Por Ricardo Alemán.
Dice el
refranero popular que a palabras necias, oídos sordos. Sin embargo, en el caso
de la elección presidencial sería más adecuado enunciar: a palabras necias,
resolutivos sólidos.
Y es que luego del incansable esfuerzo de algunos
por tumbar la elección presidencial, las instituciones mexicanas han hecho su
trabajo y, uno a uno, derriban los mitos que este puñado de malos perdedores intenta
sembrar en el imaginario colectivo.
En esta ocasión, el IFE anunció que, contrario a
lo que muchos piensan, los partidos políticos no excedieron los límites
presupuestales durante el tiempo de precampañas.
Es decir, que durante las semanas que precedieron
a las campañas electorales, los partidos políticos mantuvieron un
manejo financiero apegado a la ley. Y no sólo eso, que cuando
llegó el momento de rendir cuentas y transparentar sus gastos, también lo
hicieron en sintonía con el marco legal.
¿Y esto qué quiere decir?
Simplemente que estamos ante la validación
institucional de lo que muchos han dicho en diferentes
ocasiones. Que la elección del primero de julio –en todos su momentos y
niveles– fue una elección legal y limpia. Y que si bien existieron fallas y
abusos –como siempre ocurre– no son los suficientes como para derribar el
proceso junto con la confianza de los electores.
Pero eso no es todo.
En estos momentos, el Tribunal Electoral analiza
cada uno de los 293 expedientes que promovió la coalición Movimiento
Progresista. Y si todo ocurre como se espera, en cuestión de horas se
vendrán abajo muchas de las mentiras y montajes con que los
derrotados tratan de anular la elección.
De hecho, en cuestión de días –probablemente el
lunes próximo– estaríamos ante la validación definitiva de la elección. Y es
que, el Tribunal Electoral está por dar su fallo en lo que respecta al llamado
"recurso madre", es decir, la demanda de invalidez en la elección
presidencial.
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