Ortega decía que, en su época, la obra de caridad más necesaria era no
publicar libros superfluos. La de la nuestra es impedir rescates
superfluos ¿Evitará España recurrir al nuevo modelo de ayuda, tan
distinto al aplicado a Grecia, Irlanda y Portugal?
Desde que Draghi dijera en julio que haría lo necesario para salvar al euro iniciando el proceso que convertiría al BCE en prestamista de último recurso –si se solicita el uso de los fondos de rescate específicos de la UE–, ha disminuido el diferencial de la deuda. Es decir, la mera posibilidad de que pueda haber financiación pública ha hecho más improbable su utilización práctica.
Pero no bastará. La división de papeles en el BCE entre su presidente y el Bundesbank, protector de la ortodoxia económica alemana, que hace precisamente posible la ayuda a terceros, ha funcionado hasta hoy. Sin embargo, con la inflación asomando por el horizonte, no solo por políticas continentales sino por las más graves inyecciones monetarias de americanos y británicos, se restringen las posibilidades de aplicación real del nuevo sistema.
No se trata únicamente de las reticencias políticas manifiestas de Alemania, Holanda y Finlandia, sino de la cuestión de fondo. Para estos países, ¿hasta qué punto es cierto que en España, Italia y Francia se han adoptado medidas que hagan sus presupuestos sostenibles –en el marco del tratado de estabilidad presupuestaria– y su crecimiento viable, sin que lo sepulte el peso del estado del bienestar?
La presión en los países latinos –y no solo: baste mirar, fuera del euro, a Inglaterra o a América– por el mantenimiento del nivel de gasto del estado en la economía ha llevado a hacer depender el ajuste de incrementos impositivos. El presupuesto francés, que aumenta la presencia estatal en la economía hasta prácticamente un 57% del PIB, es paradigmático. Tal tendencia dificulta el equilibrio presupuestario, castiga la actividad económica y presiona por tanto contra el oxígeno ideado por Draghi pero rechazado por el Bundesbank.
Recuérdese que el programa de compra de deuda original del BCE quebró en 2011, cuando Italia incumplió sus promesas. El nuevo no sobreviviría, ni siquiera vería la luz, si se advirtiera el incumplimiento de los compromisos.
En Europa, la mitad de la población ejerce de contribuyente a prestaciones percibidas fundamentalmente por la otra mitad. Lo que recuerda las palabras de Bastiat de que el estado es el anhelo de todos de vivir a costa de todos. Esto es imposible, pero insistir, antes de adoptar reformas estructurales decisivas, en depositar las cargas sobre la mitad productiva aumenta el riesgo de convertirla en improductiva por la pérdida de incentivos.
Para que siga sin necesitarse la impresión monetaria que con razón preocupa a los germanos –por el riesgo inflacionista y porque desincentiva las reformas– deben rebajarse esos dos porcentajes, el de presencia pública en el PIB y el de dependientes del gasto público.
Cumplir tal condición haría menos necesario –superfluo– el rescate, pero seguiría ineludiblemente a su aplicación efectiva.
Desde que Draghi dijera en julio que haría lo necesario para salvar al euro iniciando el proceso que convertiría al BCE en prestamista de último recurso –si se solicita el uso de los fondos de rescate específicos de la UE–, ha disminuido el diferencial de la deuda. Es decir, la mera posibilidad de que pueda haber financiación pública ha hecho más improbable su utilización práctica.
Pero no bastará. La división de papeles en el BCE entre su presidente y el Bundesbank, protector de la ortodoxia económica alemana, que hace precisamente posible la ayuda a terceros, ha funcionado hasta hoy. Sin embargo, con la inflación asomando por el horizonte, no solo por políticas continentales sino por las más graves inyecciones monetarias de americanos y británicos, se restringen las posibilidades de aplicación real del nuevo sistema.
No se trata únicamente de las reticencias políticas manifiestas de Alemania, Holanda y Finlandia, sino de la cuestión de fondo. Para estos países, ¿hasta qué punto es cierto que en España, Italia y Francia se han adoptado medidas que hagan sus presupuestos sostenibles –en el marco del tratado de estabilidad presupuestaria– y su crecimiento viable, sin que lo sepulte el peso del estado del bienestar?
La presión en los países latinos –y no solo: baste mirar, fuera del euro, a Inglaterra o a América– por el mantenimiento del nivel de gasto del estado en la economía ha llevado a hacer depender el ajuste de incrementos impositivos. El presupuesto francés, que aumenta la presencia estatal en la economía hasta prácticamente un 57% del PIB, es paradigmático. Tal tendencia dificulta el equilibrio presupuestario, castiga la actividad económica y presiona por tanto contra el oxígeno ideado por Draghi pero rechazado por el Bundesbank.
Recuérdese que el programa de compra de deuda original del BCE quebró en 2011, cuando Italia incumplió sus promesas. El nuevo no sobreviviría, ni siquiera vería la luz, si se advirtiera el incumplimiento de los compromisos.
En Europa, la mitad de la población ejerce de contribuyente a prestaciones percibidas fundamentalmente por la otra mitad. Lo que recuerda las palabras de Bastiat de que el estado es el anhelo de todos de vivir a costa de todos. Esto es imposible, pero insistir, antes de adoptar reformas estructurales decisivas, en depositar las cargas sobre la mitad productiva aumenta el riesgo de convertirla en improductiva por la pérdida de incentivos.
Para que siga sin necesitarse la impresión monetaria que con razón preocupa a los germanos –por el riesgo inflacionista y porque desincentiva las reformas– deben rebajarse esos dos porcentajes, el de presencia pública en el PIB y el de dependientes del gasto público.
Cumplir tal condición haría menos necesario –superfluo– el rescate, pero seguiría ineludiblemente a su aplicación efectiva.
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