La confusión de Jeffrey Sachs: Es el estado el que está asfixiando a la gente

por James A. Dorn

James A. Dorn es Vice-presidente para Asuntos Académicos de Cato Institute y especialista en China y coautor de China's Future: Constructive Partner or Emerging Threat? (El Futuro de China: ¿Socios Constructivos o Amenaza Emergente?).

En un artículo en el Financial Times (“EE.UU. ya ha perdido la batalla sobre el Estado”, en inglés, 16 de agosto de 2012), Jeffrey Sachs, director del Instituto Earth de la Universidad Columbia, argumenta que “considerando toda la retórica, la agenda de un Estado limitado ya ha prevalecido”. Su punto crítico es: “Ambos partidos son cómplices de la asfixia del Estado”. La realidad es que el Estado está asfixiando a la gente.

El gobierno federal ahora gasta 24 por ciento del PIB, mientras que hace poco más de una década gastaba 18 por ciento bajo el gobierno del presidente Clinton, y se espera que gaste alrededor de $10 billones por encima de los ingresos tributarios durante la próxima década, empujando la deuda federal a más de $26 billones. La deuda federal bruta ya constituye más de 100 por ciento del PIB y eso no considera las obligaciones no financiadas de Medicare y el Seguro Social, que comprenden más de $100 billones.
En realidad no se ha reducido el tamaño ni la envergadura del Estado bajo los gobiernos de ambos partidos. Una victoria Romney-Ryan podría reducir la velocidad del crecimiento del gasto y reducir el gasto federal como un porcentaje del PIB; pero de hecho reducir el tamaño del gobierno requeriría tomar decisiones difíciles —especialmente con respecto a las prestaciones sociales y a la defensa.
El pueblo estadounidense se merece un debate sobre el papel del Estado en una sociedad libre—algo que muchos ciudadanos han perdido de vista. ¿Cuántos estadounidenses estarían de acuerdo con James Madison, el principal arquitecto de la Constitución de EE.UU., de que los poderes del gobierno federal son “pocos y definidos”?
Para Madison y los demás Padres Fundadores de EE.UU., esto era una cuestión de principio, de que la razón de ser del gobierno era proteger a las personas y a la propiedad, más no redistribuir el ingreso y la riqueza. En 1792, él escribió, “Una seguridad justa de la propiedad no se logra por aquel gobierno en virtud del cual impuestos desiguales oprimen un tipo de propiedad y recompensan otros tipos; donde los impuestos arbitrarios invaden los santuarios domésticos de los ricos, y los impuestos excesivos descomponen el rostro de los pobres; donde la intensidad y las competencias del deseo son consideradas insuficientes para promover el trabajo, y los impuestos nuevamente son aplicados mediante una política insensible, como otro estímulo”.
El gasto federal masivo, los impuestos graduales que penalizan a los que tienen ingresos más altos, las regulaciones excesivas, y el auge del Estado de Bienestar arriesgan la libertad económica y personal. Sachs quisiera un Estado más grande e impuestos más altos, como en Europa. Pero esos objetivos son anti-estadounidenses —la Constitución no es un plan para conformar una república social-demócrata; es una guía para crear un Estado limitado.
En su discurso de despedida en 1796, el presidente George Washington advirtió en contra de un Estado interventor y buscó promover “un Estado de tanto vigor como sea consistente con la perfecta seguridad de la libertad”. La Cláusula del Bienestar General no era un cheque en blanco para utilizar el poder del Estado para lograr algún concepto de justicia social. Como Madison indicó en 1831, “Con respecto a las palabras ‘bienestar general’, siempre he considerado que se refieren al detalle de poderes relacionados con ellas. Tomarlas en un sentido literal y en un sentido ilimitado sería una metamorfosis de la Constitución hacia un espíritu sobre el cual hay un sinnúmero de pruebas que sus creadores no contemplaron”.
