21 octubre, 2012

Argentina: Entre el 7D y el gobernador de Santa Cruz – por Vicente Massot

Los fondos buitres podrán ser detestables pero son una fuerza dispuesta a cobrarse cuanto consideran legítimo por los incumplimientos de la Argentina
El buque escuela de la Armada Argentina anclado en Ghana, con su tripulación incluida, trasparenta varias cosas a la vez. Por de pronto el peso insignificante de nuestro país en el mundo. Se entendería que la Fragata Libertad quedase presa en algún puerto norteamericano, japonés, alemán o británico —si acaso su jefe hubiera cometido la torpeza de acercarse a esas playas. Pero que lo sea en una nación del África negra sin poder ni peso específico ninguno, revela lo bajo que hemos caído. Claro que no se agotan aquí los comentarios que despierta el hecho, transformado, a esta altura, en una vergüenza por la forma en que dos distintas oficinas gubernamentales —los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores— tratan de quitarse de encima cualquier responsabilidad que pudieran tener en el asunto cargándosela, al mismo tiempo, a otras dependencias.


Más allá de la tristeza, irritación o impotencia que cause la decisión de Ghana, ha quedado en evidencia, una vez más en el curso del último mes, el grado increíble de incompetencia de las autoridades kirchneristas. Porque nadie que no fuese un ignorante o un soberbio podía desconocer el peligro a la que estaría expuesta la citada embarcación si salía de los derroteros absolutamente seguros que venía recorriendo desde el momento en que decidimos un default unilateralmente y luego desconocimos los derechos de quienes no aceptaron la renegociación de la deuda externa.
Conviene en esto distinguir el patriotismo —que nos hace cerrar filas con los colores nacionales— del realismo político que debería obligarnos a no pecar de ingenuos. Los fondos buitres podrán ser detestables pero son una fuerza dispuesta a cobrarse cuanto consideran legítimo por los incumplimientos de la Argentina. Están al acecho y son especialistas en aprovechar los errores de quienes ellos reputan como deudores morosos. Por lo tanto: ¿a qué jugar con fuego? Detenerse en ese territorio africano era asumir un riesgo innecesario.
Si quisiéramos saber qué repartición estatal cometió tamaño despropósito, preguntaríamos en vano. Arturo Puricelli y Héctor Timermann parecen entretenidos en mirar para otro lado. —¿Yo, señor? No, señor— contestan haciéndose los distraídos, como en el viejo juego del Gran Bonete. Conclusión, perdieron los que carecen de derecho al pataleo: los marinos, cuya culpa es indisimulable pero no es exclusiva.
De su lado, Cristina Fernández —que, por razones obvias, tendría que poner las cosas en claro y, eventualmente, hacer rodar cabezas allí donde se detectasen las responsabilidades mayores— está enfrascada en otros temas más sensibles e importantes de cara a las cruciales elecciones del año próximo: el llamado 7D y la situación por la cual atraviesa la provincia de Santa Cruz. En una palabra, la presidente sólo piensa en cómo reducir al Grupo Clarín a su mínima expresión y cómo sacarse de encima al gobernador Peralta. Se dirá, con cierta razón, que no son problemas comparables, a condición de entender que para la señora, por la relación especial que tiene con ese estado patagónico y por lo que sabe de ella y de su marido fallecido el actual mandatario provincial, cuanto allí suceda nunca le resultará indiferente.
En este orden, si bien Clarín puede hacerle daño a su imagen al descubrir y atacar sin pausa los lados flacos de su administración, Peralta —en cambio— es capaz de ventilar aspectos poco conocidos o, lisa y llanamente, nunca sabidos del matrimonio que se quedó con el poder en la Argentina tras derrotar a Menem a comienzos del año 2003. Si faltaban datos para corroborar qué tan pesado puede resultar, dos declaraciones suyas de los últimos días no dejaron lugar a dudas: la de la “rinoscopia” —cuya mención puso nerviosos a muchos integrantes de la corte kirchnerista— y la más reciente referida a que él no se iría en silencio, como lo hizo en su oportunidad Sergio Acevedo, si se lo obligase a renunciar.
Demás esta decir que Santa Cruz no es la única provincia con serios desajustes financieros. Es una de muchas y no la que se encuentra en la peor situación. Pero allí nació Néstor Kirchner y en la construcción del mito y de la épica forjada en su derredor luego de muerto, que su memoria quede al margen de dudas en punto a su honestidad personal y que su familia —Cristina Fernández y sus dos hijos— no sean rozados por ninguna sospecha, resultan condiciones necesarias. Si saliesen a la superficie negociados y consumo de drogas que los salpicasen, la estatua correría peligro de desmoronarse.
