Por: Alejandro Rebossio
Los seguros contra una suspensión de pagos de Argentina han subido
tanto de cotización en las últimas dos semanas que hasta han superado
el nivel de Grecia, según la agencia de noticias Bloomberg. No es que el
país sudamericano tenga una deuda equivalente al 175% de su PIB, como
la griega. Al contrario, se encuentra en su nivel más bajo de los últimos 35 años, en términos netos en el 19% del PIB, mucho menos que el 92% español. Sin embargo, Argentina no puede tomar deuda en los mercados internacionales, como lo ha hecho hace pocas semanas Bolivia, por primera vez en 90 años, o más recientemente Uruguay, con un tipo de interés del 4,1% y un plazo de 33 años. ¿Qué sucede que hay bonos de Argentina que perdieron en dos semanas el 35% de su valor y que la
prima de riesgo de este país ha alcanzado los 1.211 puntos básicos (son
12,11 puntos porcentuales más que el tipo de interés de un bono seguro
tomado de referencia, qu es el de EE UU), con lo que ha superado los 948
de Venezuela, la que era más alta entre los mercados emergentes, y se
encuentra bien por encima de los 456 de España (el bono de referencia
para los países europeos es el de Alemania), aunque por debajo de los
1.614 de Grecia?
Sucede que el pasado 26 de octubre un tribunal de apelaciones de EE UU determinó que los acreedores de la deuda impaga por Argentina desde 2001 tienen el mismo derecho a cobrar que aquellos que aceptaron una quita de ese mismo pasivo en 2005 (una poda del 66%) o en 2010 (un recorte del 50%). Lo que los magistrados dijeron es que Buenos Aires no puede pagarles a los bonistas que han regularizado sus acreencias si no les abona al mismo tiempo a los que no aceptaron las quitas. Su posición se basó en la cláusula llamada pari passu, que contenían los títulos impagos desde 2001 y que establecía que todos los acreedores debían ser tratados del mismo modo. “Si nosotros no cobramos, no cobra nadie”, sería el lema de los demandantes. Y como el ministro de Economía de Argentina, Hernán Lorenzino, ha dejado en claro que su país no les pagará nada a los litigantes, entonces los tenedores de bonos en situación regular comenzaron a temer por que la justicia de EE UU les bloquee su dinero.
La historia es así. En una de las peores crisis políticas, sociales y económicas de su existencia, Argentina declaró hace 11 años la suspensión de pagos más grande de la historia (eran 81.000 millones de dólares, frente a los 172.000 millones de la restructuración griega de este año). En 2005, el entonces Gobierno de Néstor Kirchner ofreció un canje de deuda que implicaba una fuerte quita del capital y los intereses. El 76% de las acreencias fueron canjeadas por bonos nuevos. En 2010, la sucesora y esposa de Kirchner, Cristina Fernández, reabrió el canje y la adhesión llegó al 93%.
Solo el 7% de las acreencias ha quedado afuera de la reestructuración. Son 6.578 millones de dólares de capital y 4.598 millones de intereses vencidos, por lo que totalizan unos 11.177 millones.
Esos 11.177 millones están en manos de los siguientes acreedores, también llamados holdouts porque ha permanecido afuera del canje:
El Gobierno de EE UU, a pesar de sus diferencias con el de Argentina por las deudas impagas a dos empresas norteamericanas que vencieron a este país en el CIADI, se presentó en la causa para defender la tesis de Buenos Aires. El Ejecutivo de Barack Obama considera que una victoria judicial de los holdouts sentaría un mal precedente para otras reestructuraciones de deuda que puedan requerir en un futuro no muy lejano algunos países europeos. Sería como un modo de favorecer que los acreedores rechacen los canjes de deuda.
Pero el tribunal de apelaciones de Nueva York le dio la razón a los fondos buitre y a los ahorradores argentinos. Les reconoció sus acreencias y le pidió al juez de primera instancia que le propusiera un modo para que Buenos Aires pagase lo adeudado. Por eso, el juez Griesa convocó a las partes enfrentadas para que sugiriesen cómo saldar las cuentas.
NML y los otros demandantes pidieron el pasado miércoles que el 3 de diciembre, el día en que Argentina debe afrontar el próximo pago de intereses de los nuevos bonos, les devolviese a ellos el 100% de lo adeudado, es decir, unos 1.430 millones. Este viernes, Argentina debía formular su propuesta. El Gobierno de Fernández se niega a pagarles a los que rechazaron los canjes de deuda con el argumento de que sería desleal para los que los aceptaron. Además, una cláusula de los nuevos títulos establece que si Argentina ofrece una mejor paga a los holdouts, deberá darles el mismo trato a los que en su momento aprobaron las quitas. Pero esta cláusula no rige, en cambio, si es la justicia la que impone a Buenos Aires una retribución más abultada para los litigantes. Es decir, en ese caso, los bonistas que entraron a los canjes no podrían reclamar mejoras.
