Globovisión asediada por investigaciones, multas y violencia

Globovisión asediada por investigaciones, multas y violencia

Por Monica Campbell

Committee to Protect Journalists

CARACAS. - En Venezuela, existe una sola cadena televisiva crítica del gobierno que aún se mantiene al aire, pero sólo apenas. El canal privado, Globovisión, está haciendo frente a multas por parte del ente regulador, una oleada incesante de menosprecio por parte del gobierno e incluso violencia directa contra su personal. Está siendo obligado a defenderse en la justicia y aún debe producir cobertura de noticias durante un año electoral que es crucial para el país.

Nadie espera que las cosas sean fáciles para Globovisión en un país dominado por los medios del estado y donde las concesiones de varios medios audiovisuales críticos han sido revocadas durante el mandato del Presidente Hugo Chávez. Pero el último año trajo aparejado desafíos sin precedentes. En octubre de 2011, tras un violento motín en la prisión El Rodeo, en las afueras de Caracas, Conatel, el organismo que regula el espectro radioeléctrico, le impuso a Globovisión una multa 9,3 millones de bolívares (2,16 millones de dólares) por su cobertura sobre la crisis.        

Si bien otros medios venezolanos e internacionales cubrieron los disturbios, entrevistando a testigos y familiares preocupados por la situación, el ente regulador eligió a Globovisión, y reclamó que había transmitido demasiadas secuencias de familiares llorando que fueron empalmadas con el sonido de disparos. El canal, según concluyó el ente regulador, promovió un clima de "odio e intolerancia". Globovisión respondió que había informado sobre el tema en forma completa, dialogando con familiares de los involucrados y trabajando con las limitaciones impuestas a la prensa, que incluyeron mantener a los periodistas retirados a casi un kilómetro de la cárcel.  

La multa es el último añadido del expediente del gobierno sobre Globovisión. Chávez había acusado previamente a la emisora de apoyar en 2002 el fallido golpe de estado en su contra. En ese caso, Globovisión encontró el mismo escrutinio oficial que otros canales privados, incluyendo Radio Caracas Televisión, o RCTV, cuya concesión no fue renovada en 2007. En 2010, RCTV salió también de la grilla del cable y el satélite luego de rehusarse a transmitir los mensajes del Presidente Chávez.       

Conatel también investigó a Globovisión en 2009, luego de que la emisora informara sobre un terremoto que ocurrió en Venezuela antes de que los funcionarios hubieran difundido un comunicado público sobre el sismo. El ente regulador reclamó porque la emisora había contado con información proporcionada por las autoridades sismológicas estadounidenses en lugar de funcionarios venezolanos, y que pudo haber provocado pánico y desorden público. El director de Globovisión argumentó que las autoridades nacionales reaccionaron con lentitud frente al terremoto y que información confiable fue proporcionada por otras fuentes.  

Entre los numerosos procedimientos administrativos abiertos contra Globovisión, el ente regulador ha acusado a la televisora de "incitar a la rebelión" y crear "pánico y zozobra en la población", según la investigación del CPJ. Una sanción en cualquier caso podría ocasionar la suspensión de la emisora por un período de hasta 72 horas; una segunda sanción resultaría en la revocación de su licencia.

Guillermo Zuloaga sale del Palacio de Justicia en Caracas el 17 de julio de 2009. (AP/Ariana Cubillos)

En 2010, Guillermo Zuloaga, el presidente de Globovisión, abandonó el país para escapar de una serie de acusaciones, incluyendo la difusión de noticias falsas, ofender a Chávez en declaraciones públicas, además de cargos por supuesta usura y agavillamiento en relación con un negocio de venta de automóviles del empresario. Zuloaga negó las acusaciones e indicó que habían sido fabricadas en un intento por cerrar la emisora. El empresario permanece en el exilio en Estados Unidos. "Somos la última emisora independiente que queda en pie y el gobierno está haciendo lo que puede para intentar cerrarnos", aseveró María Fernanda Flores, la vicepresidenta de Globovisión, en una entrevista en la sede del canal, en Caracas.
 
El gobierno sostiene que Globovisión tiene una historia plagada de sensacionalismo y manipulación. "Es un perjuicio público", aseguró Julio Rafael Chávez Meléndez, diputado de la Asamblea Nacional y vicepresidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación. "Aun así, se les permite emitir sus notas, que claramente justifican el objetivo político de la oposición. Pero tampoco podemos permitir que pisotee nuestras leyes sin consecuencias. Si bien pueden defender su derecho a existir como un canal de noticias, nosotros debemos defender nuestro derecho a aplicar la ley. Esto no es un intento de silenciar a la oposición".
 
