18 octubre, 2012

Las deudas escondidas



Las deudas escondidas

Si le ponemos la lupa a la discrecionalidad, cada sexenio más laxa, veremos como se fueron multiplicando –justificada o injustificadamente– los adeudos estatales.

Ramón Alberto Garza

Algunas de las bombas de tiempo a punto de estallar en México son las inmanejables deudas de los Estados.
 
Su crecimiento exponencial viene aparejado a dos causas:  Uno, a la manga ancha que se dieron los gobernadores una vez desmantelado el viejo sistema presidencialista. Dos, al reparto inequitativo que la Federación hace de lo que se recauda.

 
Si le ponemos la lupa a la discrecionalidad, cada sexenio más laxa, veremos como se fueron multiplicando –justificada o injustificadamente– los adeudos estatales.


Y conforme las deudas crecían, se iban sofisticando los métodos para contraer nuevos empréstitos para ir disfrazando el desorden financiero. 


Y la cadena se fue haciendo cada día más compleja, con más recovecos, creando entelequias financieras que ocultaban la cada vez más amarga realidad, e incluso la quiebra.


Agotados los límites, los estados optaron por crear empresas paraestatales para administrar los servicios públicos y eludir la fiscalización. 


Y esas llamadas empresas descentralizadas, con ingresos propios, se le dio la autonomía de endeudarse sin sujetarse a las mismas reglas de la deuda estatal. Nacieron las “cajas chicas”.


Vino después la novedosa figura de hipotecar las participaciones federales. Asumir deuda a cambio de lo que en el futuro la Federación asignaría en la repartición de los impuestos. A gastar lo que todavía no se tiene.


Vino luego un nuevo y rentable negocio para financieros, casa-bolseros y gobernadores. La llamada bursatilización de la obra pública, como hipotecar a 20 o 30 años, por ejemplo, las carreteras de cuota.


Volver a cobrar por anticipado el futuro, con un reparto de jugosas comisiones.


Y la última novedad en el arte de hipotecar las arcas estatales fue bautizada como Asociaciones de Participación Público-Privadas, mejor conocidas como APPs. 


Una figura financieramente muy elegante para pedirle a terceros que hagan con su dinero lo que ya no se puede hacer con recursos propios.


Con la novedad de que quienes idearon la APPs, lograron la hazaña de evadir las autorizaciones de los Congresos estatales. Todo bajo el estúpido argumento de que no son fondos públicos, aunque estén avalados por el estado, que tendrá que pagar si el privado incumple.


Y fue así como entre empresas paraestatales, la hipoteca de participaciones, la bursatilización de obras y las APPs, comenzaron a esconder bajo la alfombra la basura de las finanzas públicas.


Alguien tiene que auditar el verdadero monto de las deudas estatales para conocer la dimensión de la crisis.


Pero si vamos a entrarle al toro por los cuernos, también valdría la pena atacar el origen del problema que es el injusto pacto federal que castiga a quien más recauda y premia a quien exhibe su pobreza.


Es cierto que una de las funciones de la Federación es la de compensar los desequilibrios. Pero bajo la actual fórmula es más negocio ser estado pobre que presumir ser estado rico.


Y lo que es peor, que somos legalmente una federación, pero operamos funcionalmente como un estado central que concentra todos los ingresos tributarios.


Y viene luego el reparto bajo cuestionables, tortuosas e incluso corruptas fórmulas que se negocian entre gobernadores, legisladores y Hacienda. 


¿Algún gobernador podría levantar la mano y tener la honestidad y la decencia de decirnos cuánto les cobraron los gestores panistas por “bajarles con oportunidad” los presupuestos ya autorizados?


Ojalá que el nuevo gobierno sea capaz de proponer nuevas fórmulas y nuevos candados para atajar de fondo esta bomba de tiempo.


Es lo menos que esperamos de un gobierno que tiene como operador todopoderoso a un hombre que hizo de la negociación de las inmanejables deudas del Estado de México el inicio de su muy productiva y prometedora carrera política. Esperamos.

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