¿Qué democracia queremos?

¿Qué democracia queremos?

Por Enrique Aguilar

El Imparcial, Madrid

En un capítulo de sus Principios de política aplicables a todos los gobiernos, Benjamin Constant (1767-1830) disoció lo que llamó el “primer principio de Rousseau”, la soberanía del pueblo, de los atributos que la propia teoría del ginebrino le asignaba, en particular, su carácter absoluto o ilimitado.

El rechazo de Constant a la soberanía absoluta se fundaba en el reconocimiento de que existe un espacio vedado a toda intromisión, el de los derechos individuales, que, contra la pretensión rousseauniana de una enajenación sin reservas a la comunidad, debía ser preservado. A este fin, Constant subrayaba la importancia de un reparto equilibrado del poder y, además, de una opinión pública en la cual determinados valores se hallasen debidamente interiorizados de manera de evitar que los límites fijados por la constitución fueran letra muerta en lugar de una práctica comprobable. La llamada democracia liberal (en la acepción primariamente política del término) es resultado, precisamente, de la conjunción de ambos principios, soberanía del pueblo y gobierno limitado, que se sostienen mutuamente.

Esta sencilla enseñanza de la teoría política enfrenta desde hace tiempo no pocos desafíos, uno de los cuales proviene del avance de una concepción de la democracia según la cual el principio de la soberanía popular es visto como condición no sólo necesaria sino suficiente del buen gobierno democrático que, por añadidura, es ejercido sin limitaciones, amparado en una mayoría electoral cuyo respaldo eximiría a los gobernantes de sujetarse, por ejemplo, a la Justicia o a un sistema de normas que regulen la acción de gobierno.

Reinstalar el lenguaje de la democracia liberal, en contextos que le son adversos, se vuelve por tanto no sólo deseable sino imperioso. Son muchos los que hablan todavía ese lenguaje. Lo que hace falta son voces dispuestas a propagarlo, someterlo a las urnas y ponerlo en práctica.