29 diciembre, 2012

Perfectamente mal


Por Javier Livas

Podemos hacer lo correcto bien hecho o mal hecho. Pero si hacemos lo incorrecto bien hecho, resulta peor aún que lo incorrecto mal hecho.

Éste es el caso de la liberación de los jóvenes revoltosos del día 1 de diciembre en el Distrito Federal. Es lo incorrecto muy bien hecho, lo cual lo convierte en algo de lo peor que se ha visto en materia de justicia.

Como todos sabemos, hubo grupos organizados comandados por no sabemos quién, que se propusieron provocar un altercado social generalizado con motivo de la toma de posesión del ahora Presidente Enrique Peña Nieto.


Los jóvenes que participaron generaron destrozos en oficinas y comercios, en edificios públicos, bancos y de paso mandaron al hospital a no pocos policías, algunos de ellos con quemaduras producto de bombazos molotov lanzados por los jóvenes que obraron con toda saña y deliberadamente.

La Policía del Distrito Federal, con todo y que es Policía de un Gobierno perredista, no tuvo más remedio que detener y encerrar a cientos de facinerosos. Así de grande fue el desorden que armaron. Quién no recuerda el camión de volteo que condujeron para estrellarlo en las barreras de contención detrás de las cuales estaban los policías.

Los daños causados y los perjuicios por pérdidas posteriores llegaron, se dijo, a los miles de millones de pesos. Luego todos nos preguntamos si habría justicia para los perjudicados y si se actuaría con mano firme contra los causantes directos de los daños.

Al principio, cuando recién se contabilizaron los detenidos pensamos que por fin se daría una muestra de congruencia por parte de las autoridades capitalinas. Era difícil evitar tener que actuar con mano firme contra los causantes de los destrozos y policías heridos por piedras o gasolina ardiente.

Sin embargo, como sólo en México sucede, un poco más tarde, docenas y docenas de los detenidos salieron libres. Supongo que por falta de pruebas. Al fin y al cabo reunir testimonios de policías que no tienen siquiera la costumbre de firmar un reporte o producir una declaración jurada no es fácil. Se medio entiende, aunque no se justifica.

Pero luego vino lo bueno porque a 14 de los detenidos sí les dictaron formal prisión y quedaron acusados de delitos graves que los hubieran mantenido en la cárcel durante posiblemente 30 años. Ahora sí que la justicia se puso brava. Eso pensamos todos, esto será un escarmiento.

Pues resulta que no. Lo que jurídicamente parecía imposible e irresoluble se produjo. Ya no estoy hablando de la trillada impunidad, ni de la corrupción de los Jueces o de los ministerios públicos. Fue la Asamblea del Distrito Federal, mayoriteada por perredistas, la que decidió darle una solución sin precedentes al problema de "nuestros amigos en el bote".

La solución fue simplemente cambiar la ley y reformatear el delito de alteración grave de la paz pública para reducir sensiblemente la pena de manera que pudiera caber fianza. ¡No, pues, qué bien! Claro que cualquiera que vaya a dar a la cárcel por un delito sobre el cual no existe duda, desearía que el Congreso cambie la ley para derogar o hacer menos punible el delito. Eso exactamente es lo que hicieron los asambleístas.

Peor aún, hablando de lo incorrecto muy bien hecho: acto seguido, varios legisladores del PRD aportaron el dinero para pagar la fianza de los inculpados para que éstos fueran liberados de inmediato.

Este episodio tendrá que pasar a los anales de la historia de la impartición de justicia en México como una de las peores aberraciones jamás cometidas por autoridades constituidas y obligadas a preservar y hacer respetar la ley.

Cambiar las leyes con posterioridad a la comisión de actos delictivos graves para quitarles la gravedad es un antecedente no sólo nefasto, sino peligroso hasta decir ya no. La moraleja que queda es aterradora: se vale delinquir si se hace para apoyar a una fuerza política, que al fin y al cabo, esa misma fuerza se encargará de borrar cualquier delito cometido.

En verdad que en México pasan cosas que son motivo de vergüenza nacional. Esta liberación de delincuentes por un acto legislativo es una de ellas, al grado que quizá se ha situado ya en el primer lugar de todas.


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