España: El drama de los Presupuestos de 2013
El problema con los Presupuestos Generales del Estado para 2013
no es tanto lo que se ha apuntado en estos días –que prevén una
disminución demasiado optimista del PIB y que confirman lo inevitable
del rescate europeo— sino que apenas rozan el problema central: un Estado que la sociedad no puede financiar.
El Gobierno, algunos de cuyos ministros tienen un conocimiento profundo
de la raíz de la crisis, siente que no pueden hacer otra cosa o porque
Europa exige algo parecido a estos presupuestos o porque carecen de la
fuerza política para modificar a fondo el modelo español.
Para entender por qué unos presupuestos que ponen en los ciudadanos
el 42 por ciento de la carga del ajuste resultan apenas tangenciales al
problema de fondo, conviene echar un vistazo muy rápido a algo que suena
complicado pero es sencillo: la balanza de pagos.
Si se revisa las de los últimos diez años, se verá que, habiendo
gastado las empresas y las familias más de lo que producían, la
financiación privada extranjera fue la que pagó el consumo y el ladrillo
de España.
Desde 2007, cuando estalló la crisis, las empresas y las familias han venido gastado menos, por tanto la necesidad de crédito exterior se ha ido acortando. Pero no se acortó tan rápido como debería.
En vista de que las cosas no se arreglaban, en la segunda mitad de 2011 empezó a ocurrir algo que ustedes habrán leído en los diarios: una fuga de capitales incesante.
Los extranjeros desinvertían y los españoles sacaban su dinero. Ya no
había cómo financiar la brecha con dinero exterior privado. Empezó
entonces a financiarla el Estado español, endeudándose en Europa. Había
algo de justicia poética en ello: la sociedad se había dedicado al
consumo antes que a la producción en buena parte porque los incentivos
del modelo de Estado del Bienestar conducían a eso, de modo que no
resulta raro que al final fuese el propio Estado quien acabara
endeudándose para cerrar la brecha.
Mientras que a lo largo de 2011 el endeudamiento del Estado para
cerrar el agujero exterior sumó 109 mil millones de euros, sólo en los
primeros seis meses de este año ha sumado casi 256 mil millones. Y así va la cosa.
Hay sólo una forma de resolver el problema de fondo: reformar el Estado del Bienestar.
Y eso se empieza a hacer con ajustes que golpeen mucho menos a la
sociedad y mucho más al Estado. La sociedad ya está –lentamente—
haciendo su parte al gastar menos y reducir su deuda. El que no está
haciendo la suya es el Estado. Si bien los presupuestos de 2013 hablan
de un ajuste que recae en las Administraciones públicas en un 58 por
ciento, lo cierto es que los recortes no rozan siquiera las partidas
realmente importantes ni adelgazan sustancialmente la burocracia en sus
varios niveles. De allí que 42 por ciento del ajuste deba reacer en los
ciudadanos, con esas subidas de impuestos que evidentemente no salen del
magín de un Gobierno que no cree en ellas, sino de Europa, que, como lo
muestra la balanza de pagos, es hoy la que sostiene a España.
Nunca hubo una ocasión más urgente y propicia para reformar un Estado
del Bienestar que es inviable en su actual estructura y opera un efecto
perverso en la sociedad mediante incentivos que desalientan la
acumulación de capital. Pero el Gobierno ha decidido que no puede
hacerlo. El resultado son estos presupuestos.
El verdadero drama no son las imágenes de la protesta social que han dado la vuelta al mundo, sino que el Gobierno está pagando el precio de una reforma que la calle cree equivocadamente que está haciendo sin obtener el beneficio de una reforma que en verdad no está realizando.
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