por Gabriela Calderón de Burgos
Gabriela Calderón es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador).
Considerando que el Estado ecuatoriano consume hoy en día
prácticamente la mitad (49%) de lo que producimos todos los ecuatorianos1
y que el bono de desarrollo humano (transferencia que el Estado hace a
las personas que considera que viven en extrema pobreza) parece ser el
subsidio menos dañino del sinnúmero de subsidios que otorga el Estado
ecuatoriano, hay numerosas alternativas para financiar el incremento al
bono sin necesidad de crear nuevos impuestos, atentar contra la propiedad privada y ahuyentar aún más la inversión privada. Además, el incremento del bono podría servir para hacer políticamente posible reducciones importantes en el tamaño del Estado.
El incremento del bono de $35 a $50 costaría $340 millones. Si el presupuesto del Estado este año fue de $26.109 millones2,
pues es relativamente sencillo para cualquier político identificar
algún rubro de alrededor de $340 millones que no sea políticamente
difícil de eliminar. Pero limitarse a eso sería desperdiciar la
oportunidad de reducir el peso del Estado sobre los ecuatorianos. Hay
varios gastos insostenibles o innecesarios que se podrían reducir o
eliminar para financiar no solo el aumento del bono sino una reducción
en los impuestos.
El subsidio a los combustibles es uno de los gastos insostenibles.3
Considerando que el subsidio genera una gran distorsión en la economía,
que no guarda coherencia con la actitud “verde” del gobierno (fomenta
mayor consumo de combustibles fósiles), que en 2011 gastamos 6,7% del
PIB en este subsidio (en salud gastamos 1,3%) 4, es verdaderamente lamentable que no haya liderazgo político para desactivar esta bomba.
Muchos dicen que nadie puede tocar este subsidio porque sería un
suicidio político. Pero considere lo siguiente: Dado que en 2011 el
Estado gastó $2.949 millones en subsidios a los combustibles, una
reducción de solo 11,5% en este subsidio podría financiar el incremento
del bono. Si se establece una reducción anual de este subsidio de
alrededor del 10 u 11%, hasta que este desaparezca, cada año se
liberarían nuevos recursos para que el Estado reduzca impuestos que
afectan principalmente a la clase media.
Otro gasto insostenible es lo que el Estado ecuatoriano gasta en sueldos de empleados públicos.
Entre 2007 y 2011 el gasto en sueldos de burócratas se incrementó en un
96,7%. Con ese fenomenal crecimiento, no me sorprendería que el nuevo
“sueño ecuatoriano” sea llegar a ser burócrata. Considerando que en 2011
el Estado gastó $7.264,5 millones en la burocracia5, se podría financiar la totalidad del incremento del bono con una reducción del 4,6% en el rubro de sueldos de los burócratas.
Finalmente, vale la pena indicar que Ecuador venía reduciendo la pobreza desde el año 2001 a un paso acelerado6
sin los 13 ministerios y 6 secretarías que se crearon desde 2007 y sin
el radical crecimiento del gasto público. Así que seguramente hay mucha
más tela para cortar dentro del sector público.
Lamentablemente no parece haber un liderazgo político dispuesto a
aprovechar la herramienta del bono para hacer políticamente posible la
necesaria reducción del tamaño del Estado para que este retorne no solo
al tamaño que tenía antes de la “revolución”, sino al tamaño que la
historia muestra que ha permitido las naciones que eran pobres hace 100
años sean hoy las más ricas del mundo. Además, reducir el tamaño del
Estado reduciría el poder de quienes nos gobiernan.
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