La semana pasada se concentró a todos los
trabajadores y funcionarios relacionados con la flota aérea de la PGR,
más de 600, por el descubrimiento de graves irregularidades en el manejo
de la misma, irregularidades que van desde la inexistencia de manuales
de operación hasta robo y tráfico de refacciones, simulación de
reparaciones, “extravío” de bitácoras de vuelo y de reportes de
mantenimiento, contratación de seguros para helicópteros y aviones que
no vuelan, la realización de vuelos sin condiciones de
aeronavegabilidad, e incluso la sospecha de que algunos aviones han sido
utilizados para transportar droga. Según la información oficial, la
propia procuradora Marisela Morales indagó que con
presupuesto de la PGR se pagaba a empresas que embalaban las piezas que
los servidores públicos se robaban y que luego regresaban como nuevas a
la PGR. Del total de 80 aeronaves con las que cuenta la dependencia,
sólo cinco estarían en condiciones de volar sin problemas.
La investigación comenzó cuando en un viaje proveniente de Sudamérica el avión de la procuradora tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia porque estuvo a punto de estallar un parabrisas de la aeronave por fallas en el mantenimiento.
El hecho de por sí es muy grave, pero resulta mucho más grave aún, porque es parte de una serie de investigaciones, de las que no tenemos resultados, que involucran una y otra vez naves aéreas dependientes del gobierno federal, con un costo de vidas y material muy alto.
Desde marzo el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que había concluido un juicio contra la empresa Biz Jet, acusada de pagar sobornos a funcionarios de México y Panamá para ganar contratos de mantenimiento de las flotas de aviones oficiales de esos dos países. También se informó que funcionarios del Estado Mayor Presidencial, de la Policía Federal, de los gobiernos de Sonora y Sinaloa, recibieron sobornos, entre 2004 y 2009, de representantes de Biz Jet para beneficiarse de esos contratos. No fue un asunto menor: Biz Jet fue multada, después de un acuerdo con la justicia estadunidense, con 11 millones 800 mil dólares.
Ahora sabemos que la procuradora Marisela Morales estuvo en peligro lo mismo que todos los funcionarios que viajaban en la amplia flota de la PGR, pero los accidentes se suceden desde hace diez años. Durante el sexenio de Fox, se desplomó el helicóptero donde murió su secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, con buena parte de los mandos de la secretaría; años después fue el avión de Juan Camilo Mouriño y sus colaboradores, incluyendo al ex subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos; hace un año también se cayó el helicóptero que transportaba al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora y varios funcionarios de la Segob.
En Panamá, el otro país involucrado, en los sobornos de Biz Jet, ocurrió otro accidente en mayo de 2008. Ahí cayó el helicóptero donde viajaba el director general de carabineros de Chile, José Alejandro Bernales, quien se encontraba en una gira por ese país, su esposa y varios funcionarios policiales de Panamá. Igual que los accidentes ocurridos en México, nunca hubo una explicación concluyente sobre lo sucedido.
Es imprescindible saber si estos accidentes, o las recurrentes fallas que mostraron estos vuelos, incluidos los de la PGR, se dieron por un mantenimiento inadecuado de las aeronaves. Si una empresa logró contratos pagando sobornos millonarios, también pudo haber proporcionando un mantenimiento de baja calidad, como se ha comprobado en la PGR.
Se dice que los accidentes señalados se dieron particularmente por fallas humanas, pero éstas muchas veces ocurren porque las aeronaves no responden como deberían por la falta mantenimiento. ¿Se quedarán todas estas historias en el olvido?
Precisiones sobre Brenda Quevedo
Hace unos días nos preguntábamos si, vía un amparo, se quería dejar en libertad a Brenda Quevedo, acusada del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, el hijo de Isabel Miranda. El juez Jesús Alberto Chávez Hernández (y la propia Isabel) nos explicaron que la sentencia emitida el día 22 no tenía como efecto dejar en libertad a esta mujer. Lo que ocurrió fue “que la autoridad judicial responsable analizó el cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad, en modalidad de secuestro, y estimó que ese ilícito es de naturaleza federal; sin embargo, inadvirtió que ese delito corresponde al fuero común, por lo que el estudio relativo se debió realizar acorde con la legislación penal del DF vigente en la época de los hechos por los que se ejerció acción penal en su contra… la concesión del amparo, nos aclara el juez, radicó en vincular a la autoridad responsable para que dejara insubsistente la determinación reclamada y emitiera otra con plenitud de jurisdicción, en que subsanara esa violación”. Brenda no quedará en libertad sino bien juzgada.