No se conoce hasta ahora cuál fue la propuesta de pago de Argentina. Una posibilidad era que sugiriera que se les abonara a los demandantes con la misma quita que habían sufrido los que ingresaron a los canjes, aunque con la aclaración de que el Ejecutivo argentino necesitaría la aprobación del Congreso para hacer algo así. Otra opción era que no propusiera ninguna forma de pago. Se sabe que en esta oportunidad el Gobierno de Fernández cuenta otra vez con el respaldo del de Obama y además con el de los tenedores de los títulos en situación regular, que temen que esta batalla legal los perjudique y los deje sin cobrar. Ese miedo fue el que llevó a que muchos se desprendiesen de los bonos argentinos o que comprasen seguros contra una suspensión de pagos forzosa.
Una vez que Griesa elabore su propuesta de pago de Argentina a los acreedores, será el tribunal de apelaciones el que la apruebe o la rechace. Los litigantes le han pedido al juez que mientras tanto derogara su medida de no innovar, de modo tal que el 3 de diciembre Buenos Aires les abonase lo adeudado, pero Griesa dijo hace una semana que de momento continuará el statu quo. Es decir, por ahora Argentina podrá pagar sin inconvenientes en dos semanas a los tenedores de bonos nuevos sin tener que resarcir a los de los títulos antiguos.
El 3 de diciembre vencen solo 40 millones de dólares en títulos argentinos con legislación neoyorquina, pero el 17 de ese mes Buenos Aires deberá desembolsar más de 2.000 millones adicionales. En el Gobierno argentino confían en que si la medida de no innovar continúa, los pagos de diciembre se harán sin problemas. Consideran que solo en 2013 el tribunal de apelaciones dará su veredicto final sobre el modo de saldar las deudas impagas desde 2001.
Sucede que el pasado 26 de octubre un tribunal de apelaciones de EE UU determinó que los acreedores de la deuda impaga por Argentina desde 2001 tienen el mismo derecho a cobrar que aquellos que aceptaron una quita de ese mismo pasivo en 2005 (una poda del 66%) o en 2010 (un recorte del 50%). Lo que los magistrados dijeron es que Buenos Aires no puede pagarles a los bonistas que han regularizado sus acreencias si no les abona al mismo tiempo a los que no aceptaron las quitas. Su posición se basó en la cláusula llamada pari passu, que contenían los títulos impagos desde 2001 y que establecía que todos los acreedores debían ser tratados del mismo modo. “Si nosotros no cobramos, no cobra nadie”, sería el lema de los demandantes. Y como el ministro de Economía de Argentina, Hernán Lorenzino, ha dejado en claro que su país no les pagará nada a los litigantes, entonces los tenedores de bonos en situación regular comenzaron a temer por que la justicia de EE UU les bloquee su dinero.
La historia es así. En una de las peores crisis políticas, sociales y económicas de su existencia, Argentina declaró hace 11 años la suspensión de pagos más grande de la historia (eran 81.000 millones de dólares, frente a los 172.000 millones de la restructuración griega de este año). En 2005, el entonces Gobierno de Néstor Kirchner ofreció un canje de deuda que implicaba una fuerte quita del capital y los intereses. El 76% de las acreencias fueron canjeadas por bonos nuevos. En 2010, la sucesora y esposa de Kirchner, Cristina Fernández, reabrió el canje y la adhesión llegó al 93%.
Solo el 7% de las acreencias ha quedado afuera de la reestructuración. Son 6.578 millones de dólares de capital y 4.598 millones de intereses vencidos, por lo que totalizan unos 11.177 millones.
Esos 11.177 millones están en manos de los siguientes acreedores, también llamados holdouts porque ha permanecido afuera del canje:
- El 36% son bonos en euros que en general pertenecen a inversores europeos. La mayoría de ellos son ahorradores italianos que en muchos casos engañados por los bancos de su país creyeron que en 2000 o 2001 invertían en papeles muy rentables, pero seguros. Como la justicia de Italia no les permitió demandar allí al Estado argentino por la suspensión de pagos, han recurrido al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal del Banco Mundial al que suelen recurrir las multinacionales. De momento, no han conseguido nada concreto.
