Aunque la economía de México va bien, la inversión extranjera directa
durante el periodo julio-septiembre de este año fue la menor desde
2003: 13 mil millones de dólares. El problema es que no hay muchas
oportunidades de inversión en nuestro país porque varios sectores de la
economía, de los más dinámicos, están cerrados. Son controlados por un
monopolio público, como Pemex en el energético, o por empresas privadas
dominantes, como America Móvil en el de telecomunicaciones. Los
capitales están esperando qué piensa hacer el nuevo gobierno de Peña
para abrir oportunidades de inversión en estos sectores. Lo que causa
más interés es una posible reforma energética, pero la primera señal que
ha enviado el Presidente es que será diminuta.
El sábado, Primeras señales de Peña: II. Reforma energética diminuta
se comprometió a “lograr consensos para impulsar, en su momento, una
reforma energética”. Su secretario de Hacienda, Luis Videgaray,
dijo que esto ocurrirá el año que entra. Ahora bien, el Pacto por
México, que firmaron el domingo el gobierno federal y los tres
principales partidos políticos del país (PRI, PAN y PRD), contiene cinco
compromisos sobre este tema. El más importante es el número 54: “Se
mantendrá en manos de la nación, a través del Estado, la propiedad y el
control de los hidrocarburos y la propiedad de Pemex como empresa
pública. En todos los casos, la nación recibirá la totalidad de la
producción de hidrocarburos”. Adiós, entonces, a la posibilidad de los
contratos de riesgo donde se puedan compartir las posibles ganancias con
negocios privados en la exploración y explotación de proyectos
complejos en aguas profundas. Adiós, también, a la posibilidad de que
los capitales privados participen en los nuevos mercados de
hidrocarburos que se extraen del shell-oil y shell-gas.
El Compromiso 55 del Pacto habla de reformas a Pemex: “que se
conserve como propiedad del Estado pero que tenga la capacidad de
competir en la industria hasta convertirse en una empresa de clase
mundial. Para ello, será necesario dotarla de las reglas de gobierno
corporativo y de transparencia que se exigirían a una empresa productiva
de su importancia”. Esto cierra la posibilidad de que capitales
privados, a través de una colocación en bolsa, puedan invertir en la
empresa petrolera tal como sucede, por ejemplo, con Petrobras. Y
mientras Pemex siga siendo una empresa 100% pública, los incentivos no
cambiarán y por tanto no podrá convertirse en una corporación de clase
mundial.
El nuevo gobierno, sin embargo, cree que es posible una mayor
eficiencia y transparencia de Pemex sujetándola a otra instancia
burocrática. Es el Compromiso 58: “Se reformarán las leyes
reglamentarias para ampliar las facultades y fortalecer al Órgano
Regulador, es decir, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, e incluir
obligaciones que permitan someter a Pemex a las exigencias de eficiencia
y transparencia que enfrentan las empresas petroleras del mundo”. Ya
parece que el monstruo que es Pemex va a dejar regularse por una
comisión. Que le pregunten a la Secretaría de Energía qué tanto ha
podido intervenir todos estos años para lograr que opere mejor la
paraestatal.
El Compromiso 56 es tan ambiguo que no dice nada: “Se ampliará la
capacidad de ejecución de la industria de exploración y producción de
hidrocarburos mediante una reforma energética para maximizar la renta
petrolera para el Estado mexicano”.
Finalmente está el 57: “Se realizarán las reformas necesarias para
crear un entorno de competencia en los procesos económicos de
refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos, sin privatizar
las instalaciones de Pemex”. Al parecer el nuevo gobierno y los tres
principales partidos están de acuerdo con que entren los privados a los
negocios menos rentables de la cadena productiva del petróleo.
Es el problema de tratar de lograr un consenso en un tema que requiere grandes definiciones y cambios. Como Peña
quiere que lo apoye tanto la derecha como la izquierda, lo que queda es
una reforma energética deslavada que sólo abre una mínima parte del
negocio. Se trata de una reformita que con toda seguridad decepcionará a
los inversionistas privados, nacionales y extranjeros, que están
esperando algo más grande. Además le dará armas a los monopolios y
oligopolios privados en otros sectores para defenderse de una apertura
obligada desde el gobierno. Con toda razón le reclamarán a Peña
por qué sólo quiere competencia en el sector privado y no en el
público. Y es que la primera señal que está enviando el Presidente es la
de “hágase la competencia sólo en los bueyes de mis compadres
privados”.
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