Prioridades para Peña Nieto 
“El próximo gobierno tiene la gran oportunidad
de reinventar la gestión pública para generar los incentivos correctos
tanto entre los funcionarios públicos como en la sociedad. Se trata de
crear un diseño institucional radicalmente distinto que promueva la
eficacia y la honestidad en el gobierno.”
Manuel Suárez Mier
En las semanas que faltan para que el
Tribunal Electoral declare que la elección presidencial del 1º de julio
pasado fue tan válida como el resto de las elecciones para diputados y
senadores federales y para los gobiernos en varios estados, hay algunas
labores que pienso son las más importantes para Enrique Peña Nieto y su
equipo.
En primer término quienes están encargados de defender la
elección de las continuas descalificaciones de López y sus secuaces y
propagandistas, deben hacerlo con mayor celeridad y vigor, partiendo de
la premisa de que todas las acusaciones que le enderezan al PRI se
sustentan sin la menor duda en lo que ellos mismos sí hicieron.
Es indispensable defender no sólo el resultado de la
elección sino el prestigio del proceso electoral enfatizando el papel
protagónico que jugó en él la ciudadanía y subrayando que la evidencia
de irregularidades es menor respecto a la gigantesca escala de la
elección, y que de ninguna manera son atribuibles en exclusiva al PRI.
El equipo que coordina Jesús Murillo Karam ya empezó a
reaccionar con eficacia a los ataques cada vez más delirantes de López,
pero es necesario hacerlo con mayor vigor no solo por las vía judicial
ante acusaciones como la de que EPN financió con dinero ilícito su
campaña, sino también en los medios de comunicación pues se trata de
neutralizar y revertir los daños que insiste en causarle al proceso
electoral.
La caracterización que hizo la campaña de Felipe Calderón
de López como un peligro para México fue lo que le ganó la elección en
2006. Ahora es necesario atajar todos sus irresponsables ataques
elevando el costo de hacerlos, que hasta ahora ha sido inexistente, y
diseñando campañas para informar a la opinión pública que lo pinten como
lo que es: el enemigo de instituciones cruciales para los mexicanos.
Al mismo tiempo el equipo de Peña Nieto encargado de
diseñar las políticas públicas del próximo gobierno haría bien en hacer
un análisis a fondo del enorme y torpe aparato administrativo federal y
del enjambre de entidades, muchas de ellas inútiles, redundantes y que
no cumplen ni de lejos la misión para la que fueron creadas. El objeto
debe ser reinventar la gestión pública federal pues es claro que no
funciona.
Recuerdo una conversación que tuve en los inicios de la
administración de Vicente Fox con Diódoro Carrasco, el último secretario
de Gobernación priísta, en la que me contó la forma en que el nuevo
gobierno había desmoronado el sistema de seguridad nacional que existía
entonces, y pronosticó que en su ausencia se dispararía la criminalidad y
la violencia, como ha ocurrido puntualmente para horror de todos.
Es necesario crear un aparato administrativo mucho más
eficaz que genere los incentivos apropiados para que se hagan bien las
cosas, exactamente lo opuesto a lo que ocurre hoy, por ejemplo, con la
Secretaría de la Función Pública (SFP) que dice tener como misión
“consolidar un gobierno honesto, transparente y eficiente.”
Lo que ha conseguido la SFP es consolidar el pánico en los
funcionarios públicos que no están dispuestos a tomar ninguna decisión
de las que les corresponden en el desempeño de sus funciones por el
temor de ser sancionados por los agentes de la SFP, lo que provoca la
parálisis de la gestión pública con costos inimaginables.
¿Cuántos verdaderos burócratas corruptos ha sancionado la
SFP? ¿Dónde están los famosos “peces gordos” que prometió capturar el
pésimo Francisco Barrio, secretario de la SFP de Fox? Es claro que se
trata de un arreglo institucional perverso que no consigue sus
propósitos y que genera muchas consecuencias indeseables.
El próximo gobierno tiene la gran oportunidad de reinventar
la gestión pública para generar los incentivos correctos tanto entre
los funcionarios públicos como en la sociedad. Se trata de crear un
diseño institucional radicalmente distinto que promueva la eficacia y la
honestidad en el gobierno.
Un buen ejemplo de éxito en el rediseño institucional del
gobierno fue la apertura comercial del país iniciada en los años ochenta
del siglo pasado. Cuando la economía estaba cerrada a piedra y lodo al
comercio internacional, se podía importar virtualmente cualquier cosa
mediante la “mordida” apropiada al burócrata correcto.
Con la apertura y la competencia en el comercio externo, se
eliminó de cuajo la corrupción en ese ámbito pues de pronto cambiaron
los incentivos que enfrentaban los importadores y se eliminaron los que
promovían la corrupción. Tenemos que replicar este triunfo en toda la
administración pública a sus distintos niveles.
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