- El 33% son títulos en dólares que en muchos casos están en poder de inversores institucionales de EE UU, como fondos de inversión o de pensiones o universidades, pero también pertenecen a ahorradores argentinos. Son acreedores que también habían comprado los bonos antes de la suspensión de pagos y han iniciado demandas en los tribunales de Nueva York.
- El 27% son bonos en dólares que están en manos de los llamados fondos buitre. Se trata de inversores que se dedican a comprar en deuda en suspensión de pagos, a precios bajísimos, y después litigan para cobrar el 100% de lo debido. Su política es rechazar cualquier restructuración y enloquecer a los deudores con embargos aquí y allá. Así lo han hecho y con éxito con otros países. Han conseguido varios fallos contrarios a Argentina en EE UU, pero no han podido ejecutar hasta ahora ningún bien. Uno de ellos, NML, de Paul Singer, ha conseguido que desde el mes pasado permanezca embargado en un puerto de Ghana el buque escuela de la Armada de Argentina, la fragata Libertad.
- El 2% son títulos en pesos en manos de ahorradores argentinos. Las demandas en el país sudamericano no han prosperado.
El Gobierno de EE UU, a pesar de sus diferencias con el de Argentina por las deudas impagas a dos empresas norteamericanas que vencieron a este país en el CIADI, se presentó en la causa para defender la tesis de Buenos Aires. El Ejecutivo de Barack Obama considera que una victoria judicial de los holdouts sentaría un mal precedente para otras reestructuraciones de deuda que puedan requerir en un futuro no muy lejano algunos países europeos. Sería como un modo de favorecer que los acreedores rechacen los canjes de deuda.
Pero el tribunal de apelaciones de Nueva York le dio la razón a los fondos buitre y a los ahorradores argentinos. Les reconoció sus acreencias y le pidió al juez de primera instancia que le propusiera un modo para que Buenos Aires pagase lo adeudado. Por eso, el juez Griesa convocó a las partes enfrentadas para que sugiriesen cómo saldar las cuentas.
NML y los otros demandantes pidieron el pasado miércoles que el 3 de diciembre, el día en que Argentina debe afrontar el próximo pago de intereses de los nuevos bonos, les devolviese a ellos el 100% de lo adeudado, es decir, unos 1.430 millones. Este viernes, Argentina debía formular su propuesta. El Gobierno de Fernández se niega a pagarles a los que rechazaron los canjes de deuda con el argumento de que sería desleal para los que los aceptaron. Además, una cláusula de los nuevos títulos establece que si Argentina ofrece una mejor paga a los holdouts, deberá darles el mismo trato a los que en su momento aprobaron las quitas. Pero esta cláusula no rige, en cambio, si es la justicia la que impone a Buenos Aires una retribución más abultada para los litigantes. Es decir, en ese caso, los bonistas que entraron a los canjes no podrían reclamar mejoras.
No se conoce hasta ahora cuál fue la propuesta de pago de Argentina. Una posibilidad era que sugiriera que se les abonara a los demandantes con la misma quita que habían sufrido los que ingresaron a los canjes, aunque con la aclaración de que el Ejecutivo argentino necesitaría la aprobación del Congreso para hacer algo así. Otra opción era que no propusiera ninguna forma de pago. Se sabe que en esta oportunidad el Gobierno de Fernández cuenta otra vez con el respaldo del de Obama y además con el de los tenedores de los títulos en situación regular, que temen que esta batalla legal los perjudique y los deje sin cobrar. Ese miedo fue el que llevó a que muchos se desprendiesen de los bonos argentinos o que comprasen seguros contra una suspensión de pagos forzosa.
Una vez que Griesa elabore su propuesta de pago de Argentina a los acreedores, será el tribunal de apelaciones el que la apruebe o la rechace. Los litigantes le han pedido al juez que mientras tanto derogara su medida de no innovar, de modo tal que el 3 de diciembre Buenos Aires les abonase lo adeudado, pero Griesa dijo hace una semana que de momento continuará el statu quo. Es decir, por ahora Argentina podrá pagar sin inconvenientes en dos semanas a los tenedores de bonos nuevos sin tener que resarcir a los de los títulos antiguos.
El 3 de diciembre vencen solo 40 millones de dólares en títulos argentinos con legislación neoyorquina, pero el 17 de ese mes Buenos Aires deberá desembolsar más de 2.000 millones adicionales. En el Gobierno argentino confían en que si la medida de no innovar continúa, los pagos de diciembre se harán sin problemas. Consideran que solo en 2013 el tribunal de apelaciones dará su veredicto final sobre el modo de saldar las deudas impagas desde 2001.
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