Carlos Ayala, un experto en derecho constitucional en Caracas y ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está en desacuerdo. Aseguró que la audiencia de Globovisión puede quedarse con la impresión de que los medios venezolanos son libres de criticar al gobierno venezolano, pero el canal está pagando un alto costo por expresar sus puntos de vista. "Estamos viendo cuán lejos puede llegar el gobierno, amenazando la propia existencia de un canal de televisión al imponer enormes multas". La multa de 2,16 millones de dólares estadounidenses por la cobertura de Globovisión sobre la crisis carcelaria es equivalente al 7,5 por ciento de los ingresos brutos de 2010.               

Aún así, algunos críticos reconocen que la emisora exacerba la polarización de la prensa y es culpable de una cobertura sesgada como sus colegas pro-Chávez en medios oficiales. Si bien es comprensivo con la posición en soledad de Globovisión, Andrés Cañizález, profesor y experto en medios de la Universidad Católica Andrés Bello, admitió que la emisora invierte "menos tiempo en periodismo investigativo y más recursos en señalar los errores que comete el gobierno".

Lysber Ramos Sol, quien lidera la unidad de investigación de Globovisión, afirmó que las investigaciones periodísticas y objetivas son parte de los ideales del canal, pero añadió que los reportajes contundentes son "casi imposibles" de realizar dada la falta de transparencia que existe en Venezuela. Los reporteros de Globovisión también alegan que forman parte de una lista negra. Con mucha frecuencia, afirman ellos, funcionarios les niegan pedidos de información y entrevistas con el gobierno. El ingreso a las conferencias de prensa oficiales es bloqueado como rutina.

"Lo típico es llegar a una conferencia de prensa y ser detenido en la puerta de entrada por no estar en la lista de periodistas autorizados", afirmó Sasha Ackerman, que se unió al equipo de reporteros de Globovisión hace tres años. "Entonces esperamos afuera con el resto de los periodistas excluidos y obtenemos información de otros colegas o la rebuscamos por otro lado".

Periodistas en los estudios de Globovisión. (AP/Ariana Cubillos)

Los periodistas de Globovisión también enfrentan amenazas físicas e intimidación. En marzo, un grupo de sujetos armados no identificados, vistiendo chaquetas rojas del Partido Socialista Unido pro-Chávez, atacaron a Ackerman y a un camarógrafo de la emisora y robaron material mientras cubrían una concentración del candidato presidencial de la oposición Henrique Capriles Radonski. La noche del ataque, el esposo de Ackerman le preguntaba si informar sobre las elecciones presidenciales este año le pondría en peligro. "Lo pensé mucho", indicó Ackerman. "Fue la primera vez que había enfrentado violencia directa por reportear. Pero al mismo tiempo me he vuelto más determinada para salir e informar".     

Mientras tanto, integrantes enmascarados del grupo pro-gubernamental "La Piedrita" se reunieron en marzo afuera de las oficinas de Globovisión para lanzar insultos y agitar armas, según informó el canal. En años anteriores, el grupo se atribuyó la responsabilidad de atacar a periodistas y medios con gases lacrimógenos y amenazó con "tomar las armas" contra Globovisión, mientras acusaba a la emisora de promover la violencia contra Chávez.      

En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno que proporcionara protección al canal y a sus periodistas, pero el gobierno nunca implementó las recomendaciones del tribunal. El gobierno venezolano, junto con su par de Ecuador, ha propuesto reformas para restringir las funciones del tribunal allegado de la organización, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en particular su relatoría especial para la libertad de expresión, cuya oficina ha difundido informes críticos sobre el clima de libertad de prensa en ambos países.       

Resulta difícil predecir cuánto tiempo más se tolerará a Globovisión. "Los ratings de RCTV subieron cuando se aproximaba su cierre", señaló Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público, una organización que promueve la libertad de expresión y la ética periodística en Venezuela. "Emprenderla con Globovisión puede volverlo más popular". Globovisión informó que las tarifas de publicidad se han mantenido firmes.

A fines de junio, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó un embargo ejecutivo sobre bienes de Globovisión totalizando 24,4 millones de bolívares (5,7 millones de dólares). El asesor jurídico del canal, Ricardo Antela, indicó al CPJ que la decisión estaba dirigida a obligar a Globovisión a pagar la multa por su cobertura sobre la crisis carcelaria. Unos días después, la emisora pagó la multa de 2,16 millones de dólares. Una apelación para anular la multa aún está pendiente en un tribunal administrativo. Si ese fallo fuera favorable, Globovisión solicitará que le reintegren la multa pagada, sostuvo Antela. Mientras tanto, la empresa fue obligada a tomar deuda, indicó el abogado, y el impacto financiero se sentirá en todo el canal.           

En tanto, Antela afirmó que la situación es tal que el ente regulador puede apuntar a cualquiera de una serie de procedimientos administrativos abiertos contra Globovisión y clausurar el canal en cuestión de días.  

Monica Campbell es una periodista independiente radicada en San Francisco y fue consultora del CPJ.