Juan O. Tamayo
La decisión del gobierno cubano de eliminar los permisos de salida
exigidos a sus ciudadanos para viajar al extranjero ha desatado
“euforia” en la isla y preocupaciones en el extranjero con respecto a un
posible éxodo masivo.
Un decreto publicado el martes dejó en claro que el régimen comunista seguirá decidiendo quién puede salir de la isla, como lo ha hecho por más de 50 años, señalando repetidas veces que a cualquier cubano se le podría impedir viajar al extranjero “cuando… lo determinen las autoridades facultadas”.
“Pero aquí hay una euforia increíble porque aquí lo que un millón de gente o más quiere es salir” definitivamente, o aunque sea para visitar a familiares y amigos en el extranjero, señaló el economista disidente Oscar Espinosa Chepe desde La Habana.
El profesor de la Universidad de Miami Jaime Suchlicki recordó su advertensia de la posibilidad de un “Mariel legal”. Y un activista a favor de Cuba urgió a Washington que evite un aumento masivo en el número de cubanos que podrían llegar, terminando con su política de pies secos y pies mojados, así como con la Ley de Ajuste Cubano.
El portavoz del Departamento de Estado William Ostick dijo que Washington daba la bienvenida a los cambios porque favorecen losderechos humanos ,
pero advirtió a los cubanos que no “arriesguen sus vidas” cruzando el
Estrecho de la Florida y señaló que ellos todavía necesitan visas para
entrar a la mayoría de los países.
“Ahora nos preguntamos dónde, dónde podemos ir”, dijo Katarina Ponce, secretaria del gobierno que fuera despedida recientemente, tratando de averiguar si algún país no exige a los cubanos obtenervisas antes de su llegada. “¿Rusia? ¿Cambodia? Cualquier lugar”.
La bloguera de La Habana Yoani Sánchez, a quien se le ha negado el permiso de salida más de 20 veces, escribió en Twitter que “eldiablo
[está] en los detalles de la nueva Ley Migratoria”, y calificó el
decreto de “gatopardista” (una situación en la que el cambio es más
aparente que real).
Parece claro que las nuevas reglas permitirán a más cubanos promedio – aquellos que no tengan cuentas políticas o de otro tipo pendientes con el gobierno – que viajen con más facilidad al extranjero, permanezcan fuera más tiempo y regresen con menos complicaciones, costos y papeleo.
Podrían además ayudar a aliviar algunas de las presiones sociales y financieras que van en aumento dentro de Cuba desde que Raúl Castro decidió reformar la economía, dejar cesantes a casi 1 millón de empleados estatales y recortar los subsidios a los sectores de alimentos, salud pública y educación.
Más de 1 millón de cubanos viven ahora en el extranjero, la mayoría en Estados Unidos. Alrededor de 7,400 provenientes de la isla llegaron sin visas a Estados Unidos en el período de un año que terminó el 30 de septiembre. Todos los cubanos que pongan pie en suelo estadounidense pueden quedarse permanentemente.
El decreto señaló que, a partir del 14 de enero, los cubanos no necesitarán los permisos de salida, los cuales cuestan $150 en un país en que el sueldo promedio es de $20. Tampoco necesitarán cartas de invitación de sus anfitriones extranjeros, las cuales costaba $200 procesar.
Los cambios extienden además de 11 a 24 meses el tiempo que los cubanos pueden pasar en el extranjero antes de que se les considere oficialmente como emigrados y pierdan beneficios tales como la atención médica. Extensiones de ese plazo también son posibles.
Pero el gobierno sigue teniendo la última palabra sobre quién puede recibir un pasaporte, argumentando que la política de migración de EEUU que favorece a los inmigrantes cubanos puede “despojarnos de los recursos humanos imprescindibles para el desarrollo económico, social y científico del país”, según un reportaje en el periódico Granma anunciando los cambios.
Supervisores tendrán que aprobar la emisión de pasaportes a funcionarios del gobierno y oficiales de las fuerzas armadas, profesionales, médicos y otro personal médico, figuras importantes del deporte y otros cuya labor sea considerada “vital” para el estado, de acuerdo con el decreto.
