17 octubre, 2012

Peña y la nueva estrategia de seguridad

Peña y la nueva estrategia de seguridad

El Presidente electo y su equipo tienen que evaluar con lupa lo bueno y lo malo que recibirán de Felipe Calderón.

Leo Zuckermann
Los cambios de gobierno son una extraordinaria oportunidad para cambiar las estrategias fallidas. Es el caso, me parece, del tema de seguridad. No obstante, también se corre el riesgo de tirar por la borda las cosas positivas que heredará la administración saliente.
Peña y su equipo tienen que evaluar con lupa lo bueno y lo malo que recibirán de Calderón. No tienen por qué descubrir el hilo negro empezando todo desde cero. Creo, por ejemplo, que tendrían que mantener la Policía Federal que ha sido uno de los pocos éxitos de esta administración. Después de seis años de una gran inversión de dinero y esfuerzo, hoy se tiene una fuerza pública federal, aún insuficiente, pero con mejores prácticas y preparación que la gran mayoría de las policías estatales y municipales del país.


Sin embargo, en los últimos meses la Policía Federal ha demostrado que también tiene varios problemas. Los asesinatos en el Aeropuerto de la Ciudad de México y la emboscada en Tres Marías apuntan a que algunos delincuentes han infiltrado a cuadros de esta policía. Es por ello, como argumentan los activistas sociales expertos en seguridad María Elena Morera y Ernesto López Portillo, que el siguiente gobierno tendrá que trabajar en la depuración de la Policía Federal y en la instauración de controles internos y externos para castigar malas prácticas y abusos de poder.
El gobierno de Calderón se concentró en la Policía Federal en la construcción de instituciones dedicadas a proveer seguridad. Por desgracia soslayó otras igual de importantes en la cadena completa de procuración de seguridad y justicia. Nada hizo, por ejemplo, por reformar y fortalecer a la Procuraduría General de la República y los ministerios públicos federales. Mucho se quejó el Presidente de que los jueces soltaban a los criminales que su administración atrapaba. Poco decía acerca de que los juzgadores tenían que dejarlos libres porque los fiscales presentaban casos insostenibles. En este sentido, Peña tendrá que trabajar muy duro para mejorar la actuación de la PGR.
Y tendrá que hacerlo porque el plazo para que entre en vigor el nuevo sistema acusatorio de justicia se vence durante el sexenio de Peña. Para 2016, tanto la justicia del fuero común como la federal se llevarán a cabo por medio de juicios orales. Los ministerios públicos, por tanto, deberán estar listos y preparados para presentar sus casos de viva voz. El problema es que, como afirma Morera, el rezago que deja Calderón en el nuevo sistema acusatorio “es enorme”.
Como enorme es el rezago en materia penitenciaria. Las cárceles, huelga decirlo, son un desastre en México: sobrepobladas y controladas por los criminales. Las fugas y los asesinatos de internos son comunes y corrientes. Aunque la administración de Calderón está inaugurando nuevos penales federales, Morera dice que no pueden trasladar reos del fuero federal porque todavía no están sentenciados. No lo están porque la administración de la justicia en México es más lenta que una tortuga coja.
El domingo, Reforma reportó que, de acuerdo al documento Breve Diagnóstico sobre la Seguridad Pública, el nuevo gobierno de Peña enfocará su estrategia en “reducir la violencia”. El objetivo será bajar 50% los homicidios y secuestros durante el primer año de la gestión: “pasar de una tasa nacional de 24 a mínimo 12 homicidios por cada 100 mil habitantes […] y de dos mil 337 a mil 668 secuestros”.
De ser cierta esta información, me parece perfecto que la nueva estrategia tenga como objetivo reducir la violencia en dos de los tres crímenes que más agravian a la sociedad: el asesinato y el secuestro. Habría que incluir a la extorsión.
Lo que me preocupa es la meta que me parece muy agresiva y por tanto poco factible de cumplir. No veo cómo el gobierno podría bajar 50% los asesinatos y los secuestros en 12 meses. En México nos tardamos 14 años, de 1993 a 2007, para bajar la tasa de 19 homicidios por 100 mil habitantes a ocho. La meta del supuesto documento de Peña se trata, comparativamente, de una cifra “muy arriesgada”, en palabras de Morera. Estoy de acuerdo. No hace bien Peña y su equipo en subir tanto la barra. Morera recomienda, con razón, “que primero vea con qué y con quién cuenta” para fijar objetivos que sean factibles.

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