Mantienen detallados expedientes de opositores y de chavistas que incluyen aspectos de la vida privada
Antonio Maria Delgado
El gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez hace uso de los
organismos de seguridad del Estado para labores de inteligencia
política, ordenando el ensamblaje de expedientes de todos los dirigentes
regionales –tanto opositores como chavistas– con datos que van desde
amistades e inclinaciones políticas hasta finanzas personales, religión y
orientación sexual.
Documentos obtenidos por El Nuevo Herald muestran el detenimiento con que el gobierno monitorea las actividades políticas dentro del país, destinando recursos para investigar las actividades de los dirigentes, no porque puedan estar involucrados en actividades delictivas, sino para tratar de determinar sin son leales o no a la Revolución.
“Los expedientes que le están montando a la gente son perversos”, dijo una fuente familiarizada con la situación que habló bajo condición de anonimato.
“Están tratando de incluir datos que no tienen nada que ver con la seguridad del Estado. Son datos personales cuya incorporación en los expedientes violan todo derecho de privacidad consagrado en las leyes”, sostuvo.
El Nuevo Herald obtuvo los expedientes recopilados a cerca de una docena de líderes regionales, la mayoría de ellos candidatos para obtener un puesto en el Consejo Legislativo del Estado Guárico.
La existencia de informes tan detallados pertenecientes a dirigentes locales que aún se mantienen lejos del escenario nacional, dejan entrever la extensión de la red de información que está siendo ensamblada por la Revolución Bolivariana.
Los expedientes, que incluyen copias de documentos oficiales elaborados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), también muestran que la polémica Lista Tascón sigue siendo utilizada en Venezuela.
Aún cuando el gobierno niega su existencia, los expedientes muestran si el blanco de investigación está incluido dentro de la lista negra, diseñada para castigar con prácticas de exclusión económica a quienes firmaron a favor de sostener un Referendo Revocatorio contra Chávez en el 2004.
La información, incluida en una base de datos electrónica denominada “La Planilla Maisanta”, figura en todos los expedientes obtenidos, mostrando si las personas firmaron o no la solicitud del referendo, las cuales posteriormente fueron inhabilitadas por el gobierno para poder acceder a empleos o obtener beneficios del Estado.
Asimismo, los expedientes incluyen información básica de contacto de los dirigentes espiados, incluyendo teléfonos, direcciones, cuentas de Twitter y Facebook, correos electrónicos y páginas de blog.
También incluye lugar de trabajo, números de cédula de identidad, pasaporte y de seguro social y apodos conocidos.
Datos como estos podrían ser relativamente fáciles de conseguir, pero la información posteriormente se torna mucho más personal y detallada, incluyendo números de cuentas bancarias y listado de posesiones como inmuebles y vehículos, además de datos y fotos de familiares y de personas que frecuenta.
Los archivos en ocasiones también incluyen fotos de las viviendas en que habitan.
Entre los datos financieros, los expedientes incluyen la información privada recogida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que da detalles sobre los ingresos obtenidos por el individuo.
En lo que aumenta su parecido con un informe policial, el expediente esboza la descripción física del individuo, además de describir en detalle su grado de educación, pasatiempos y los lugares que frecuenta.
El expediente también contiene áreas donde se delinea la religión que profesan los individuos, su grupo sanguíneo, y preferencia sexual, e incluye como anexo documentos policiales recabados por los organismos policiales del país, entre éstos los del SEBIN.
En una sección denominada como “Datos Políticos”, el expediente coloca las afiliaciones políticas de los individuos y sus acciones en el campo de la política, en ocasiones brindando grandes detalles sobre sus actividades.
“Inició su campaña de manera conjunta con el candidato opositor a la gobernación […] realizando entrega de panfletos en las principales calles y avenidas de San Juan de Los Morros […] así como también visitas, casa por casa, en diferentes sectores”, indica el informe de un dirigente opositor.
