por Manuel Hinds
Manuel Hinds es ex Ministro de Finanzas de El Salvador y co-autor de Money, Markets and Sovereignty (Yale University Press, 2009).
El tema de la compra de votos en la Asamblea Nacional apareció recientemente con las acusaciones que ARENA hizo de que GANA
había tratado de comprar a algunos de sus diputados. Aunque la
acusación desapareció tan súbitamente como apareció, el tema ha quedado
vivo.
Muchas personas creen que debe legislarse para forzar a los diputados
a votar siempre con su partido, evitando así las disensiones. Si este
fuera el objetivo, la manera más práctica de lograrlo sería tener sólo
un diputado por partido político, dándole un número de votos en la
Asamblea que sería determinado por el número de votos ciudadanos
recibidos por el partido en cada departamento. Es decir, en las
elecciones el pueblo no elegiría diputados sino que determinaría el
número de votos legislativos que tendría el diputado de cada partido
político.
Así, por ejemplo, en vez de que ARENA tenga 33 diputados, el diputado único de este partido tendría 33 votos, el del FMLN
31, y así los de los otros partidos. En realidad, no tiene sentido
tener 84 diputados si con cinco se puede manejar la Asamblea más
eficientemente y evitando cualquier falta a la disciplina partidaria.
El problema de este sistema es que no puede asumirse que mantener el
poder político en manos de las cúpulas partidarias sea el objetivo
fundamental de nuestro sistema electoral. Las sospechas de compra de
votos en la Asamblea, que han sido penosamente comunes en nuestro país,
replantean el conflicto que existe entre dos mandatos constitucionales,
uno que especifica que la representación del pueblo se ejercerá a través
de los partidos políticos, y el otro que especifica que los
representantes del pueblo responden únicamente ante el pueblo mismo, y
por lo tanto son libres de votar de acuerdo a su consciencia.
Para resolver un conflicto entre dos mandatos constitucionales es
necesario determinar cuál de los dos está basado en un principio más
fundamental. No hay duda de que el mandato que debe privar es el de que
los representantes deben representar al pueblo, no a los partidos, y que
por lo tanto son libres de votar de acuerdo a su consciencia. De otra
forma, si los diputados tuvieran que obedecer a sus cúpulas, se iría en
contra del principio fundamental que dice que el soberano es el pueblo.
Los soberanos serían los de las cúpulas.
Esto es lo que está pasando ahora y no protestamos por la usurpación del
poder. Aceptamos esta anomalía tan naturalmente que en la discusión del
problema la desobediencia de los diputados no se relaciona con el
mandato del pueblo sino con los mandatos de las cúpulas —de los dueños,
podríamos decir, de los partidos. La discusión es para encontrar una
manera en la que unas cúpulas no les puedan robar diputados a otras
cúpulas. Nadie discute cómo hacer para que las cúpulas o los diputados
no les puedan robar votos a los ciudadanos votando en contra de sus
deseos, algo que pueden hacer aunque voten en bloque con toda la
disciplina del mundo si la cúpula, no el pueblo, es la que manda.
Este es el problema fundamental que hay que resolver. El robo de votos
es sólo una de las manifestaciones de esa usurpación de poder que han
hecho las cúpulas.
Aun en el sistema mixto actual de votación —por candidato y por partido—
el pueblo no tiene manera alguna de hacerle sentir su poder ni a los
partidos ni a los diputados. Puede asegurarse de que alguien salga
electo, pero no puede desalojar a un diputado que ha hecho algo que al
pueblo no le gusta —sea venderse a otro partido, u obedecer ciegamente a
su cúpula sin tomar en cuenta los deseos del pueblo. Esto sucede porque
un diputado puede salir electo aunque no reciba un solo voto si es que
está arriba en la lista de su partido. Por eso, los diputados sienten
que tienen que quedar bien con la cúpula, o con la cúpula de otro
partido que los compre, no con el pueblo.
Para devolver el poder al pueblo, hay que dejar a los diputados solos
frente a sus electores, estableciendo distritos electorales que
elegirían a un solo diputado. Esto haría al diputado totalmente
responsable ante sus electores. Si ella o él hicieran algo que a sus
electores no les gusta, no lo reelegirían en la siguiente elecciones —no
importando si ese algo que a los electores no les gustó fuera venderse o
alquilarse a otro partido, o no tener columna vertebral para votar con
su consciencia en defensa de los intereses de sus electores.
Sólo con un sistema como este podremos terminar con la usurpación que
las cúpulas y los diputados han hecho de la soberanía del pueblo.
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