No se trata de crear, como se ha dicho, una superesecretaría
en Gobernación; de lo que se trata es de regresar a esa dependencia los
instrumentos necesarios para garantizar la gobernabilidad del país. Los
cambios propuestos por Peña Nieto para la
administración federal, sobre todo los relacionados con Gobernación,
hacen explícitas las preocupaciones del Presidente electo para el futuro
inmediato: garantizar la gobernabilidad, entendiendo a la seguridad
pública como uno de los principales instrumentos de la misma.
No se está inventando el hilo negro. Gobernación quedó convertida en una secretaría política dedicada a mesas, diálogos y búsqueda de acuerdos y perdió su carácter de jefatura de gabinete y de ministerio del interior desde el año 2000, cuando el presidente Fox decidió, muy erróneamente, quitarle atribuciones a esa dependencia, invocando la utilización política de sus instrumentos de seguridad e inteligencia (como si, existiendo la voluntad de utilizarlos con un fin ilícito, hubiera alguna diferencia en que se hiciera desde Gobernación o desde cualquier otra secretaría). En realidad era una idea de Adolfo Aguilar Zinser (y en menor medida, de Jorge Castañeda) que no se sostenía en los hechos y tenía mucho que ver con la naciente disputa interna, al inicio de ese gobierno, con Santiago Creel. En términos de seguridad e inteligencia, a Gobernación (y a Creel) no le dejaron nada; a duras penas pudo mantener al Cisen, con el detalle de que todo el equipo del mismo se fue a la naciente AFI, en la PGR, mientras que en seguridad pública quedaba Alejandro Gertz Manero, cuya relación con Gobernación y con la PGR era un poco más que mala.
El resultado fue que se perdió gobernabilidad, se balcanizaron las áreas de seguridad y por ende se perdió también capacidad de control sobre el país. Vicente Fox dice ahora que dio muchas recomendaciones sobre cómo llevar las cosas en el terreno de la seguridad a su sucesor, pero la descomposición que vivimos ahora nació en esos años y por esas decisiones. Al sumir el poder, Felipe Calderón era consciente de que el esquema de Gobernación no funcionaba adecuadamente. En un principio pareció tener la voluntad de regresar al diseño anterior, pero finalmente decidió no hacerlo: en los hechos, como se dijo, llevó la política (y también la seguridad) a Los Pinos.
No necesitaba, desde esa concepción, tener un ministerio del interior fuerte y, si alguna vez hubo esa intención, se diluyó con la muerte de Juan Camilo Mouriño.
Ahora se vuelve al esquema anterior, al incluir la subsecretaría del ramo que tendrá el control sobre las áreas de seguridad. Es muy importante, en ese sentido, darle, como lo tenían la subsecretaría y la entonces naciente Policía Federal, un margen de autonomía y autarquía financiera que no haga a esos cuerpos profesionales dependientes de los vaivenes políticos. Se podrán tener opiniones disímiles sobre sus mandos o el desempeño individual de algunos de sus elementos, pero lo cierto es que la administració de Calderón deja en la Policía Federal un cuerpo profesional muy calificado y competente, que debe ser ampliado, mejorado y cuidado en el futuro. Sería un grave error pensar, como algunos lo imaginan, que la desaparición de la SSP devendrá en la de la Policía Federal y su estructura. No queda claro, sin embargo, cómo se acomodará la nueva gendarmería propuesta en la iniciativa en esa estructura de seguridad. Se supone que sus elementos reemplazarán a las fuerzas militares en las calles, aunque sus elementos provendrán del Ejército, pero la pregunta es si tiene lógica crear una nueva institución en lugar de ampliar y fortalecer a una Policía Federal ya existente y que aparentemente cumple las mismas funciones.
Muchas veces hemos dicho en este espacio que lo que había que cambiar en el terreno de la seguridad no era la estrategia, sino la política, que los problemas no devenían de la adopción de estrategias erradas en el terreno de la seguridad, sino de insuficiencias políticas en su implementación, en la falta de coherencia interna y en la coordinación política de la Federación con los estados y los municipios. Pero si no hay una dependencia que se encargue de ello y que a su vez tenga mando sobre las fuerzas involucradas, resulta imposible alcanzar ese objetivo.
La única crítica que he escuchado a este nuevo (en realidad tradicional) esquema es que, según algunos legisladores del PRD, el mismo pondría en peligro los derechos humanos. Es sencillamente una tontería: cualquier área de seguridad puede violar derechos humanos, pero, al contrario de lo que dicen esos legisladores, cuando existe un control político directo sobre esas instancias, los márgenes de discrecionalidad son mucho menores. En realidad, quienes se oponen a la existencia de un ministerio del interior que funcione como tal, deberían decir lo que realmente desean: una gobernabilidad mucho más laxa que les permita mucho mayores márgenes de discrecionalidad a los poderes fácticos.
