por Alex Nowrasteh
Alex Nowrasteh es analista de políticas de inmigración del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute.
Con la sección "sus papeles por favor" de la reciente ley de inmigración SB 1070 de Arizona
entrando en vigor, los grupos de derechos civiles y de vigilancia se
preparan para la letanía acerca de los supuestos abusos y quejas. Lydia
Guzmán, presidente de Respect Respeto, un grupo de derechos civiles en
Arizona que registra abusos a manos de la policía, dijo: "Nuestra línea
de atención ha estado recibiendo cientos de llamadas al día desde que la
ley fue puesta en práctica".
Remover a la fuerza a inmigrantes pacíficos pero no autorizados de
EE.UU., separándolos de sus familias, su propiedad, y sus trabajos, para
satisfacer las complicadas regulaciones del mercado laboral
creadas por políticos progresistas, es una indecencia espantosa.
También inflige un perjuicio económico significativo. Las leyes de
inmigración de Arizona han perjudicado drásticamente su economía desde
mediados de 2007. Los argumentos humanitarios podrían no ser
convincentes para los que se quejan de manera más bulliciosa sobre los
inmigrantes ilegales todavía presentes en el estado, pero los
partidarios de las leyes de inmigración de Arizona si podrían ser
persuadidos con argumentos económicos.
En un nuevo análisis de políticas públicas del Instituto Cato llamado "El argumento económico contra las leyes de inmigración de Arizona" (en inglés) analizo la carnicería económica infligida por las leyes de inmigración de Arizona.
La Ley de Trabajadores Legales de Arizona (LAWA, por
sus siglas en inglés, o sanciones del empleador) fue la primera de este
tipo de leyes e intentó sacar del mercado a los trabajadores no
autorizados por medio de regulaciones. Su herramienta principal es el E-Verify,
un sistema electrónico de verificación que determina la elegibilidad
para el empleo y que ha sido utilizado para descalificar a los
inmigrantes no autorizados cuando solicitan un empleo.
E-Verity tiene tres grandes problemas: Es muy caro, desalienta la inversión y aumenta el desempleo.
Solo analizar a un empleado cuesta aproximadamente $147. El cumplimiento
con este sistema, sin embargo, también requiere de recursos humanos y
servicios legales, lo que aumenta la carga financiera de las empresas.
El segundo problema de E-Verify es que ahuyenta a los negocios, a las
inversiones y a los trabajadores. E-Verify está ligado a lo que la
entonces gobernadora Janet Napolitano denominó "la pena de muerte de las
empresas". A las empresas que contraten conscientemente a inmigrantes
no autorizados les será revocada su licencia ante una segunda ofensa,
matando así a la empresa.
A pesar del hecho de que la pena de muerte de las empresas ha sido
aplicada relativamente pocas veces, la posibilidad ha asustado a los
inversionistas y a las empresas, impulsándolos a salir del estado. Esto
fue en gran parte responsable de la disminución alarmante en la tasa de
creación de empresas en un 14,3% en el tercer trimestre de 2007 en
Arizona. Las tasas de creación de empresas en Nuevo México y California
aumentaron durante el mismo período.
El empresario Richard Melman
(en inglés), quien detuvo sus planes de abrir un restaurante en Arizona
desde que LAWA fue aprobada, dijo: "Inviertes $3 o $4 millones, y
pueden cerrar tu negocio por un error. ¿Por qué correr el riesgo? Quiero
ver cómo se desarrolla esto". Y él no fue el único.
El tercer problema con E-Verify es que aumenta el desempleo. Los partidarios de E-Verify como Kris Kobach,
el Secretario de Estado de Kansas y autor de diversas normas
anti-inmigración a nivel de su estado, afirma que E-Verify sacará a los
inmigrantes no autorizados de puestos de trabajo para que los
estadounidenses puedan llenarlos.
En la realidad, algunos de los inmigrantes no autorizados son forzados a
salir de puestos de trabajo que luego quedan en gran medida sin cubrir.
En la industria agrícola, que contrata una gran
porción de inmigrantes, el empleo en la producción de cultivos se redujo
en un 15,6 por ciento durante los primeros cuatro años después de que
LAWA fue aprobada. Los trabajadores estadounidenses no tomaron los
empleos disponibles. En los estados vecinos de Nuevo México y
California, el empleo en la producción de cultivos aumentó durante el
mismo período. E-Verify explica gran parte de esa diferencia.
Dos años y medio después de que LAWA fue aprobada, Arizona creó una ley
más polémica llamada SB 1070 para hacer cumplir las leyes de inmigración
fuera de los lugares de trabajo. Los efectos combinados de LAWA y SB
1070 obligaron a unas 200.000 personas a salir de Arizona, la mayoría de
ellos del área de Phoenix.
En los seis años posteriores a abril de 2006, el índice de precios de
vivienda de las 20 mayores áreas metropolitanas del país se redujo en un
32,9 por ciento. En Phoenix, el índice de precios se redujo por un
alarmante 51,29 por ciento.
La crisis de la vivienda, junto con haber espantado a 200.000
consumidores del mercado inmobiliario de Arizona, redujo todavía más los
precios. Las tasas de propiedad de la vivienda y de alquileres vacantes
en Arizona fueron siempre superiores a las de California y Nuevo
México. Durante los cuatro años posteriores a la aprobación de LAWA,
Albuquerque e incluso Los Ángeles tuvieron tasas de vacancia que estaban
entre 50 y 75 por ciento más bajas que las que prevalecían en Phoenix.
Como resultado de los efectos de E-Verify descritos anteriormente, la
pena de muerte de las empresas, y la disminución en los precios de la
vivienda parcialmente causada por forzar a cientos de miles de
inquilinos y compradores fuera del mercado, el empleo en la construcción
se derrumbó más rápido y de manera más pronunciada que en los estados
vecinos.
El daño económico causado por LAWA y SB 1070 es sólo la punta del
iceberg. Después de las siguientes elecciones, cuando numerosos estados
comiencen a considerar leyes de inmigración similares a las de Arizona,
deberían hacer una pausa para examinar el tremendo costo económico que
estas han tenido en Arizona.
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