Congresos estatales: simulación y complicidad

Juan José Rodríguez Prats

Empiezo con una verdad de Perogrullo: manejar recursos ajenos implica un altísimo deber y una grave responsabilidad. Desde que surgió la organización política se han intentado mecanismos que disminuyan la posibilidad de mal uso y exijan la rendición de cuentas. Los gobiernos en México no han sido precisamente ejemplos de buen desempeño en esta materia.
 
Al arribar a un nuevo sistema político, en el cual terminó el poder central como contrapeso a los poderes locales, afloraron deficiencias en nuestro marco jurídico, en particular una tremenda falla: los congresos locales, sumisos y serviles, han solapado el desorden financiero de los gobernantes, olvidando sus tareas, entre ellas, el respeto a la fracción octava del artículo 117 constitucional:

“Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas”.


Los congresos locales, ignorando esta disposición, han autorizado préstamos para cubrir gasto corriente o pagar obligaciones ya contraídas que no encajan en lo dispuesto por la Constitución.


En sus campañas, los legisladores estatales ofrecen iniciativas para ilusamente modificar la realidad mediante leyes, ignorando la más elemental técnica legislativa y haciendo a un lado su función más importante: el control del ejercicio del poder.


Desde la antigua Grecia, los órganos parlamentarios se constituyeron para obligar al poder a cumplir sus obligaciones y someterse a las funciones de control. Licurgo, legislador espartano 500 años a. C., creó el Senado que, “unido a la autoridad real para templarla, e igualado con ella en las resoluciones, sirvió para los grandes negocios de salud y de freno”.


En Roma, Polibio y Cicerón fueron precursores de la división de poderes. Esa misma pretensión es reiterada en la carta firmada por Juan sin Tierra ante la exigencia de los lores y los comunes en 1215 y es el reclamo de las trece colonias al luchar por su independencia y formar los Estados Unidos de Norteamérica: no hay impuesto sin representación.


En nuestro país, Diego Valadés escribió un tratado sobre el control del poder en el que inclusive propone el nombre de Contrapoder para el Poder Legislativo. Frenar el poder y hacerlo responsable ha sido una de las grandes hazañas del liberalismo, siendo los campeones John Locke y Montesquieu.


Seguido nos enteramos de aprobaciones escandalosas de créditos y por el ocultamiento de información financiera. Los casos más notables son Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Michoacán y Veracruz, estados que, en un sexenio, han multiplicado la deuda recibida.


Lo peor del asunto, además de las cifras espeluznantes, es el ocultamiento de pasivos laborales, demandas de trabajadores despedidos y deudas a proveedores. En estas entidades es imposible consignar el monto de las deudas, pues es una información opaca y oculta.


Coahuila, desde luego, es el caso más conspicuo, con falsificación de documentos. En Michoacán están emergiendo graves irregularidades. En Chiapas se rompe el récord: además de construir obras poco útiles como las pomposamente llamadas ciudades rurales sustentables, el primer día de la nueva legislatura se aprueba un préstamo violando los ordenamientos vigentes.


Gobernadores y diputados locales hacen caso omiso del artículo 110, párrafo segundo, de nuestra Carta Magna, que señala que serán sujetos de juicio político quienes “incurran en violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen”.


Han arribado al Congreso de la Unión nuevas iniciativas para hacer responsables a los gobiernos estatales en el manejo de sus finanzas. Sin embargo, si los diputados locales de todos los partidos continúan siendo cómplices, será difícil lograr un manejo honesto.


Si la impunidad prevalece, la corrupción seguirá dañando la moral pública.