El ingeniero informático Matías Bevilacqua fue arrestado en España.
Antonio Maria Delgado
Un ciberpirata argentino arrestado en España ayudó al presidente
Hugo Chávez a instaurar una sofisticada red de espionaje electrónico
para monitorear los pasos de líderes de la oposición, periodistas
independientes y cualquier ciudadano considerado como una potencial
amenaza para la revolución bolivariana.
Matías Bevilacqua, un ingeniero informático de 36 años, estuvo entre las 135 personas arrestadas en mayo por su participación en la denominada Operación Pitiusa, en la que datos confidenciales de ciudadanos y empresas españolas eran robados y posteriormente vendidos para la elaboración de informes.
Pero Bevilacqua, quien según la investigación bajaba correos electrónicos para una de las detectives que se encuentran al centro del caso, también tenía otro importante cliente: el gobierno de Chávez, reportó el diario ABC, citando “fuentes conocedoras de la trama”.
“El hacker imputado en la Operación Pitiusa ha puesto en marcha un proyecto de seguridad informática para el ejecutivo de Hugo Chávez”, informó el diario español.
Al ser consultado por el diario sobre la naturaleza de los trabajos que realizó para Venezuela, Bevilacqua respondió lacónicamente: “Nunca hablamos sobre nuestros clientes”.
Bevilacqua es director tecnológico de CF Labs, empresa dedicada al diseño y operación de “laboratorios forenses”, centros de investigación normalmente empleados por los organismos de seguridad para examinar y realizar los análisis del contenido de las computadoras.
En el caso de CF Labs, la empresa estuvo entre las tres contratadas por el gobierno venezolano para la construcción de sus laboratorios forenses y el equipamiento tecnológico del Sistema Nacional de Gestión de Incidentes Telemáticos VenCERT, explicó Anthony Daquín, ex asesor de seguridad de la Comandancia General del Ejército de Venezuela.
“CFLabs hizo la transferencia de conocimiento, vendió las herramientas, vendió el software, capacitó al personal venezolano”, explicó Daquín en una entrevista telefónica.
“Ahora los centros son operados por cubanos y venezolanos, por personal vinculado a los organismos de seguridad”, sostuvo.
Según Daquín, las labores de espionaje electrónico son ejecutadas desde estos laboratorios forenses, haciendo uso de los equipos y los conocimientos brindados por CF Labs, y otras compañías, a Venezuela y posteriormente a Cuba.
“Ellos le vendieron la tecnología a la gente de Cuba, que la gente de Cuba para ese momento no la tenía. Hay una empresa colombiana que tiene muchísima responsabilidad en esa transferencia”, comentó.
Si bien los laboratorios forenses son empleados alrededor del mundo en las investigaciones delictivas, en Venezuela se dedican a espiar las actividades de sus ciudadanos. En especial aquellos que han manifestado su abierta oposición a los planes de instaurar un régimen socialista en el país.
“Ellos necesitan ir con un pie adelante con la información”, comentó Daquín. “Esa es la manera como siempre terminan ganando y humillando a la oposición. No utilizan el termino hackear, que es el término de una actividad ilegal, pero cuando hablas de laboratorio forense, de investigación electrónica forense, tienes la autoridad legal para poder intervenir las cuentas de correo de la gente”.
Y aparentemente han hecho buen uso de esa autoridad.
Según un documento de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), de Venezuela, obtenida por El Nuevo Herald, son miles los correos electrónicos pertenecientes a venezolanos interceptado por los organismos de inteligencia chavista, quienes tienen acceso a las direcciones, las claves secretas y hasta los números de Protocolo de Internet (IP) de las computadoras.
Una parte significativa de los correos intervenidos que aparecen en la lista pertenecen a activistas, periodistas, militares, diplomáticos venezolanos en el extranjero y conocidos líderes de oposición, incluyendo a los dirigentes de la oposición Antonio Ledezma, Osvaldo Alvarez Paz y María Corina Machado.
En la lista también aparecían los correos de militares retirados y personalidades venezolanas que viven en Miami.
