PCC, EL AMO DE SÃO PAULO

Nazaret Castro

La organización PCC monopoliza el crimen organizado de la ciudad brasileña y extiende sus tentáculos por el resto del país y América Latina.

Vanderleir Almeida/AFP/Getty Images

São Paulo se ha enfrentado a la peor ola de violencia de los últimos años. En las páginas de los principales diarios de la región, Folha de São Paulo y el Estado de São Paulo, las noticias reflejaban la escalada de muertes, la quema de autobuses y los ataques a las delegaciones policiales. Un informe de la Secretaría Pública de Seguridad señalaba que en el primer semestre de 2012 se registraron 622 homicidios dolosos, lo que suponía un aumento del 22% de casos respecto al primer semestre de 2011.
Algunos medios de comunicación comenzaron a señalar al Primeiro Comando da Capital (PCC), la mayor organización criminal del estado más rico y poblado del país, como el autor de los sucesos. Fátima Souza, la primera periodista que habló de la organización en 1997, detalla en el ensayo PCC. La facción cómo se convirtió en interlocutora privilegiada del Comando. La reportera afirma que agentes de la ROTA (las Rondas Ostensivas Tobias de Aguar, una tropa de elite de la Policía Militar (PM) surgida durante la dictadura militar y muy temida hasta hoy en la periferia paulista) mataron a seis miembros del PCC, en represalia por el asesinato de un agente. La facción decretó la venganza de la venganza: un mes de ataques y asesinatos a policías.

El PCC, que nació en las cárceles en los 90 y es dirigido desde allí, volvía a estar de actualidad. La facción monopoliza el crimen organizado en la ciudad y el estado de São Paulo. Controla las  bocas de fumo –puntos de venta de droga- de las favelas e incluso terceriza algunas, como si fuesen franquicias. Del narcotráfico obtiene la mayor parte de sus ingresos –que uno de los libros de cuentas captados a la organización cifraba en 1,2 millones de euros en abril de 2005. Los redondea con las mensualidades que pagan sus miembros, los asaltos y secuestros –se atribuye a la organización el 70% de los secuestros en la ciudad- e incluso de su función como banco prestamista a los ladrones.
Ahora, como hace la Mafia italiana, se están pasando a los negocios legales, como gasolineras, farmacias y clubes de alterne, para blanquear el dinero. Al mismo tiempo, la organización ha extendido sus tentáculos por las cárceles de todo el país y ha establecido alianzas con facciones como la carioca Comando Vermelho. También ha dado el salto a otros países de la región: se cree que su base de operaciones está en Paraguay y posee nexos con las redes criminales argentinas, los cárteles mexicanos y la guerrilla colombiana de las FARC.

			La organización ha consolidado una estructura mafiosa, que se sustenta sobre la corrupción generalizada de policías y funcionarios de prisiones

Souza aventura que pertenecen al PCC en torno al 80% de los 200.000 presos que se hacinan en las prisiones paulistas, el 80% de los internados en centros de menores -lo que les asegura la próxima generación de soldados- y unas 50.000 personas en las calles. En los últimos años, la organización ha consolidado una estructura mafiosa, que se sustenta sobre la corrupción generalizada de policías y funcionarios de prisiones. La periodista asegura que, según le reveló un miembro del PCC, un 10% de los agentes en São Paulo responden a las órdenes de la facción.
Además, introduce a sus miembros en concursos para cargos públicos, paga la formación de abogados -e intenta captar diputados afines. Así ata los cabos y se permite organizar fugas de presos a través de túneles, envío de armas y teléfonos móviles a las prisiones o asaltos a bancos por 100 millones de reales. “Mientras haya corrupción en la policía y los funcionarios penitenciarios, no hay nada que hacer”, concluye la reportera.
Violencia policial
La reciente ola de violencia traía reminiscencias de los ataques de 2006, cuando el PCC demostró que, si quería, podía paralizar la mayor megalópolis de Suramérica. Durante tres días los trabajadores se quedaron en sus casas e incluso la Bolsa suspendió parte de sus operaciones. El saldo: 272 muertos, entre ellos 91 policías, según Folha de São Paulo. Aunque el estudio São Paulo bajo ataque: Corrupción, crimen organizado y violencia institucional en mayo de 2006, revela queese año ocurrieron en la región 493 homicidios y había indicios de la participación de agentes en 122 ejecuciones. Desde entonces, las Madres de Mayo denuncian que todos los casos siguen archivados.