Pero los informes también hacen un análisis sobre las actuaciones de los blancos de las investigaciones, resaltando cualquier actividad sospechosa.
En el informe que evalúa la conducta de Antonia Elena Muñoz Espinoza, una dirigente oficialista conocida como “La Negra Antonia”, el autor advierte que la dirigente se encuentra involucrada en actividades perjudiciales para el partido.
“Antonia Muñoz, demuestra con su accionar un doble discurso, y promueve una probable ruptura de las bases del Partido en el municipio antes mencionado. Trayendo como consecuencia confusión y malestar en la militancia además de afectar la imagen del partido en el municipio, constituyendo esto un aspecto negativo que puede ser empleado por factores políticos adversos, orientado hacia una matriz de opinión relacionada con desunión, rupturas, discrepancias entre otros”, resalta el informe.
Muñoz no pudo ser contactada para comentar sobre el reporte, pero ex integrantes de la SEBIN consultados dijeron que el uso de los organismos de seguridad para realizar este tipo de trabajo político es una clara violación de los derechos ciudadanos.
Aún cuando reconocieron que algunos integrantes de la dirigencia política eran investigados durante años debido a sus vínculos con movimientos subversivos, esas actividades siempre estuvieron vinculadas con sospechas concretas de actividades ilícitas, y en ningún caso para favorecer proyectos políticos, como sería el objetivo de la información recogida en los expedientes.
No obstante, al menos uno de los dirigentes del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) investigados, dijo no tener problemas con la práctica.
“No puedo hablar por otras personas, pero en mi caso particular, yo soy un hombre amplio y transparente que no tiene nada que ocultar. A mí me conocen en todo el estado [Guárico] y no he tenido jamás un problema judicial”, comentó Adolfo Ramón Fajardo, integrante del Consejo Legislativo de Guárico y a cuyo expediente tuvo acceso El Nuevo Herald.
“Somos gente del proceso revolucionario que lidera nuestro comandante Hugo Chávez Frías. De manera que no tengo porque oponerme si el Estado está en obligación de conocerme a mí, para saber quién soy. No tengo ningún problema con esto. Yo soy un hombre público y el Estado está en la obligación de saber quiénes somos y dónde estamos”, reiteró.
Documentos obtenidos por El Nuevo Herald muestran el detenimiento con que el gobierno monitorea las actividades políticas dentro del país, destinando recursos para investigar las actividades de los dirigentes, no porque puedan estar involucrados en actividades delictivas, sino para tratar de determinar sin son leales o no a la Revolución.
“Los expedientes que le están montando a la gente son perversos”, dijo una fuente familiarizada con la situación que habló bajo condición de anonimato.
“Están tratando de incluir datos que no tienen nada que ver con la seguridad del Estado. Son datos personales cuya incorporación en los expedientes violan todo derecho de privacidad consagrado en las leyes”, sostuvo.
El Nuevo Herald obtuvo los expedientes recopilados a cerca de una docena de líderes regionales, la mayoría de ellos candidatos para obtener un puesto en el Consejo Legislativo del Estado Guárico.
La existencia de informes tan detallados pertenecientes a dirigentes locales que aún se mantienen lejos del escenario nacional, dejan entrever la extensión de la red de información que está siendo ensamblada por la Revolución Bolivariana.
Los expedientes, que incluyen copias de documentos oficiales elaborados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), también muestran que la polémica Lista Tascón sigue siendo utilizada en Venezuela.
Aún cuando el gobierno niega su existencia, los expedientes muestran si el blanco de investigación está incluido dentro de la lista negra, diseñada para castigar con prácticas de exclusión económica a quienes firmaron a favor de sostener un Referendo Revocatorio contra Chávez en el 2004.
La información, incluida en una base de datos electrónica denominada “La Planilla Maisanta”, figura en todos los expedientes obtenidos, mostrando si las personas firmaron o no la solicitud del referendo, las cuales posteriormente fueron inhabilitadas por el gobierno para poder acceder a empleos o obtener beneficios del Estado.