Los liberales (como se usa este término en EE.UU. para referirse a los que creen en un Estado de mayor tamaño y mayor envergadura) modernos han puesto a Madison de cabeza. Asumen implícitamente que el Estado tiene un derecho sobre nuestra propiedad. Por eso Sachs escribe, “El presupuesto del Sr. Ryan no es menos que cruel”, y lamenta que los ricos “quieren y esperan que sus impuestos se mantengan bajos”. Sachs ignora que, en un sistema de mercado, los ricos deben ganarse su riqueza complaciendo a las preferencias de los consumidores mediante intercambios que son mutuamente beneficiosos. Él simplemente repite el mantra de que “el público respalda impuestos más altos sobre las corporaciones y los ricos”.
El impuesto corporativo estadounidense ya es el más alto en el mundo y los estadounidenses ricos están sujetos a tasas tributarias marginales altas, aunque aparentemente no lo suficientemente altas como para que Sachs esté satisfecho. Por supuesto, los impuestos corporativos son traspasados a los accionistas, los trabajadores y los consumidores; y los ricos tomarán medidas para reducir sus impuestos, como transferir su capital al extranjero.
La principal función del Estado en una sociedad libre es salvaguardar los derechos de propiedad y “asegurar las Bendiciones de la Libertad” de tal manera que la gente pueda buscar su propia felicidad. Los derechos fundamentales a la vida, la libertad y la propiedad preceden al Estado y residen con la gente como derechos naturales. Esa visión de la relación entre el Estado y el individuo es lo que hizo del experimento estadounidense con la libertad algo tan singular. Dirigirnos más hacia el Estado de Bienestar europeo, como Sachs preferiría, erosionaría todavía más lo que el Premio Nobel F. A. Hayek denominó “la constitución de la libertad”.
Hay sólida evidencia de que el crecimiento del gasto público más allá del 15-20 por ciento del PIB desacelera el crecimiento económico. Incluso un pequeño declive en el crecimiento puede tener un impacto grande sobre el ingreso y la riqueza del futuro, debido al efecto de la acumulación. Además, conforme los impuestos aumentan para financiar un Estado cada vez más grande, las pérdidas en bienestar económico aumentan rápidamente, creando distorsiones y desperdicio. Cada dólar extra gastado por el congreso ahora le cuesta a la sociedad al menos $1,40 y probablemente mucho más. Eso no es un buen negocio para los contribuyentes ni para EE.UU.
Al considerar el tamaño y la envergadura del Estado, debemos empezar primero con los principios y delinear las funciones legítimas del Estado en una sociedad libre. El Artículo 1, Sección 8 de la Constitución es un buen lugar para empezar. Los poderes del gobierno federal están enumerados y por lo tanto limitados —sin importar que el “público” demande más “bienes públicos”.
Cuando el presidente Obama dice, “Usted no construyó eso”, también está diciendo, “Usted no es dueño de eso”. Su visión remueve la esencia de la Constitución de los Padres Fundadores de EE.UU. La elección general de este año será un referéndum acerca del rol del Estado y por lo tanto acerca del balance entre el Estado y el mercado.
Al considerar ese rol, los estadounidenses necesitan distinguir entre utilizar el dinero de otros para hacer el bien, que constituye una violación de los derechos de propiedad privada de otros, versus limitar el Estado para la gente pueda retener su propio dinero para buscar su felicidad —siempre y cuando no violen los derechos iguales de otros.
Los liberales clásicos como Adam Smith reconocieron que la sociedad es más harmoniosa cuando la gente es libre de elegir, siempre y cuando esté sujeta a leyes justas que protegen a las personas y la propiedad. La idea del orden espontáneo se ha perdido de vista conforme el gobierno se esfuerza por estimular la economía, crear empleos y planificar el futuro. Los mercados funcionarían de manera más fluida —y se crearía más riqueza— si el Estado se replegara.
El Estado necesita dejar de asfixiar a la gente.