En este país casi todo se desvanece… la memoria se hace humo… hasta
el cadáver del narcotraficante más notable, por sanguinario y violento,
se pierde en una funeraria rascuache de un pueblo perdido en el mapa de
la pobreza minera de Coahuila… aun así, hay tiempo, equipo y gente para
tomarle huellas dactiloscópicas —así dicen los peritos— y obtener su
código de barras (ADN), este último, análisis de laboratorio un poco
más complicado e injustificado si se trataba de un fiambre de tan poca
importancia como para dejarlo descuidado y expuesto al secuestro o
rescate… según se quiera ver.
Pero en ese mismo sentido, nunca se había visto el extravío de
artículos de una ley como esa con la cual se quiere jugar el prestigio
de salida el gobierno del presidente Felipe Calderón: a
su iniciativa laboral le birlaron los trozos correspondientes al
trabajo de los mineros, aplicables a la inexistente protección de
quienes en tajos y pocitos de la zona carbonífera dejan la salud y muchas veces la vida… mayores y menores de edad.
Y esas dos desapariciones, el cadáver de El Lazca y de la protección legal de los mineros del carbón, tienen relación entre sí.
Si atendemos a las denuncias del ex gobernador Humberto Moreira,
de la conversión aparente de los narcotraficantes en mineros
honorables, cuya materia prima es vendida a la Comisión Federal de
Electricidad —después de muchas triangulaciones, especialmente a través
de una promotora del propio gobierno estatal—, nos daremos cuenta de
cómo viene resultando casi imposible acabar con los delincuentes: todo
mundo aparece con el agua al cuello… o bien tiznado, mejor dicho, en
este tema carbonífero.
El caso es que parte del texto del artículo 343 de la fallida reforma
laboral (más bien, reforma patronal con intención de reforma sindical)
se esfumó en el camino de San Lázaro a Reforma.
Vamos a ver si ahora, por influjo del santo resucitado, la protección de los mineros se levanta y anda.
MONJE LOCO: El señor Ferrari, raudo
y veloz, anuncia en la recta final del sexenio panista: en adelante,
cuando pongamos gasolina ya no nos van a timar con litros chiquitos. El
secretario de Economía promete que los 43 mil dispensarios de gasolina
del país estarán monitoreados por una especie de Big Brother
para que nos despachen litros de litro… para que algunos gasolineros
—casi, casi todos— dejen de robarnos 600 millones de pesos al año… para
que este atraco cotidiano deje de alimentar el fuego del infierno de la
corrupción que nos consume. Dice el señor Ferrari que
los mexicanos ya podemos confiar… que los asaltos al bolsillo de los
consumidores de combustibles quedarán sólo como historias macabras… que
habrá sanciones ejemplares para los “vivos” que suelen vernos la cara de
muertos. Las nuevas normas oficiales (05 y 185) obligan a las
gasolineras a instalar nuevos sistemas de monitoreo en cada bomba
expendedora… Los franquiciatarios prometen aplicar el nuevo sistema de
aquí a cuatro meses… sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco) que ahora presume sus nuevas herramientas para detectar y
acabar con el “chanchuyo”, seguirá chimuela, pues sus inspectores no
tendrán capacidad para dictar sanciones contra los vendedores rateros.
Su trabajo será, como hasta ahora, inmovilizar bombas y colocar en su
lista negra a las estaciones de servicio irregulares. Según la Profeco,
una de cada cuatro bombas que son revisadas, presentan alteraciones… o
sea que usted y yo tenemos 25 por ciento de probabilidades de que nos
roben cada vez que llenamos el tanque. Se vale llorar… y ponerse a
rezar.
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