Obamacare: La bomba que dispara el déficit presupuestario

Dr. Robert E. Moffit and Alyene Senger

Antes: En su discurso del 9 de septiembre de 2009 ante una sesión conjunta del Congreso, el presidente Obama declaró: “No firmaré ningún plan que añada un centavo a nuestros déficits, ni ahora ni en el futuro”.
Ahora: Se estima que durante los próximos 75 años, la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare) añadirá $6.2 billones al déficit primario, según la previsión más realista del gasto federal presentada en un nuevo informe de la Oficina de Contabilidad del Gobierno (GAO), el organismo independiente de control fiscal del Congreso. El déficit primario, como indicó la GAO, es la diferencia entre la recaudación federal y los gastos, sin incluir los intereses.


El senador Jeff Sessions (R-AL), que fue quien encargó el estudio, hizo públicas sus averiguaciones esta mañana durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de Senado. El informe de la GAO examina el impacto a largo plazo de Obamacare en la salud fiscal de la nación.
Las previsiones de gasto, déficit y deuda, como observan los analistas de la GAO, se calculan a menudo según la “Simulación Extendida de un Escenario Base”, que asume que la ley actual “continuará sin cambios”. Pero estas previsiones también se pueden calcular según una “Simulación Alternativa”, que asume que “las tendencias históricas y las preferencias normativas continúan”. En definitiva, suposiciones diferentes conllevan resultados diferentes.
La GAO halló que según la simulación del escenario base, el problema del déficit se reduce, pero no se soluciona. Sin embargo, según la simulación alternativa a 75 años, la GAO halló que, a causa de Obamacare, el “déficit primario” aumentaría en un 0.7% del producto interior bruto (PIB) (cifra 5, página 19). Traducir esa estimación porcentual a 75 años en una cantidad de dólares actuales, como señaló el senador Sessions, significaría $6.2 billones durante los próximos 75 años.
La GAO indicó, de forma responsable, que los directivos de Medicare, la Oficina de Presupuesto del Congreso y la Oficina del Actuario “expresaron todos ellos su inquietud en torno a si ciertos mecanismos de contención del gasto incluidos en la PPACA [Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible] se pueden mantener a largo plazo”.
Los críticos de Obamacare nunca aceptaron el escenario de la “ley actual”. En 2011, la Fundación Heritage cuestionó contundentemente las afirmaciones la administración acerca de la reducción del déficit presupuestario. La afirmación de la administración de que la ley sería un instrumento para la reducción del déficit puso a prueba su credibilidad desde el principio. En los primeros 20 años, el plazo presupuestario 2010-2019 sólo incluía seis años del gasto principal de Obamacare, ya que la expansión de Medicaid y los subsidios para los sistemas especializados de seguros médicos no empezarían hasta 2014.
Sin embargo, la administración basó su afirmación de “responsabilidad fiscal” en una variedad de triquiñuelas y trucos presupuestarios poco realistas así como en vacuas ilusiones:

· La recaudación de ingresos y primas por un lado y el pago de los beneficios por otro dan como resultado unos supuestos $70,000 millones de recaudación provenientes de la Ley CLASS (ya extinta).

· La continuidad de la fórmula de actualización del pago a los doctores adscritos a Medicare (el “doc fix” anual).

· La retención por parte del Congreso de $716,000 millones en concepto de reducción de los pagos a Medicare, a la vista del frenético cabildeo de sus profesionales.

· La absurda afirmación de que la reducción en los pagos de Medicare mejoraría simultáneamente la “solvencia” de Medicare mientras que financiaría las ampliaciones de las nuevas coberturas de los seguros.

· La presunción de que millones de americanos serían capaces de mantener la actual cobertura de su empleador.

· La creencia de que las reformas en el cumplimiento de la ley proporcionarían importantes ahorros presupuestarios

· La creencia de que unos recortes adicionales en Medicare por parte de la Junta Asesora Independiente de Pagos (IPAB) no desencadenarían una oposición masiva en ambos partidos.

Con sus raídas bolsas llenas de viejos trucos presupuestarios, los progresistas del Congreso trataron de manipular a la opinión pública como si se tratara de un puñado de pueblerinos en una atracción de feria. Pero el público jamás se tragó el chiste de la “reducción del déficit”. De hecho, el informe más reciente de la GAO prueba que la opinión pública tenía razón en ser escéptica.