También se puede negar pasaporte a cualquier cubano “cuando por otras razones de interés público, lo determinen las autoridades facultadas”, añadió el decreto, o cuando lo sugieran “razones de defensa y seguridad nacional”.
“Si así es la cosa, entonces tengo que creer que el gobierno seguirá siendo tan arbitrario como siempre”, dijo Wilfredo Vallín, abogado de La Habana que dirige la Asociación Jurídica Cubana.
También se prohibió obtener pasaportes — cuyo precio subió de unos $60 a alrededor de $110 — a aquellos que estén sujetos al servicio militar obligatorio o que tengan otras “obligaciones” no especificadas con el gobierno.
“El gobierno continúa considerando la migración no como un derecho de los cubanos sino como un regalo que otorga a las personas según sus propios intereses”, dijo Juan Antonio Blanco, profesor de la Universidad Internacional de la Florida que ha estudiando las regulaciones migratorias de Cuba.
El decreto abolió además el permiso de entrada que se exige a los cubanos que viven en el extranjero y quieran visitar la isla, y extendió el tiempo que pueden visitar de un mes a por lo menos tres meses por visita.
Pero no se recibirá igualmente a todos. Se prohibirá la entrada a aquellos que se dediquen a “organizar, estimular, realizar o participar en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado” y “cuando razones de defensa y seguridad nacional así lo aconsejen”.
También en la lista de los que tienen la entrada prohibida, de acuerdo con el decreto, están aquellos que tengan un expediente criminal por terrorismo, lavado de dinero o contrabando de personas o armas, y aquellos “vinculados con hechos contra la humanidad, la dignidad humana, [o] la salud colectiva”.
“Esto continúa el esfuerzo del gobierno de controlar la conducta de sus ciudadanos dentro y fuera de Cuba, a través de un sistema no transparente que premia o castiga a su discreción”, dijo Blanco, que anteriormente fue analista del Comite Central del Partido Comunista.
Las reformas de migración fueron las más anticipadas de todos los cambios sobre los que Raúl Castro ha estado hablando y poniendo en vigor desde que le fuera traspasado el poder por su hermano mayor Fidel Castro, temporalmente en el 2006 y oficialmente en el 2008.
El permiso de salida fue impuesto desde el 9 de enero de 1959, inicialmente para impedir la fuga de oficiales y partidarios del gobierno de Fulgencio Batista derrocado por la revolución de Castro apenas nueve días antes. El permiso de entrada se empezó a exigir a partir de 1961, para tratar de controlar el regreso de opositores radicales de Castro.
Pero Raúl Castro dijo el año pasado a la legislatura de la nación que la política cubana de migración necesitaba ser puesta al día porque los que salen del país en la actualidad son “emigrados por razones económicas” y no exiliados hostiles.
Suchlicki, director del Instituto de Estudios Cubanos y Cubano Americanos de UM, volvió a publicar el martes una columna que escribió el 3 de mayo advirtiendo que Castro estaba planeando un éxodo en masa para aliviar las presiones dentro de Cuba. La columna se titulaba: ¿Está planeando Cuba un Mariel legal?
John McAuliff, activista de Nueva York que se ha opuesto por mucho tiempo al embargo de EEUU a la isla, pronosticó además que, con más cubanos viajando libremente al extranjero, más acabarán llegando a México y Canadá y cruzando la frontera estadounidense.
La administración de Obama debería por tanto cancelar de inmediato la política de pies secos y pies mojados y la Ley de Ajuste Cubano, las cuales permiten a cualquier cubano que ponga pie en territorio estadounidense que se quede permanentemente, escribió McAuliff en un correo electrónico.
Mauricio Claver Carone, director ejecutivo del Comité de Acción Política U.S.-Cuba Democracy en Washington, se mostró escéptico del impacto real de los cambios.
Cuando los cubanos empiecen a atestar las misiones diplomáticas extranjeras en La Habana en busca de visas y salgan con las manos vacías, dijo, el gobierno de Castro les dirá: “Como ven, los otros tampoco querían que ustedes viajaran”.
