El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, habla con la prensa en el
Palacio de Nariño, en Bogotá, el 19 de noviembre, cuando la Corte
Internacional de La Haya falló sobre el diferendo territorial con
Nicaragua.
Danilo Arbilla
Santiago de Chile – Cecilia Pérez Jara, Ministra General de
Gobierno de Chile, en nombre del presidente Sebastián Piñera, al
inaugurar un encuentro entre directores y editores de diarios y
periódicos de Perú y Chile y al referirse a la cuestión limítrofe
existente entre ambos países, sobre la que habrá de fallar la Corte
Internacional de Justicia de La Haya a mediados del año próximo, fue muy
enfática en resaltar en que sin desmedro de la legítima defensa de la
patria y del territorio, por sobre ello son y serán países y pueblos
limítrofes
comprometidos con la paz y convencidos en la necesidad de avanzar y progresar juntos.
Ese fue el tono que, hace una semana, presidió las deliberaciones del cuarto encuentro entre los periodistas –el anterior se celebró en Lima en mayo pasado–, que abordaron el tema limítrofe, siempre sensible, complejo y delicado y más cuando hay que llevarlo a la opinión pública, pero también otros tópicos como los problemas que en materia de libertad de prensa enfrentan hoy algunos países de la región, muy en particularmente Argentina, Venezuela y Ecuador, y la necesidad de evitar cualquier debilitamiento de las organismos interamericanos de defensa de las libertades y derechos humanos.
Y mientras eso ocurría en Santiago, desde Bogotá, irrumpió en el espectro informativo la inesperada, sorprendente y airada reacción del presidente colombiano Juan Manuel Santos frente al fallo de la Corta de La Haya que definió la controversia sobre soberanía marítima que Nicaragua y Colombia había sometido a su jurisdicción. La reacción del gobierno colombiano, que señala errores y vacíos a la sentencia, prevé de alguna forma “recurrir” un fallo que es inapelable, con reclamos ante las Secretarías de la ONU y de la OEA, e incluye el anuncio de un eventual retiro del Pacto de Bogotá, que reconoce la jurisdicción de La Haya y a la cual hasta ahora está sometida, le guste o no, Colombia.
Esta conducta del gobierno de Santos aparentemente no le está haciendo bien a su imagen y amenaza con deteriorarla aún más a medida que pasan las horas. Por el contrario, ha contribuido a sumar calma respecto a la controversia entre chilenos y peruanos. De una forma u otra, a través de voceros, analistas, excancilleres y los propios cancilleres, de un país y del otro, se ha dejado bien claro que el caso colombiano-nicaragüense no se asemeja al peruano-chileno, pero que más allá de eso, ambos países y gobiernos tienen como conducta, por tradición y por convicción, respetar las decisiones de los organismos a cuyas jurisdicciones están sometidos.
Seguro que no se va a llegar a una guerra en el Caribe, pero da para especular. Muchos se preguntan qué van a hacer los países del ALBA –Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba y su casi miembro Cristina Kirchner– ante esta actitud de Colombia que no le quiere reconocer su nueva soberanía marítima a su socia Nicaragua. Por otro lado están los que asimilan esta actitud del gobierno de Juan Manuel Santos que ante un fallo adverso de un tribunal quiere salirse, a las asumidas por Hugo Chávez respecto a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y la Corte Interamericana, cuando le señalan sus continuas violaciones a los derechos humanos, o le dictan medidas cautelares en defensa de los derechos y garantías de ciudadanos venezolanos.
Como dicen algunos con algo de sorna pero con mucha preocupación: ¿hasta dónde va a llegar el mimetismo de Juan Manuel con “su nuevo mejor amigo”?
comprometidos con la paz y convencidos en la necesidad de avanzar y progresar juntos.
Ese fue el tono que, hace una semana, presidió las deliberaciones del cuarto encuentro entre los periodistas –el anterior se celebró en Lima en mayo pasado–, que abordaron el tema limítrofe, siempre sensible, complejo y delicado y más cuando hay que llevarlo a la opinión pública, pero también otros tópicos como los problemas que en materia de libertad de prensa enfrentan hoy algunos países de la región, muy en particularmente Argentina, Venezuela y Ecuador, y la necesidad de evitar cualquier debilitamiento de las organismos interamericanos de defensa de las libertades y derechos humanos.
Y mientras eso ocurría en Santiago, desde Bogotá, irrumpió en el espectro informativo la inesperada, sorprendente y airada reacción del presidente colombiano Juan Manuel Santos frente al fallo de la Corta de La Haya que definió la controversia sobre soberanía marítima que Nicaragua y Colombia había sometido a su jurisdicción. La reacción del gobierno colombiano, que señala errores y vacíos a la sentencia, prevé de alguna forma “recurrir” un fallo que es inapelable, con reclamos ante las Secretarías de la ONU y de la OEA, e incluye el anuncio de un eventual retiro del Pacto de Bogotá, que reconoce la jurisdicción de La Haya y a la cual hasta ahora está sometida, le guste o no, Colombia.
Esta conducta del gobierno de Santos aparentemente no le está haciendo bien a su imagen y amenaza con deteriorarla aún más a medida que pasan las horas. Por el contrario, ha contribuido a sumar calma respecto a la controversia entre chilenos y peruanos. De una forma u otra, a través de voceros, analistas, excancilleres y los propios cancilleres, de un país y del otro, se ha dejado bien claro que el caso colombiano-nicaragüense no se asemeja al peruano-chileno, pero que más allá de eso, ambos países y gobiernos tienen como conducta, por tradición y por convicción, respetar las decisiones de los organismos a cuyas jurisdicciones están sometidos.
Seguro que no se va a llegar a una guerra en el Caribe, pero da para especular. Muchos se preguntan qué van a hacer los países del ALBA –Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba y su casi miembro Cristina Kirchner– ante esta actitud de Colombia que no le quiere reconocer su nueva soberanía marítima a su socia Nicaragua. Por otro lado están los que asimilan esta actitud del gobierno de Juan Manuel Santos que ante un fallo adverso de un tribunal quiere salirse, a las asumidas por Hugo Chávez respecto a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y la Corte Interamericana, cuando le señalan sus continuas violaciones a los derechos humanos, o le dictan medidas cautelares en defensa de los derechos y garantías de ciudadanos venezolanos.
Como dicen algunos con algo de sorna pero con mucha preocupación: ¿hasta dónde va a llegar el mimetismo de Juan Manuel con “su nuevo mejor amigo”?
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