No se está inventando el hilo negro. Gobernación quedó convertida en una secretaría política dedicada a mesas, diálogos y búsqueda de acuerdos y perdió su carácter de jefatura de gabinete y de ministerio del interior desde el año 2000, cuando el presidente Fox decidió, muy erróneamente, quitarle atribuciones a esa dependencia, invocando la utilización política de sus instrumentos de seguridad e inteligencia (como si, existiendo la voluntad de utilizarlos con un fin ilícito, hubiera alguna diferencia en que se hiciera desde Gobernación o desde cualquier otra secretaría). En realidad era una idea de Adolfo Aguilar Zinser (y en menor medida, de Jorge Castañeda) que no se sostenía en los hechos y tenía mucho que ver con la naciente disputa interna, al inicio de ese gobierno, con Santiago Creel. En términos de seguridad e inteligencia, a Gobernación (y a Creel) no le dejaron nada; a duras penas pudo mantener al Cisen, con el detalle de que todo el equipo del mismo se fue a la naciente AFI, en la PGR, mientras que en seguridad pública quedaba Alejandro Gertz Manero, cuya relación con Gobernación y con la PGR era un poco más que mala.
El resultado fue que se perdió gobernabilidad, se balcanizaron las áreas de seguridad y por ende se perdió también capacidad de control sobre el país. Vicente Fox dice ahora que dio muchas recomendaciones sobre cómo llevar las cosas en el terreno de la seguridad a su sucesor, pero la descomposición que vivimos ahora nació en esos años y por esas decisiones. Al sumir el poder, Felipe Calderón era consciente de que el esquema de Gobernación no funcionaba adecuadamente. En un principio pareció tener la voluntad de regresar al diseño anterior, pero finalmente decidió no hacerlo: en los hechos, como se dijo, llevó la política (y también la seguridad) a Los Pinos.
No necesitaba, desde esa concepción, tener un ministerio del interior fuerte y, si alguna vez hubo esa intención, se diluyó con la muerte de Juan Camilo Mouriño.
Ahora se vuelve al esquema anterior, al incluir la subsecretaría del ramo que tendrá el control sobre las áreas de seguridad. Es muy importante, en ese sentido, darle, como lo tenían la subsecretaría y la entonces naciente Policía Federal, un margen de autonomía y autarquía financiera que no haga a esos cuerpos profesionales dependientes de los vaivenes políticos. Se podrán tener opiniones disímiles sobre sus mandos o el desempeño individual de algunos de sus elementos, pero lo cierto es que la administració de Calderón deja en la Policía Federal un cuerpo profesional muy calificado y competente, que debe ser ampliado, mejorado y cuidado en el futuro. Sería un grave error pensar, como algunos lo imaginan, que la desaparición de la SSP devendrá en la de la Policía Federal y su estructura. No queda claro, sin embargo, cómo se acomodará la nueva gendarmería propuesta en la iniciativa en esa estructura de seguridad. Se supone que sus elementos reemplazarán a las fuerzas militares en las calles, aunque sus elementos provendrán del Ejército, pero la pregunta es si tiene lógica crear una nueva institución en lugar de ampliar y fortalecer a una Policía Federal ya existente y que aparentemente cumple las mismas funciones.
Muchas veces hemos dicho en este espacio que lo que había que cambiar en el terreno de la seguridad no era la estrategia, sino la política, que los problemas no devenían de la adopción de estrategias erradas en el terreno de la seguridad, sino de insuficiencias políticas en su implementación, en la falta de coherencia interna y en la coordinación política de la Federación con los estados y los municipios. Pero si no hay una dependencia que se encargue de ello y que a su vez tenga mando sobre las fuerzas involucradas, resulta imposible alcanzar ese objetivo.
La única crítica que he escuchado a este nuevo (en realidad tradicional) esquema es que, según algunos legisladores del PRD, el mismo pondría en peligro los derechos humanos. Es sencillamente una tontería: cualquier área de seguridad puede violar derechos humanos, pero, al contrario de lo que dicen esos legisladores, cuando existe un control político directo sobre esas instancias, los márgenes de discrecionalidad son mucho menores. En realidad, quienes se oponen a la existencia de un ministerio del interior que funcione como tal, deberían decir lo que realmente desean: una gobernabilidad mucho más laxa que les permita mucho mayores márgenes de discrecionalidad a los poderes fácticos.
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