La investigación comenzó cuando en un viaje proveniente de Sudamérica el avión de la procuradora tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia porque estuvo a punto de estallar un parabrisas de la aeronave por fallas en el mantenimiento.
El hecho de por sí es muy grave, pero resulta mucho más grave aún, porque es parte de una serie de investigaciones, de las que no tenemos resultados, que involucran una y otra vez naves aéreas dependientes del gobierno federal, con un costo de vidas y material muy alto.
Desde marzo el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que había concluido un juicio contra la empresa Biz Jet, acusada de pagar sobornos a funcionarios de México y Panamá para ganar contratos de mantenimiento de las flotas de aviones oficiales de esos dos países. También se informó que funcionarios del Estado Mayor Presidencial, de la Policía Federal, de los gobiernos de Sonora y Sinaloa, recibieron sobornos, entre 2004 y 2009, de representantes de Biz Jet para beneficiarse de esos contratos. No fue un asunto menor: Biz Jet fue multada, después de un acuerdo con la justicia estadunidense, con 11 millones 800 mil dólares.
Ahora sabemos que la procuradora Marisela Morales estuvo en peligro lo mismo que todos los funcionarios que viajaban en la amplia flota de la PGR, pero los accidentes se suceden desde hace diez años. Durante el sexenio de Fox, se desplomó el helicóptero donde murió su secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, con buena parte de los mandos de la secretaría; años después fue el avión de Juan Camilo Mouriño y sus colaboradores, incluyendo al ex subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos; hace un año también se cayó el helicóptero que transportaba al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora y varios funcionarios de la Segob.
En Panamá, el otro país involucrado, en los sobornos de Biz Jet, ocurrió otro accidente en mayo de 2008. Ahí cayó el helicóptero donde viajaba el director general de carabineros de Chile, José Alejandro Bernales, quien se encontraba en una gira por ese país, su esposa y varios funcionarios policiales de Panamá. Igual que los accidentes ocurridos en México, nunca hubo una explicación concluyente sobre lo sucedido.
Es imprescindible saber si estos accidentes, o las recurrentes fallas que mostraron estos vuelos, incluidos los de la PGR, se dieron por un mantenimiento inadecuado de las aeronaves. Si una empresa logró contratos pagando sobornos millonarios, también pudo haber proporcionando un mantenimiento de baja calidad, como se ha comprobado en la PGR.
Se dice que los accidentes señalados se dieron particularmente por fallas humanas, pero éstas muchas veces ocurren porque las aeronaves no responden como deberían por la falta mantenimiento. ¿Se quedarán todas estas historias en el olvido?
Precisiones sobre Brenda Quevedo
Hace unos días nos preguntábamos si, vía un amparo, se quería dejar en libertad a Brenda Quevedo, acusada del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, el hijo de Isabel Miranda. El juez Jesús Alberto Chávez Hernández (y la propia Isabel) nos explicaron que la sentencia emitida el día 22 no tenía como efecto dejar en libertad a esta mujer. Lo que ocurrió fue “que la autoridad judicial responsable analizó el cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad, en modalidad de secuestro, y estimó que ese ilícito es de naturaleza federal; sin embargo, inadvirtió que ese delito corresponde al fuero común, por lo que el estudio relativo se debió realizar acorde con la legislación penal del DF vigente en la época de los hechos por los que se ejerció acción penal en su contra… la concesión del amparo, nos aclara el juez, radicó en vincular a la autoridad responsable para que dejara insubsistente la determinación reclamada y emitiera otra con plenitud de jurisdicción, en que subsanara esa violación”. Brenda no quedará en libertad sino bien juzgada.
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