Asimismo, los expedientes incluyen información básica de contacto de los dirigentes espiados, incluyendo teléfonos, direcciones, cuentas de Twitter y Facebook, correos electrónicos y páginas de blog.
También incluye lugar de trabajo, números de cédula de identidad, pasaporte y de seguro social y apodos conocidos.
Datos como estos podrían ser relativamente fáciles de conseguir, pero la información posteriormente se torna mucho más personal y detallada, incluyendo números de cuentas bancarias y listado de posesiones como inmuebles y vehículos, además de datos y fotos de familiares y de personas que frecuenta.
Los archivos en ocasiones también incluyen fotos de las viviendas en que habitan.
Entre los datos financieros, los expedientes incluyen la información privada recogida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que da detalles sobre los ingresos obtenidos por el individuo.
En lo que aumenta su parecido con un informe policial, el expediente esboza la descripción física del individuo, además de describir en detalle su grado de educación, pasatiempos y los lugares que frecuenta.
El expediente también contiene áreas donde se delinea la religión que profesan los individuos, su grupo sanguíneo, y preferencia sexual, e incluye como anexo documentos policiales recabados por los organismos policiales del país, entre éstos los del SEBIN.
En una sección denominada como “Datos Políticos”, el expediente coloca las afiliaciones políticas de los individuos y sus acciones en el campo de la política, en ocasiones brindando grandes detalles sobre sus actividades.
“Inició su campaña de manera conjunta con el candidato opositor a la gobernación […] realizando entrega de panfletos en las principales calles y avenidas de San Juan de Los Morros […] así como también visitas, casa por casa, en diferentes sectores”, indica el informe de un dirigente opositor.
Pero los informes también hacen un análisis sobre las actuaciones de los blancos de las investigaciones, resaltando cualquier actividad sospechosa.
En el informe que evalúa la conducta de Antonia Elena Muñoz Espinoza, una dirigente oficialista conocida como “La Negra Antonia”, el autor advierte que la dirigente se encuentra involucrada en actividades perjudiciales para el partido.
“Antonia Muñoz, demuestra con su accionar un doble discurso, y promueve una probable ruptura de las bases del Partido en el municipio antes mencionado. Trayendo como consecuencia confusión y malestar en la militancia además de afectar la imagen del partido en el municipio, constituyendo esto un aspecto negativo que puede ser empleado por factores políticos adversos, orientado hacia una matriz de opinión relacionada con desunión, rupturas, discrepancias entre otros”, resalta el informe.
Muñoz no pudo ser contactada para comentar sobre el reporte, pero ex integrantes de la SEBIN consultados dijeron que el uso de los organismos de seguridad para realizar este tipo de trabajo político es una clara violación de los derechos ciudadanos.
Aún cuando reconocieron que algunos integrantes de la dirigencia política eran investigados durante años debido a sus vínculos con movimientos subversivos, esas actividades siempre estuvieron vinculadas con sospechas concretas de actividades ilícitas, y en ningún caso para favorecer proyectos políticos, como sería el objetivo de la información recogida en los expedientes.
No obstante, al menos uno de los dirigentes del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) investigados, dijo no tener problemas con la práctica.
“No puedo hablar por otras personas, pero en mi caso particular, yo soy un hombre amplio y transparente que no tiene nada que ocultar. A mí me conocen en todo el estado [Guárico] y no he tenido jamás un problema judicial”, comentó Adolfo Ramón Fajardo, integrante del Consejo Legislativo de Guárico y a cuyo expediente tuvo acceso El Nuevo Herald.
“Somos gente del proceso revolucionario que lidera nuestro comandante Hugo Chávez Frías. De manera que no tengo porque oponerme si el Estado está en obligación de conocerme a mí, para saber quién soy. No tengo ningún problema con esto. Yo soy un hombre público y el Estado está en la obligación de saber quiénes somos y dónde estamos”, reiteró.
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