Blanco se mostró aún más escéptico. “Cuando pase todo esto, los cubanos y los medios de prensa se darán cuenta de que no ha habido muchos cambios en el sistema de controles estrictos”, dijo. “Stalin podrá seguir durmiendo en paz”.
Un decreto publicado el martes dejó en claro que el régimen comunista seguirá decidiendo quién puede salir de la isla, como lo ha hecho por más de 50 años, señalando repetidas veces que a cualquier cubano se le podría impedir viajar al extranjero “cuando… lo determinen las autoridades facultadas”.
“Pero aquí hay una euforia increíble porque aquí lo que un millón de gente o más quiere es salir” definitivamente, o aunque sea para visitar a familiares y amigos en el extranjero, señaló el economista disidente Oscar Espinosa Chepe desde La Habana.
El profesor de la Universidad de Miami Jaime Suchlicki recordó su advertensia de la posibilidad de un “Mariel legal”. Y un activista a favor de Cuba urgió a Washington que evite un aumento masivo en el número de cubanos que podrían llegar, terminando con su política de pies secos y pies mojados, así como con la Ley de Ajuste Cubano.
El portavoz del Departamento de Estado William Ostick dijo que Washington daba la bienvenida a los cambios porque favorecen los
“Ahora nos preguntamos dónde, dónde podemos ir”, dijo Katarina Ponce, secretaria del gobierno que fuera despedida recientemente, tratando de averiguar si algún país no exige a los cubanos obtener
La bloguera de La Habana Yoani Sánchez, a quien se le ha negado el permiso de salida más de 20 veces, escribió en Twitter que “el
Parece claro que las nuevas reglas permitirán a más cubanos promedio – aquellos que no tengan cuentas políticas o de otro tipo pendientes con el gobierno – que viajen con más facilidad al extranjero, permanezcan fuera más tiempo y regresen con menos complicaciones, costos y papeleo.
Podrían además ayudar a aliviar algunas de las presiones sociales y financieras que van en aumento dentro de Cuba desde que Raúl Castro decidió reformar la economía, dejar cesantes a casi 1 millón de empleados estatales y recortar los subsidios a los sectores de alimentos, salud pública y educación.
Más de 1 millón de cubanos viven ahora en el extranjero, la mayoría en Estados Unidos. Alrededor de 7,400 provenientes de la isla llegaron sin visas a Estados Unidos en el período de un año que terminó el 30 de septiembre. Todos los cubanos que pongan pie en suelo estadounidense pueden quedarse permanentemente.
El decreto señaló que, a partir del 14 de enero, los cubanos no necesitarán los permisos de salida, los cuales cuestan $150 en un país en que el sueldo promedio es de $20. Tampoco necesitarán cartas de invitación de sus anfitriones extranjeros, las cuales costaba $200 procesar.
Los cambios extienden además de 11 a 24 meses el tiempo que los cubanos pueden pasar en el extranjero antes de que se les considere oficialmente como emigrados y pierdan beneficios tales como la atención médica. Extensiones de ese plazo también son posibles.
Pero el gobierno sigue teniendo la última palabra sobre quién puede recibir un pasaporte, argumentando que la política de migración de EEUU que favorece a los inmigrantes cubanos puede “despojarnos de los recursos humanos imprescindibles para el desarrollo económico, social y científico del país”, según un reportaje en el periódico Granma anunciando los cambios.
Supervisores tendrán que aprobar la emisión de pasaportes a funcionarios del gobierno y oficiales de las fuerzas armadas, profesionales, médicos y otro personal médico, figuras importantes del deporte y otros cuya labor sea considerada “vital” para el estado, de acuerdo con el decreto.
También se puede negar pasaporte a cualquier cubano “cuando por otras razones de interés público, lo determinen las autoridades facultadas”, añadió el decreto, o cuando lo sugieran “razones de defensa y seguridad nacional”.