Es una práctica que ha estado aumentando con el correr de los meses. Y no están limitadas a los correos de aquellas personas que se encuentran en el país, dijo José Antonio Colina, presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex).
“Esto es acoso. Es una manera del gobierno de ampliar su control sobre la población. Eso es algo que data desde hace ya bastante tiempo, pero últimamente se ha venido incrementando esta medida de hackear los correos electrónicos, estos métodos de espionaje del Estado sobre la población”, dijo Colina, quien añadió que una de sus cuentas personales había sido interceptada hace tan sólo unas semanas.
La guerra electrónica no sólo se limita a la intervención de correos electrónicos. Los administradores de sitios privados de internet que normalmente publican artículos o información contraria al gobierno de Chávez frecuentemente son blanco de ataques cibernéticos.
La Patilla.com, un popular sitio de internet venezolano de noticias, es uno de ellos, comentó su editor David Morán.
“Los ataques coinciden con la cobertura de eventos que son adversos al gobierno, como durante el reciente motín de reos en [el centro penitenciario de] La Planta”, ocurrido en mayo y durante el cual se produjeron intensos tiroteos en las calles aledañas del penal, comentó.
“Quienes nos han atacado, lo han realizado desde el lado asiático, utilizando direcciones IP que provienen de esa parte del mundo. Y han sido ataques muy profundos [de gran envergadura]. Uno incluso llegó a utilizar 400 megas de ancho de banda. Es gente con mucho dinero para poder hacer eso. Son ataques que podrían estar costando $25,000 y $30,000 para ejecutar”, comentó.
Según el diario español, Bevilacqua jugó un importante papel en VenCERT, entrenando a su personal e incluso dictando talleres sobre la informática en Venezuela.
Entre el personal entrenado se encontraban expertos egresados de la prestigiosa Universidad Simón Bolívar, agregó Daquín.
Precisó que la población desconoce el grado en que las comunicaciones a través de internet están penetradas en Venezuela, señalando que toda interacción por esta vía pasa a través de una sola empresa, la estatal CANTV.
“Todas las comunicaciones son a través de un solo proveedor del servicio, a través del mismo filtro, y es allí donde todo es interceptado. Ellos, en la CANTV, están en capacidad de interceptar cualquier cosa si conocen el perfil de la persona”, advirtió.
Matías Bevilacqua, un ingeniero informático de 36 años, estuvo entre las 135 personas arrestadas en mayo por su participación en la denominada Operación Pitiusa, en la que datos confidenciales de ciudadanos y empresas españolas eran robados y posteriormente vendidos para la elaboración de informes.
Pero Bevilacqua, quien según la investigación bajaba correos electrónicos para una de las detectives que se encuentran al centro del caso, también tenía otro importante cliente: el gobierno de Chávez, reportó el diario ABC, citando “fuentes conocedoras de la trama”.
“El hacker imputado en la Operación Pitiusa ha puesto en marcha un proyecto de seguridad informática para el ejecutivo de Hugo Chávez”, informó el diario español.
Al ser consultado por el diario sobre la naturaleza de los trabajos que realizó para Venezuela, Bevilacqua respondió lacónicamente: “Nunca hablamos sobre nuestros clientes”.
Bevilacqua es director tecnológico de CF Labs, empresa dedicada al diseño y operación de “laboratorios forenses”, centros de investigación normalmente empleados por los organismos de seguridad para examinar y realizar los análisis del contenido de las computadoras.
En el caso de CF Labs, la empresa estuvo entre las tres contratadas por el gobierno venezolano para la construcción de sus laboratorios forenses y el equipamiento tecnológico del Sistema Nacional de Gestión de Incidentes Telemáticos VenCERT, explicó Anthony Daquín, ex asesor de seguridad de la Comandancia General del Ejército de Venezuela.
“CFLabs hizo la transferencia de conocimiento, vendió las herramientas, vendió el software, capacitó al personal venezolano”, explicó Daquín en una entrevista telefónica.
“Ahora los centros son operados por cubanos y venezolanos, por personal vinculado a los organismos de seguridad”, sostuvo.
