No son los derechos humanos, es la gobernabilidad

Jorge Fernández Menéndez

Hoy se deben votar en la Cámara de Diputados las reformas a la estructura institucional del gobierno mexicano, sobre todo en dos capítulos centrales: la nueva configuración de la Secretaría de Gobernación, reintegrando a ella las tareas de seguridad; y la creación de la Comisión Anticorrupción que reemplazará a la Secretaría de la Función Pública.
Me temo que sobre ambos capítulos persisten demasiados equívocos, tanto en áreas del futuro gobierno como de sus oposiciones en el legislativo.


El martes escuchaba a mi amigo Roberto Gil, en el programa La Encerrona, decir que no veía claro la necesidad de la reforma en Gobernación. Se preguntaba para qué se necesitaba un órgano de “conciliación y diálogo” como Gobernación si hay, por ejemplo, un instrumento de inteligencia e información como Plataforma México. Es un error y es un error que se repite desde el inicio de la administración de Fox: Gobernación no es, mejor dicho, no debería ser, una secretaría de “concertación y diálogo”. Esa es una de sus funciones, misma que, en un régimen democrático, se da, además, en el ámbito legislativo, pero lo que se requiere, y que tienen todas las democracias del mundo, es un ministerio del interior que incluya las labores de seguridad, entendida como una parte insoslayable de la gobernabilidad del país.
Pensar que se pueden utilizar esas instituciones para espionaje político según en qué secretaría se encuentran, es simplemente la misma simplificación que llevó a desintegrar la de Gobernación en el año 2000, con malos resultados políticos y operativos, lo que aumentó, además, los márgenes de divergencias en el gabinete.
En ninguna democracia del mundo la tendencia ha sido hacia descentralizar del poder político las instituciones de seguridad. El único país que tenía un mecanismo muy descentralizado en ese terreno era Estados Unidos y, poco después de los atentados del 11 de septiembre, rápidamente lo vieron como uno de los mayores errores que permitieron que no se descubrieran a tiempo, a pesar de que se contaba con información como para hacerlo, esos atentados. Se creó entonces el Homeland Security, como un paraguas bajo el cual se cobijan la mayoría de las agencias de seguridad de ese país. Las demás naciones tienen un ministerio del interior que cumple esas funciones además de las eminentemente políticas.
Si Roberto se equivocaba con su definición de lo que debe ser la Secretaría de Gobernación, en el PRD estaban perdidos: Silvano Aureoles lisa y llanamente pensaba que habría que realizar una consulta nacional con organismos de derechos humanos y de familiares de víctimas para ver si ese diseño institucional era el correcto. No tiene sentido y es como confundir la gimnasia con la magnesia: la violación o no de los derechos humanos no depende de cómo se organice un gabinete. Lo importante del diseño institucional es que sea funcional y eficiente, porque garantizar el respeto a los derechos humanos es parte de otras instancias. Convocar a una consulta para ver cómo un presidente quiere organizar a su gabinete no tiene sentido.
El equipo de Peña ha tenido también insuficiencias en explicar públicamente cómo quiere que funcione el nuevo esquema institucional. Se deben dar más detalles sobre todo respecto a lo que se hará con la actual estructura de la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública, cómo se compaginará eso con la nueva gendarmería nacional y cómo quedará finalmente organizada Gobernación. No debe ser una explicación de organigrama, sino política. En ese sentido, se han manejado explicaciones que tampoco tienen sentido: se ha dicho, por ejemplo, que esa reorganización servirá para ahorrar recursos. En realidad no creo que se pueda (ni tampoco en ese sentido que se deba) ahorrar ni un peso: el tema no es para dejar de gastar y compactar estructuras, porque entonces se perderá eficiencia. Todas las áreas actuales de la SSP deben ser parte de la nueva estructura de la subsecretaría de seguridad, incluidas, probablemente, las áreas de comunicación, e incluso debe tener un margen de autarquía financiera, que le otorgue, dentro del mismo esquema institucional, un espacio de cierta autonomía a las áreas de seguridad. Debemos insistir en un punto: en realidad no se trata de algo nuevo, sino de regresar a un esquema similar al que se tenía en Gobernación hace 12 años, que era mucho más operativo, eficiente e integrado.
Ya decidirán hoy los diputados sobre el tema. Pero deben hacerlo sobre información real y bien fundamentada, no basados en supuestos que nada tienen que ver ni con la gobernabilidad ni mucho menos con la seguridad.