“Si así es la cosa, entonces tengo que creer que el gobierno seguirá siendo tan arbitrario como siempre”, dijo Wilfredo Vallín, abogado de La Habana que dirige la Asociación Jurídica Cubana.
También se prohibió obtener pasaportes — cuyo precio subió de unos $60 a alrededor de $110 — a aquellos que estén sujetos al servicio militar obligatorio o que tengan otras “obligaciones” no especificadas con el gobierno.
“El gobierno continúa considerando la migración no como un derecho de los cubanos sino como un regalo que otorga a las personas según sus propios intereses”, dijo Juan Antonio Blanco, profesor de la Universidad Internacional de la Florida que ha estudiando las regulaciones migratorias de Cuba.
El decreto abolió además el permiso de entrada que se exige a los cubanos que viven en el extranjero y quieran visitar la isla, y extendió el tiempo que pueden visitar de un mes a por lo menos tres meses por visita.
Pero no se recibirá igualmente a todos. Se prohibirá la entrada a aquellos que se dediquen a “organizar, estimular, realizar o participar en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado” y “cuando razones de defensa y seguridad nacional así lo aconsejen”.
También en la lista de los que tienen la entrada prohibida, de acuerdo con el decreto, están aquellos que tengan un expediente criminal por terrorismo, lavado de dinero o contrabando de personas o armas, y aquellos “vinculados con hechos contra la humanidad, la dignidad humana, [o] la salud colectiva”.
“Esto continúa el esfuerzo del gobierno de controlar la conducta de sus ciudadanos dentro y fuera de Cuba, a través de un sistema no transparente que premia o castiga a su discreción”, dijo Blanco, que anteriormente fue analista del Comite Central del Partido Comunista.
Las reformas de migración fueron las más anticipadas de todos los cambios sobre los que Raúl Castro ha estado hablando y poniendo en vigor desde que le fuera traspasado el poder por su hermano mayor Fidel Castro, temporalmente en el 2006 y oficialmente en el 2008.
El permiso de salida fue impuesto desde el 9 de enero de 1959, inicialmente para impedir la fuga de oficiales y partidarios del gobierno de Fulgencio Batista derrocado por la revolución de Castro apenas nueve días antes. El permiso de entrada se empezó a exigir a partir de 1961, para tratar de controlar el regreso de opositores radicales de Castro.
Pero Raúl Castro dijo el año pasado a la legislatura de la nación que la política cubana de migración necesitaba ser puesta al día porque los que salen del país en la actualidad son “emigrados por razones económicas” y no exiliados hostiles.
Suchlicki, director del Instituto de Estudios Cubanos y Cubano Americanos de UM, volvió a publicar el martes una columna que escribió el 3 de mayo advirtiendo que Castro estaba planeando un éxodo en masa para aliviar las presiones dentro de Cuba. La columna se titulaba: ¿Está planeando Cuba un Mariel legal?
John McAuliff, activista de Nueva York que se ha opuesto por mucho tiempo al embargo de EEUU a la isla, pronosticó además que, con más cubanos viajando libremente al extranjero, más acabarán llegando a México y Canadá y cruzando la frontera estadounidense.
La administración de Obama debería por tanto cancelar de inmediato la política de pies secos y pies mojados y la Ley de Ajuste Cubano, las cuales permiten a cualquier cubano que ponga pie en territorio estadounidense que se quede permanentemente, escribió McAuliff en un correo electrónico.
Mauricio Claver Carone, director ejecutivo del Comité de Acción Política U.S.-Cuba Democracy en Washington, se mostró escéptico del impacto real de los cambios.
Cuando los cubanos empiecen a atestar las misiones diplomáticas extranjeras en La Habana en busca de visas y salgan con las manos vacías, dijo, el gobierno de Castro les dirá: “Como ven, los otros tampoco querían que ustedes viajaran”.
Blanco se mostró aún más escéptico. “Cuando pase todo esto, los cubanos y los medios de prensa se darán cuenta de que no ha habido muchos cambios en el sistema de controles estrictos”, dijo. “Stalin podrá seguir durmiendo en paz”.
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