Según Daquín, las labores de espionaje electrónico son ejecutadas desde estos laboratorios forenses, haciendo uso de los equipos y los conocimientos brindados por CF Labs, y otras compañías, a Venezuela y posteriormente a Cuba.
“Ellos le vendieron la tecnología a la gente de Cuba, que la gente de Cuba para ese momento no la tenía. Hay una empresa colombiana que tiene muchísima responsabilidad en esa transferencia”, comentó.
Si bien los laboratorios forenses son empleados alrededor del mundo en las investigaciones delictivas, en Venezuela se dedican a espiar las actividades de sus ciudadanos. En especial aquellos que han manifestado su abierta oposición a los planes de instaurar un régimen socialista en el país.
“Ellos necesitan ir con un pie adelante con la información”, comentó Daquín. “Esa es la manera como siempre terminan ganando y humillando a la oposición. No utilizan el termino hackear, que es el término de una actividad ilegal, pero cuando hablas de laboratorio forense, de investigación electrónica forense, tienes la autoridad legal para poder intervenir las cuentas de correo de la gente”.
Y aparentemente han hecho buen uso de esa autoridad.
Según un documento de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), de Venezuela, obtenida por El Nuevo Herald, son miles los correos electrónicos pertenecientes a venezolanos interceptado por los organismos de inteligencia chavista, quienes tienen acceso a las direcciones, las claves secretas y hasta los números de Protocolo de Internet (IP) de las computadoras.
Una parte significativa de los correos intervenidos que aparecen en la lista pertenecen a activistas, periodistas, militares, diplomáticos venezolanos en el extranjero y conocidos líderes de oposición, incluyendo a los dirigentes de la oposición Antonio Ledezma, Osvaldo Alvarez Paz y María Corina Machado.
En la lista también aparecían los correos de militares retirados y personalidades venezolanas que viven en Miami.
Es una práctica que ha estado aumentando con el correr de los meses. Y no están limitadas a los correos de aquellas personas que se encuentran en el país, dijo José Antonio Colina, presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex).
“Esto es acoso. Es una manera del gobierno de ampliar su control sobre la población. Eso es algo que data desde hace ya bastante tiempo, pero últimamente se ha venido incrementando esta medida de hackear los correos electrónicos, estos métodos de espionaje del Estado sobre la población”, dijo Colina, quien añadió que una de sus cuentas personales había sido interceptada hace tan sólo unas semanas.
La guerra electrónica no sólo se limita a la intervención de correos electrónicos. Los administradores de sitios privados de internet que normalmente publican artículos o información contraria al gobierno de Chávez frecuentemente son blanco de ataques cibernéticos.
La Patilla.com, un popular sitio de internet venezolano de noticias, es uno de ellos, comentó su editor David Morán.
“Los ataques coinciden con la cobertura de eventos que son adversos al gobierno, como durante el reciente motín de reos en [el centro penitenciario de] La Planta”, ocurrido en mayo y durante el cual se produjeron intensos tiroteos en las calles aledañas del penal, comentó.
“Quienes nos han atacado, lo han realizado desde el lado asiático, utilizando direcciones IP que provienen de esa parte del mundo. Y han sido ataques muy profundos [de gran envergadura]. Uno incluso llegó a utilizar 400 megas de ancho de banda. Es gente con mucho dinero para poder hacer eso. Son ataques que podrían estar costando $25,000 y $30,000 para ejecutar”, comentó.
Según el diario español, Bevilacqua jugó un importante papel en VenCERT, entrenando a su personal e incluso dictando talleres sobre la informática en Venezuela.
Entre el personal entrenado se encontraban expertos egresados de la prestigiosa Universidad Simón Bolívar, agregó Daquín.
Precisó que la población desconoce el grado en que las comunicaciones a través de internet están penetradas en Venezuela, señalando que toda interacción por esta vía pasa a través de una sola empresa, la estatal CANTV.
“Todas las comunicaciones son a través de un solo proveedor del servicio, a través del mismo filtro, y es allí donde todo es interceptado. Ellos, en la CANTV, están en capacidad de interceptar cualquier cosa si conocen el perfil de la persona”, advirtió.
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