de seguridad o custodia de dichos centros y de la incapacidad de las autoridades de monitorear y brindar apoyo en caso de emergencia.

Las prisiones deben tener diferentes anillos de seguridad, ubicaciones estratégicas y los miembros del crimen organizado deben estar en centros especiales bajo rigurosas normas de seguridad y custodiados por tropas especiales.

El pasado 17 de diciembre de 2010, en el penal de la ciudad de Nuevo Laredo, los Zetas liberaron por la fuerza 151 reos, la mayoría relacionados con el narcotráfico.

Según José Francisco Tena Roque, subdirector del penal de Cuauhtémoc, Chihuahua opera con personal no capacitado y desde hace 15 años cuenta con nueve custodios por turno para cuidar a 209 internos.

En la mayoría de los penales del país, incluidos los Centros de Readaptación Social (Ceresos), están saturados de reos no sentenciados muchos de ellos por delitos federales a un costo promedio de 100 pesos diarios cada uno y un estrecho presupuesto que impide establecer medidas de vigilancia y seguridad más eficientes. Y no solo eso, muchas de las prisiones no tienen uniformes para los reos, lo que facilita la fuga de los mismos y cuando son rescatados por los grupos criminales, tan pronto salen del recinto penitenciario, ya se confunden con la población.

"El sistema penitenciario es un fracaso, pues en la mayoría de los Ceresos existe hacinamiento, autogobiernos y la falta de un programa homogéneo de vigilancia", admitió el secretario de Gobierno de Veracruz, Reynaldo Escobar Pérez, al referirse a la situación de los penales en su estado.

En una ocasión el director del Cereso de Cuauhtémoc, Chihuahua, Juan de la Rosa Sigala declaró que no había circuito cerrado de vigilancia, ni altavoz, ni personal, incluso, carecen de malla perimetral y que algunos de los muros tenían apenas tres metros de altura, por lo que la custodia de los reos apenas podía ser garantizada.

Sistema de reeducación

El sistema de reeducación o readaptación social, como se conoce en México, su principal deficiencia, entre tantas otras, es que no tiene un sistema de rehabilitación ocupacional, que tendría entre sus ventajas, ocupar el tiempo libre y disminuir el hacinamiento de los reos, generar ingresos para costear sus gastos y contribuir con sus familiares y capacitarlos en oficios que les serán muy beneficiosas para cuando sean liberados.

En muchos casos de puede combinar el trabajo con el estudio, ya que el nivel escolar de muchos de los reclusos es sumamente bajo, incluso algunos no saben leer ni escribir.

Los centros de trabajo correccionales, también facilitaría la reubicación de los reclusos por el tipo de delito y el grado de peligrosidad social, no contaminándose unos con otros, que a veces convierten a los reclusorios en escuelas de delincuencia.

Corrupción

La mayoría de los custodios de las prisiones, que ganan alrededor 2 mil 900 pesos al mes no han recibido una capacitación especial para desempeñar adecuadamente su labor, lo que los lleva a realizar sus obligaciones como mejor les parece, y sus carencias son tantas que "cualquier intento de corrupción por parte de los internos para tener algún tipo de privilegio puede tener fácilmente resultados".

El poder económico de los narcotraficantes se impone en las prisiones, compran y sobornan tanto a reos como a custodios. Incluso utilizan a los familiares de los reclusos para que le suministren drogas, armas, teléfonos celulares, ropas, alimentos y hasta bebidas alcohólicas.