Leo Zuckermann
El problema es que si el Estado prohíbe los casinos, no hay un agente que los regule y asegure que el dueño no haga trampa. Es lo que se conoce como un problema de “asimetría en la información”, que se considera como una “falla del mercado”. Si dejamos que este asunto se resuelva por las fuerzas de la oferta y la demanda, el oferente del servicio (el casino) tiene más información que el demandante (el jugador). ¿Cómo saber que el “brinco” no nos está mintiendo, trastocando las reglas del juego para que los momios le favorezcan más de lo que de por sí están inclinados a su favor? De ahí que se requiera la intervención estatal para asegurar un intercambio justo e informado entre oferente y demandante.
Al prohibir los casinos, el Estado, por definición, no puede regularlos. Todo queda, entonces, en manos de las mafias, que son los que, también por definición, controlan los mercados ilegales. Y la ilegalidad produce más ilegalidad. En el caso de los “brincos”, está comprobado que incrementan los actos violentos. Cuando en México el juego era ilegal, había violencia en los casinos clandestinos, pero no en San Marcos, donde se permitía el juego legal durante la famosa feria.
¿Queremos regresar a esta situación? Desde luego que no. Los casinos deben ser legales. Lo que se debe cambiar es la regulación del Estado. No porque el gobierno sea corrupto o ineficaz en su labor regulatoria debe castigarse a una actividad social como son los juegos de azar que gustan mucho a tanta gente (incluyendo al que escribe estas líneas).
Si los gobiernos panistas, como se escucha ahora en los medios, incurrieron en una serie de prácticas opacas y hasta corruptas para otorgar permisos de juego, pues que las autoridades las investiguen y, en su caso, castiguen. Más aún: que la Secretaría de Gobernación cambie las reglas para transparentar y hacer más eficaz la regulación de los casinos. La solución es fortalecer las instituciones gubernamentales, no echar para atrás la legalización de los juegos de azar. En particular, hay que terminar con la discrecionalidad política que tiene Gobernación para otorgar los permisos e interpretar los reglamentos de juegos y sorteos.
Además, hay que decir que el juego le deja un buen dinero al gobierno. No sólo los casinos, sino las apuestas legales como las loterías, rifas, sorteos de números, pronósticos deportivos, carreras de caballos o de galgos. Ni hablar de tradiciones tan mexicanas como los palenques o las carreras parejeras tan típicas en las ferias populares.
No dudo que la regulación de los casinos en México sea un desastre. Pero hoy, por lo menos, sabemos cuántos casinos hay, dónde están, cuántos impuestos pagan y si cumplen o no con las reglas del juego, sanitarias y de protección civil. Esto es mucho mejor que regresar a la época de los “brincos”, cuando no se sabía cuántos habían, quiénes eran sus dueños y cómo operaban, amén de la violencia que ejercían, por no hablar de la corrupción, esa sí completamente oscura, para obtener protección policiaca y política. ¿A eso quiere regresar Lorenzo Meyer?
Yo no. Yo rechazo el paternalismo de que el Estado debe protegernos porque jugar es malo. Por el contrario, estoy a favor de la legalización del juego, acompañada de una regulación eficaz. Un Estado que pueda ordenar y reglamentar los centros de apuesta, además de recaudar impuestos, todo con muchísima transparencia. En este sentido, el problema de los casinos en México es de un Estado ineficaz, no de los operadores de casinos (que ciertamente se aprovechan de la mala regulación), mucho menos de aquellos a los que de vez en cuando nos gusta apostar un poco de nuestro dinero para darnos un golpe de adrenalina.
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