La batalla contra Clarín sigue otros cauces. Es notable la manera como la presidente repite, sin solución de continuidad y sin ninguna intención de esconder el propósito que la anima, que el 7 de diciembre se terminará el ciclo de la concentración monopólica (sic) de los medios de difusión en el país, para dar comienzo a otro surgido de la obediencia a la ley votada hace tres años. Con lo que lleva anunciado bastaría para generar un escándalo de proporciones en cualquier nación donde rigiese un estado de derecho. Aquí las cosas son diferentes.
Lo que demuestra Cristina Fernández no es tanto la certeza de que la justicia le será favorable —porque eso no está en condiciones de asegurárselo nadie— sino la decisión de ir por todo aun en el supuesto de que un fallo sobre la cuestión de fondo o acerca de los plazos de desinversión se lo impidiese.
Si sostener, antes de tiempo, que el 7 de diciembre se hará justicia —dando por sentado que habrá una sentencia confirmatoria de la posición gubernamental— resulta compatible o no con las formas republicanas de gobierno, será siempre materia discutible. Lo que no se sostiene es dar por hecho que, el 7D, Clarín deberá deshacerse de parte de sus canales y cables y, al propio tiempo proclamar —la presidente y su ministro de justicia— que existe un complot de determinados magistrados para prolongar la vida útil del monopolio después de esa fecha.
No hay, al respecto, nada nuevo bajo el sol. Que la Casa Rosada no se movería un centímetro del lugar que ocupa en su pelea contra Héctor Magnetto y que los argumentos serían los mismos que viene repitiendo desde que se quebró la relación, era algo sabido. Que la embestida sería sólo a expensas de Clarín, también. De lo contrario la venta de los medios de Daniel Hadad a Cristóbal López —ilegal por donde se la analice con arreglo a los parámetros fijados en la ley vigente- no se hubiera autorizado.
Es novedosa, en cambio, la resistencia que una minoría activa y calificada del Consejo de la Magistratura ha decidido oponerle a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo Nacional. No se recuerda que en los nueve años de dominio efectivo de la justicia federal por parte del kirchnerismo, cinco representantes de un cuerpo colegiado tan importante —donde el oficialismo es mayoría pero no llega a los 2/3— se hayan plantado en defensa de Ricardo Recondo y en contra de las presiones gubernamentales. No interesa saber si lo hicieron porque los tiempos han cambiado y ahora comienzan a animársele al gobierno fuerzas y personas que antes ni siquiera lo hubieran pensado o porque, al margen del momento, primaron las convicciones. El hecho es que esos miembros del citado Consejo se han atrincherado y resistido ataques furibundos de sus pares mayoritarios, del titular de la cartera de Justicia, del jefe de gabinete y de Cristina Fernández.
De creérsele al oficialismo habría que dar por sentado que son personeros de Clarín. Sin embargo, no hay nada de eso. Lo que ha sucedido es que las formas arbitrarias con las cuales se maneja la presidente, unidas a la discrecionalidad que ha demostrado su administración en este caso particular, han convencido a muchos de que no se trata de salvar a Clarín sino de defender las libertades públicas —entre ellas la de prensa— que quedarían a la intemperie si la Casa Rosada lograse su cometido. Si algún hecho tuvo un efecto decisivo en este aspecto, fue la cobertura que hicieron los medios televisivos de la Capital Federal de las multitudinarias manifestaciones del pasado 13 de septiembre. De no haber sido por TN, habrían pasado desapercibidas para millones de televidentes. Las razones son obvias: el canal 2 pertenece al grupo Vila-Manzano, incondicional de Cristina Fernández; el titular de canal 9, al ser extranjero, no puede tener una licencia televisiva y, por lo tanto, esta sujeto a la buena volunta del Poder Ejecutivo, y el Canal 11, en manos de Telefónica, no da un solo paso en materia de contenidos políticos sin consultar antes con Guillermo Moreno y Julio De Vido.
En todos los ambientes politizados se tejen especulaciones respecto de hasta dónde está dispuesto a escalar el gobierno, y arbitrando qué tantos medios, en su afán de esmerilar el 7D a Clarín. Curiosamente no se pone el mismo énfasis en tratar de analizar las posibles respuestas de Magnetto y su staff de colaboradores a esos avances. Es cierto que resulta más fácil pasar revista a quien lleva la ofensiva, en forma tan abierta y hasta descarada, pero no es menos verdadero que en una guerra tiran desde los dos lados. Hasta la próxima semana.

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