Por qué no estamos produciendo suficiente energía doméstica

Amy Payne

El presidente Barack Obama y el exgobernador Mitt Romney tuvieron una acalorada discusión sobre la energía en el hasta ahora último debate presidencial. El presidente repitió su estribillo de que la producción de gas y petróleo está en los niveles más altos de los últimos ocho años, pero Romney tuvo razón al apuntar que eso era debido a la producción de las tierras de propiedad privada y estatal.
La mayor parte de la actual producción de gas y petróleo de Estados Unidos está teniendo lugar en tierras privadas de estados como Dakota del Norte, Alaska y Texas. Sin embargo, los procesos de revisión medioambiental y de obtención de permisos en las tierras de propiedad federal suponen una pesada carga y mantienen gran parte de nuestros recursos sin explotar.
Como ha informado el analista de la Fundación Heritage Michael Sandoval:

…la producción de petróleo en las tierras de titularidad federal ha disminuido entre el ejercicio fiscal de 2010 y el de 2011 en un 11%. La producción de gas natural ha decrecido un 6% en ese mismo período de un año, cayendo cerca de un 27% desde el ejercicio fiscal de 2009. Mientras tanto, la producción de gas y petróleo se ha incrementado en un 14% y un 12%, respectivamente, en las tierras de propiedad privada o estatal.

¿Cómo sobrepasó Dakota del Norte a Alaska y California hasta convertirse en el segundo mayor productor de petróleo crudo del país? La respuesta está en las sensatas regulaciones de este estado, en los avances tecnológicos y en la capacidad de perforar en las tierras de propiedad privada.
Además de la tan pregonada seguridad energética que la energía de producción nacional nos podría proporcionar, estas iniciativas crean empleo. El auge energético de Dakota del Norte ha dado trabajo a la gente. De hecho, el estado tiene la tasa de desempleo más baja del país, de sólo el 3%.
Por el contrario, las regiones donde la producción energética se ha visto frenada han sufrido a consecuencia de ello. El experto en energía de la Fundación Heritage Nicolas Loris explicó los efectos de frenar las perforaciones petrolíferas en el Golfo de México y otras áreas:

La moratoria oficial y la moratoria de facto como resultado de unos eternos procesos de concesión de permisos redujeron las inversiones operativas y de capital planeadas en $18,300 millones y le costaron al área del Golfo de México más de 162,000 empleos sólo en los dos últimos años. En el oeste del país, la producción federal ha experimentado un destino similar: Los retrasos de la administración a la hora de permitir proyectos petrolíferos y gasísticos en tierras de titularidad pública están impidiendo el fomento de la actividad económica. Por ejemplo, en Utah y en Wyoming los proyectos retenidos por los procesos de la ley de Normativa Medioambiental Nacional están impidiendo la creación de 64,805 empleos, la obtención de $4,300 millones en salarios y de $14,900 millones de impacto económico cada año.

Pero la batalla más reciente está teniendo lugar respecto a la minería del uranio. El gobierno federal prohibió la minería del uranio en más de 4,000 km2 de tierras de titularidad federal de Arizona. Los legisladores de Virginia están considerando hacer lo mismo en su propio estado, pero los terrenos en cuestión son de propiedad privada. Eso significa que la asamblea del estado, no los burócratas federales, decidirán si la actividad minera sigue adelante.
En un nuevo documento, los analistas de la Fundación Heritage Jack Spencer y Katie Tubb revelan que “los estudios muestran que el beneficio económico neto de la construcción y las operaciones de extracción dejará casi $5,000 millones a los virginianos durante la vida operativa de la mina, estimada en unos 35 años”. El lugar es “el mayor depósito conocido de uranio de la nación y el séptimo mayor del mundo. Con los precios actuales del uranio, el depósito está valorado en aproximadamente $6,000 millones y es suficiente como para alimentar cada uno de los 104 reactores nucleares de Estados Unidos durante dos años”.
Spencer y Tubb observan que no es responsabilidad de la asamblea del estado decidir si la actividad minera es una buena idea: “El trabajo de la Asamblea no debería ser prohibir o fomentar la minería, sino más bien establecer firmes regulaciones que protejan la salud y la seguridad públicas. Luego, una vez se tengan esas regulaciones, los inversores privados pueden decidir si merece la pena dedicarse a la actividad minera o no”.
Y aunque el gobierno federal haga que la producción de energía sea difícil o imposible en las tierras de titularidad federal (como se ha hecho con la administración Obama), la producción en las tierras de propiedad privada puede proveer los recursos energéticos y la revitalización económica que tanto se necesitan. Todo lo que el gobierno tiene que hacer es apartarse del camino.