El choque que viene

Francisco Garfias

Los focos de alerta se encendieron ayer entre concesionarios y opositores con la presentación en San Lázaro, en primera lectura, de la minuta sobre la Ley de Amparo. El motivo de preocupación son las dos excepciones para acceder a la llamada “suspensión” que contiene la citada Ley, y que están contenidas en las fracciones 11 y 13 del artículo 128.
Estas excepciones afectan a los concesionarios de las televisoras, telefonía, bancos, compañías aéreas, transporte federal, minas, energía y todos los que legalmente exploten los llamados bienes de la nación. Podrán ampararse, sí, pero no acceder a la suspensión. Acuérdese de los nombres de los concesionarios e imagine el tamaño de la bronca.


■La suspensión es la determinación judicial por la que se ordena detener temporalmente la realización del acto reclamado, mientras se resuelve la cuestión constitucional planteada. En otras palabras, evita los perjuicios que pudiesen derivarse del acto reclamado, hasta que termine el juicio de amparo. Sin la posibilidad de acudir a la suspensión, los concesionarios quedan indefensos ante actos del Estado. Si éste resuelve, por ejemplo, expropiar un banco, no podrá continuar con sus actividades hasta que se resuelva el litigio.
“Pueden pasar meses y el negocio tronó”, ilustró el diputado que nos alertó sobre lo que se viene.
En San Lázaro nos aseguran que el tricolor está determinado a otorgar ese “garrote” —que le negó a Calderón durante año y medio— al gobierno de Peña Nieto. Le da “músculo” al Presidente ante un eventual choque con los llamados poderes fácticos.
La bronca es que los opositores alertan sobre posibles abusos de estas excepciones en contra de concesionarios que no sean del gusto del gobierno. “Lo pueden utilizar, incluso, para revanchas políticas”, advierten.
Integrantes de la Junta de Coordinación Política nos dicen que legisladores de la llamada telebancada están en contra de la minuta. Sin embargo, fue aprobada por la Comisión de Justicia con 20 votos a favor y cuatro abstenciones. Las reservas a la Ley de Amparo serán discutidas por el pleno el próximo martes.
■En los pasillos de San Lázaro nos topamos con Martín Esparza. El dirigente del disuelto SME acompañaba a los compañeros de la Organización Nacional de Usuarios en Defensa del Servicio Público de Electricidad, que ayer se movilizaron en el DF contra lo que llaman “abusos de la CFE en el cobro de las tarifas”.
El hombre no escondía su frustración por la resolución de la Corte que dio palo a las aspiraciones de los 16 mil electricistas que no aceptaron su liquidación y que pedían los recontratara la Comisión Federal de Electricidad. “Es una mala señal”, lamentó el controvertido sindicalista.
Esparza habló también de lo mucho que esperaba de la llegada Peña Nieto a Los Pinos. No escondió su decepción. “Va a estar peor. Ahora es a putazos”, nos dijo.
Nos contó también que los electricistas preparan una marcha por distintas ciudades de Estados Unidos que culminará en la sede de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA. “Vamos a pedir el apoyo de los sindicatos de Estados Unidos. No podemos dejar que una imposición dictatorial prive a más de 16 mil trabajadores de su derecho al trabajo”, subrayó.
■Nos cuentan que el senador Roberto Gil, otrora coordinador de la campaña de Josefina Vázquez Mota, pasó aceite ayer en el desayuno de los integrantes de la bancada azul en la Cámara Alta con Gustavo Madero. El jefe nacional del PAN se hizo acompañar por Carlos Olson, tesorero del partido. Lo llevó para aclarar cuentas de los recursos en la campaña de Josefina.
Documentos en mano, les explicó que la candidata presidencial del PAN recibió más de los 220 millones de pesos que registró el IFE. Se le entregaron 108 millones más que fueron prorrateados con las campañas de diputados y senadores.
Gil ha sostenido que esos recursos no llegaron a la campaña. Protagonizó, incluso, un ríspido debate en las redes sociales con Juan Molinar Horcasitas.
Un testigo presencial nos dijo que cuando Olson terminó su explicación, los senadores voltearon a ver a Roberto en espera de su reacción. El ex coordinador de la campaña dijo entonces que sus palabras fueron malinterpretadas por la prensa.
El testigo dijo que, palabras más, palabras menos, Gil manifestó que la suya fue una estrategia de defensa ante una evidente ofensiva que se anunciaba en su contra por la interrogante del dinero. “Correspondía al CEN aclarar dónde quedaron esos recursos”, puntualizó.
Los senadores azules se miraron entre sí y no faltó quien preguntara: ¿Y entonces?
¿Para qué tanto desgaste?
■Perredistas bajacalifornianos se brincaron las trancas y mandaron a volar los acuerdos de la dirigencia nacional con el PAN, para ir en coalición, junto con el Panal, en las próximas elecciones de gobernador en el estado.
“No nos consultaron, nos brincaron, y no vamos a entregar los espacios ganados ni a trabajar para Elba Ester Gordillo o para Acción Nacional, partido al que hemos padecido los últimos 24 años”, nos dijo Hortensia Hernández Mendoza, secretaria general del PRD en esa entidad.
Ella, junto con regidores, consejeros municipales y estatales de ese partido, manifestaron públicamente su apoyo al aspirante del PRI, Fernando Castro Trenti. “Es una persona comprometida con la sociedad”, explicó la perredista