¿Qué se sentirá ser miembro de
un órgano regulador que no cumple con su cometido? ¿Qué se sentirá
abdicar en vez de actuar? ¿Cúal será la explicación con la que viven los
miembros de la Comisión Federal de Competencia y la Comisión Federal de
Telecomunicaciones? ¿Cómo se justifican a sí mismos ante la incapacidad
– a lo largo de todo un sexenio – para regular la televisión abierta?
Porque el gobierno de Felipe Calderón termina sin haber licitado una
tercera cadena de televisión. Sin haber promovido la competencia
indispensable. Sin haber instrumentado la regulación necesaria. De allí
las dudas legítimas sobre la capacidad, la imparcialidad y el
profesionalismo de los órganos reguladores en este sector. Más que
regular, parecería que las dos entidades se han ocupado de claudicar.
El sexenio acaba y ni la Cofetel ni la Cofeco cumplirán su acuerdo para
licitar nuevas frecuencias de televisión digital abierta. Y como lo
señala la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), esta
omisión no puede considerarse fortuita. Ingenua. Accidental. No es
resultado ni de criterios técnicos ni de argumentos económicos. Más bien
la omisión revela cómo la política mata la regulación. Cómo los
intereses de la televisión prevalecen sobre los intereses de la
población. Cómo Televisa y Televisión Azteca logran capturar a los
órganos regulatorios y ponerlos a su servicio. Ganando tiempo.
Postergando decisiones. Consolidando el duopolio. Incrementando su
influencia.
Felipe Calderón se va a Harvard dejando los poderes fácticos en la
televisión peor de lo que los encontró. Su gobierno permitió que los dos
únicos competidores se aliaran y fortalecieran sus intereses
corporativos. Calderón se va como el Presidente que más prebendas
otorgó; como el mandatario que más privilegios consagró. Y ello en
contradicción con la Declaración de Principios del propio PAN que
proclama airosamente: "El Estado debe regular los mercados para que los
agentes económicos concurran a ellos y compitan en condiciones de
equidad, y para evitar que el más fuerte imponga condiciones que
terminen por destruir la competencia misma".
Pero las condiciones de equidad no se han promovido. Los imperativos de
la competencia no se han impulsado. Al revés. El gobierno permitió la
insólita alianza entre Televisa y Televisión Azteca, condicionándola a
un acuerdo en el cual la Cofeco, la Cofetel y la Secretaría de Hacienda
se comprometieron a publicar las bases y la convocatoria para licitar
nuevas señales de televisión antes del 30 de noviembre del 2012. La
fecha pasó y nada ocurrió. Y ello revela el error procesal en el cual se
incurrió: lo correcto hubiera sido abrir a la competencia primero y
permitir la fusión después. Ahora la fusión se ha dado, pero la
licitación no. El incumplimiento del acuerdo institucional es
criticable, inaceptable y revelador. Evidencia a un gobierno incapaz de
cumplir los objetivos que desde hace años prometió. Desnuda a un
gobierno doblegado y opaco.
Nadie sabe cúales han sido los pasos de diseño de las bases de
licitación. Ninguno de sus elementos han sido sometidos al escrutinio y a
la discusión pública. Ninguno de sus criterios ha sido evaluado de
manera abierta y transparente. De allí la importancia de empujar un
llamado a la Cofetel para que haga públicos todos los estudios
económicos y jurídicos relacionados con el mercado de la televisión
abierta, la licitación de frecuencias y la transición a la Televisión
Digital terrestre. Ocultar información sólo incrementa la sospecha;
deliberar a espaldas de la sociedad sólo confirma cúanto se le
desprecia.
Peor aún. Apenas el 14 de noviembre la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes dio a conocer los resultados de una licitación en la cual
resultaron ganadores filiales de TV Azteca y Televisa para ofrecer
servicios de banda ancha en 38 de 40 localidades, a pesar de que dichas
empresas son socias. Las dos restantes fueron adjudicadas a Telmex. Y la
Cofeco guardó silencio. No se pronunció. No objetó una decisión que
incrementa la concentración en lugar de evitarla. No intervino para
asegurar la competencia, sino que permitió una transacción que la
inhibe.
El juicio es severo y debería serlo: la Cofeco y la Cofetel han
fracasado. Y las razones del fracaso son producto de la captura, la
complicidad, la debilidad. Órganos fragmentados y pusilánimes han
permitido el fortalecimiento del duopolio y su institucionalización. De
allí la demanda – enarbolada por la AMEDI – de una restructuración
profunda de ambas instituciones para asegurar una independencia que hoy
no tienen. De allí el imperativo de obligarlas a que antepongan el
interés público a los intereses particulares. De allí la exigencia
urgente de reformar la ley de radio y televisión y de proponer un
rediseño institucional sectorial. De allí el llamado al gobierno
entrante de Enrique Peña Nieto a que demuestre independencia política de
la pantalla que lo llevó al poder.
Es cierto. La licitación de nuevas cadenas de televisión no es la
panacea. No va a resolver de golpe los problemas – políticos y
económicos – que produce la acentuada concentración de la propiedad
mediática. Pero constituiría un primer paso en la dirección correcta. El
Estado no puede ni debe renunciar a la responsabilidad de combatir los
monopolios y las prácticas competitivas. El Estado no debe abdicar a la
obligación de fomentar la competencia en telecomunicaciones que tantos
beneficios traería consigo a la población. Enrique Peña Nieto no podrá
tener un gobierno eficaz si evita controlar a los supra-poderes que
intentarán controlarlo a él. Si en lugar de regular a Televisa y a
Televisión Azteca ofrece un gobierno a la medida de sus intereses. Si en
vez de gobernar el País, gobierna para los dueños de la pantalla. |
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