Evaluación del sexenio de Calderón: II. Reformas legislativas

Vergonzosamente, el Presidente y su partido apoyaron un modelo de hiperregulación electoral a cambio de un plato de lentejas.

Leo Zuckermann
No fue fácil la relación del presidente Calderón con el Congreso. Y no lo fue porque así ha sido desde 1997 que hemos tenido gobiernos divididos en México: estructuralmente es muy difícil que el Poder Legislativo le apruebe su agenda al Ejecutivo por no tener mayoría su partido en ambas cámaras. Así le pasó a Zedillo sus últimos tres años, a Fox a lo largo de su sexenio y al propio Calderón. No obstante, algo se logró estos seis años. Destacan dos reformas: una al principio de la administración y otra al mero final.


Me refiero, primero, a la reforma al régimen de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) aprobada en 2007. Para efectos contables, el ISSSTE estaba quebrado y, sin viabilidad financiera, cada vez ofrecía peores servicios a sus afiliados. Los pasivos laborales de este Instituto, debido a un régimen de pensiones muy generoso para sus empleados, alcanzaban una cifra equivalente a 46% del Producto Interno Bruto (PIB) a valor presente neto. Gracias a la reforma que introdujo un nuevo sistema de cuentas individuales de retiro, el erario pudo ahorrarse una cantidad equivalente a más de 15% del PIB, también a valor presente neto, evitando la quiebra técnica del ISSSTE.
La otra reforma importante es la laboral que recién aprobó el Congreso. Después de haberlo intentado en 2010-2011 sin éxito, el gobierno panista hizo realidad algunos cambios sustanciales en una Ley Federal del Trabajo que no había sido modificada desde los años 70 del siglo pasado. Con mucho colmillo político, Calderón aprovechó la nueva regla de la iniciativa presidencial preferente. La envió el 1 de septiembre de este año, a tres meses de dejar el poder, y en dos meses y medio salieron los cambios que, por un lado, flexibilizan la contratación y el despido de los trabajadores y, por el otro, introducen algo, poco, de democracia y transparencia en los sindicatos. Más allá de las ventajas de esta reforma, su sola aprobación gracias a la iniciativa presidencial preferente envía el mensaje de que en México las cosas están cambiando por una nueva regla del sistema presidencial que nos da nuevas esperanzas de que, en el futuro, el Presidente y el Congreso podrán ponerse de acuerdo para sacar más reformas que incrementen la competitividad del país.
Lo peor en materia de reformas legislativas fue la aprobación de la electoral en 2007. El gobierno de Calderón, contra toda la tradición liberal de su partido, apoyó una reforma de regulación extrema con elementos regresivos para la democracia. Para empezar, destituyeron a los consejeros del IFE, lo cual fue un durísimo golpe a la poca o mucha autonomía que tenía este Instituto. Restringieron, también, las campañas negativas y las dejaron a discreción de un Comité dentro del IFE con capacidad de censurarlas. Prohibieron, además, que cualquier individuo u organización social pudiera comprar espacios en los medios electrónicos para opinar sobre la política. En suma, una reforma antiliberal que los panistas apoyaron a cambio de una reforma fiscal que introdujo un nuevo impuesto —el IETU— que acabó recaudando menos de lo que se esperaba. Vergonzosamente, el Presidente y su partido apoyaron un modelo de hiperregulación electoral a cambio de un plato de lentejas. Con justicia pagaron este error en las pasadas elecciones: el PAN fue el partido más perjudicado por la reforma electoral regresiva de 2007.
En materia legislativa, Calderón también se equivocó con la mal llamada reforma energética. El Presidente había enviado una propuesta con buenas ideas para modernizar el sector petrolero del país. El proyecto contemplaba la apertura al capital privado de diversos negocios exclusivos del monopolio público de Pemex. La oposición priista y la perredista, sin embargo, rasuraron la propuesta de Calderón e impusieron un modelo estatista que no resolvió el gran rezago que tiene México en un sector importantísimo para la economía nacional. El Presidente, en lugar de vetar el bodrio legislativo que salió del Congreso, promulgó la nueva legislación y hasta la festejó brindando con champaña en Los Pinos.