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“No sorprendería si un escándalo similar fuese revelado ahora”, sostiene el abogado Rodolfo de Almeida Valente, asesor jurídico de la Pastoral Carcelaria brasileña, en una entrevista a la revista Carta Maior. Activistas sociales y vecinos de la vasta periferia han denunciado ejecuciones arbitrarias a manos de la PM. El enviado de la ONU, Philip Alson, también afirmó tener evidencias de que algunas de las muertes registradas como actos de resistencia eran ejecuciones ilegales. Tras revisar 11.000 casos en Río de Janeiro y São Paulo, Naciones Unidas recomendó a Brasil la desmilitarización de la policía.
La situación ha llegado al punto de que el procurador de la República, Matheur Baraldi, ha pedido oficialmente al gobernador de São Paulo, el conservador Geraldo Alckmin, que realice cambios en la cúpula policial, pues sus efectivos están “fuera de control”. Alckmin, tras la última oleada de ataques, recordó que los delincuentes de la ciudad “sólo tienen dos opciones: la prisión o el ataúd”.
Según datos de la PM, entre enero y mayo de 2012 se produjeron 45 muertes en actos de resistencia, un 104% más que en el mismo período de 2010. El jefe de la ROTA, el teniente coronel Salvador Modesto Madia, afirmó al diario Folha de São Paulo que no le importa el número de muertes, sino su legalidad. El coronel ha sido señalado por las asociaciones civiles como responsable de 78 muertes en la Masacre de Carandiru, cuando, en 1992, la brutal represión policial acabó con la vida de al menos 111 presos que estaban amotinados. Madia estaba al frente de la misión.
Sociedad dual
“Con la excusa de combatir el crimen organizado, el Gobierno de la región ha dado carta blanca para matar en las periferias”, aseguraba un militante de izquierdas en una reciente concentración en protesta por la violencia policial. Es una opinión generalizada entre las organizaciones de derechos humanos, para las que el Estado está ejecutando “un lento genocidio contra la población negra y pobre”, en palabras de Givanildo Manoel da Silva, de la organización Tribunal Popular.
El origen del problema es la brecha social que existe en Brasil. Desde la llegada al Gobierno de Lula da Silva alrededor de 30 millones de brasileños han salido de la pobreza, y la actual presidenta, Dilma Rousseff, prometió sacar de la pobreza extrema a 16 millones de brasileños con el Plan de Erradicación de la Miseria, lanzado en 2011 bajo el lema “País rico es país sin pobres”.
Sin embargo, estos avances no han conseguido que Brasil abandone los primeros puestos del ranking mundial de los países más desiguales. En el Brasil emergente el 10% de la población sigue acumulando el 75% de la riqueza y las autoridades han mantenido un discurso que criminaliza todo lo que viene de la favela, entendida como un “espacio a erradicar” y no a urbanizar.
Pacificación por el crimen
Mientras tanto, los ciudadanos comprenden la fragilidad de la paz que disfrutan. São Paulo es la ciudad brasileña donde más han disminuido los índices de violencia en los últimos quince años (de los 1.413 homicidios en 2005 a los 470 de 2011), pero, por mucho que el gobernador Alckmin haya querido colgarse esa medalla, en periferias y favelas aseguran que “fue el PCC quien puso orden”, como declara Helena, activista social que reside en la periferia sur de la ciudad y que prefiere conservar su anonimato. Zona que vivía en los 90 bajo el estigma y el miedo. Los barrios de Jardim São Luis, Jardim Ângela y Capão Redondo formaban el llamado triángulo de la muerte, con índices de muertes violentas superiores a los de algunos países en guerra. “La vida no valía nada: te podían matar por pasar por ahí, por una mirada, por una discusión de bar”, narra Fernando, vecino de Capão Redondo.

			La comunidad se divide entre el temor y la simpatía a la facción

Llegó el PCC y puso orden. Prohibió matar sin su consentimiento y fomentó una especie de “guerra contra la policía y unión entre los ladrones”, en palabras de la antropóloga Karina Biondi, y tuvo éxito allí donde el Estado había fracasado. Sabedora de que su poder se basa a partes iguales en la fuerza y la legitimidad, la facción obtiene esta última ayudando a la población pobre en las cárceles, donde ha conseguido mejoras para los presos y sus familias, y en las periferias, donde financia fiestas y reparte alimentos entre los más necesitados.
La comunidad se divide entre el temor y la simpatía a la facción, en medio de ese fuego cruzado entre la policía y el crimen organizado. Pero, como matiza Helena, “la violencia policial contra el favelado es arbitraria, mientras que el Partido, como la Mafia, mata o maltrata sólo a quien le interesa”.
El discurso de Marcola ha sabido canalizar toda esa rabia y sed de justicia, cuando no de venganza. Si es evidente que “el principal objetivo del Partido es el lucro, no la revolución social”, como sostiene Helena, es cierto también que la estructura criminal se sostiene sobre la pirámide de obscena desigualdad que rige en São Paulo y en todo Brasil: el PCC recluta a sus miembros entre los jóvenes de los barrios pobres, donde el desempleo a menudo sobrepasa el 30%.  “La favela vive en estado de abandono y esa humillación genera rabia”, afirma Fátima Souza. Como muchos intelectuales, la periodista teme que la exclusión social acabe por tornarse en violencia política.