Un país sin consecuencias

Alejandra Cullen Benítez

Peña quiere iniciar su administración con la aprobación de una la ley anticorrupción.  ¿De qué sirve dicha ley si no hay instrumentación? En México, el abuso se regula, no se castiga por eso, la buena intención puede hacer más ineficiente la operación gubernamental. Basta ya de reformas carentes de instrumentación.

 
La provisión de bienes y servicios gubernamental es cara y mala. Venden éxitos que, explorados a detalle, están huecos. Esto pasa a lo largo y ancho de la administración por, al menos, tres razones.

 
Lo primero es el impacto del pobre liderazgo de un presidente inseguro, sin visión e incapaz de confiar en un buen técnico si no es su amigo. Es famoso por su forma de humillar ante el enojo, confrontar a su equipo y ponerles cuñas en la operación para probar su lealtad.


Su gobierno instauró incentivos perversos. Sobran ejemplos para demostrar que nunca castigó a un funcionario ante escándalos de gran envergadura. Como prueba de fuerza, nunca cedía ante las acusaciones y exigencias de la sociedad: sus cambios de gabinete no se relacionaron con el desempeño del funcionario. Garantizó que aquí no hubiera consecuencias ni ante el abuso ni ante la omisión. El énfasis en la lealtad frenó a los funcionarios serios y premió a los incondicionales.
 
Allende la coyuntura sexenal, hay un problema estructural. La incompetencia gubernamental también tiene que ver con un enredado diseño institucional. Cada nueva regulación anticorrupción complica más la operación. La Secretaría de la Función Pública mide su eficiencia a través del número de culpables encontrados. No priorizan el trasparentar o eficientar procesos, sino castigar. Como no pueden tocar a los “peces gordos” persiguen a los mandos medios.
 
Los funcionarios temen al auditor, no quieren firmar las adquisiciones. La operación cotidiana es lenta, las licitaciones eternas. Igual, solo se castiga a chivos expiatorios para mantener intactos a los grandes negocios. Es la misma corrupción de antes, pero mal hecha, y por tanto, más visible al menos para los medios.
 
Por su parte, la auditoría superior revisa los presupuestos con dos años de rezago. No tiene facultades para castigar a los responsables de los errores y/o omisiones. Su propio diseño institucional le resta fuerza.
 
Como resultado, se rezagaron las innovaciones, se anquilosaron los procesos, se eclipsó la capacidad de respuesta del gobierno a la sociedad. No se respetan, ni se toman en cuenta las mejores prácticas mundiales de operación gubernamental. ¡Ni siquiera se analizan!. El problema se agrava por la velocidad a la que se transmite la información: rápido nos enteramos de las necesidades sociales, lentamente surgen las respuestas a esa necesidad.
 
La propuesta de Peña Nieto es valiosa políticamente pero peligrosa administrativamente. La sola amenaza pondrá a la defensiva a la saliente administración, salvo que las cabezas fundamentales estén bajo el resguardo de una buena negociación. Si esta se hizo, la ley anticorrupción será demagogia pura. Pero si su compromiso es serio tendrá que enviar señales claras que lo demuestren. Antes que una ley, Peña debe demostrar su compromiso con hechos. Es hora de cambiar la idea panista del país de leyes pero sin consecuencias.
 
No puede salir con la condición sine qua non de las “reformas estructurales”. El sistema, como está, permite resultados mucho mejores que los vistos hasta ahora. Pero se necesita liderazgo y capital humano de calidad para poner al gobierno a trabajar. Esperamos la respuesta.