Todavía no
está claro qué fue todo lo que realmente sucedió la noche del domingo
pasado en Reynosa, cuando al salir de una función de circo muchas
personas quedaron atrapadas en una balacera que motivó, con
justificación, una alarma como no se había registrado colectivamente en
meses. Sin ser necesariamente secuencial, la violencia se vinculó con
las granadas que a mediados de febrero se tiraron al Palacio de Gobierno
en Ciudad Victoria, en una nueva oleada bélica que volvió a colocar a
la entidad en el epicentro de la guerra que viven desde 2007 los
cárteles de la droga.
Los episodios no están conectados. Las granadas obedecieron a la
respuesta inmediata de los cárteles tamaulipecos al envío en la víspera
de un General que se hizo cargo del mando único policial, puesto en
práctica por el Gobernador Egidio Torre Cantú desde 2011 en una veintena
de municipios. Los enfrentamientos del domingo responden más a la
lógica de la lucha dentro de los cárteles, y no a una afrenta de ellos
hacia las fuerzas de seguridad. Pero para efectos prácticos de la
población, la incertidumbre y el miedo no se alteran con las variables.
Tamaulipas, que no ha dejado de vivir en la violencia, ha visto
recrudecer la batalla de las organizaciones criminales por el control
del estado. Desde 2008 se rompió el frágil equilibrio que existía entre
el Cártel del Golfo y su brazo armado "Los Zetas", que tenía capacidad
autónoma como organización delictiva desde 2005. Esa ruptura propició el
realineamiento de los cárteles y oleadas de violencia por todo el País.
Sin embargo, el fenómeno que ahorra arrecia en Tamaulipas parece estar
más relacionado a la implosión del Cártel del Golfo tras la detención en
septiembre pasado de su líder Jorge Eduardo Costilla, "El Coss", que a
la dinámica de confrontación con "Los Zetas".
En septiembre pasado, 15 días después de la captura de "El Coss", 24
Horas reveló la disputa en el Cártel del Golfo y el enfrentamiento entre
sus brazos armados –remplazos de "Los Zetas"-, "Los Rojos" y "Los
Metros". Detrás de esas dos facciones están Mario Ramírez Treviño, a
quien llaman "Pelón" o "X-20", quien sustituyó a Costilla como líder del
Cártel del Golfo, y Miguel Villarreal, apodado "El Gringo" por ser
estadounidense, y jefe de la plaza de Reynosa. Si las granadas en Ciudad
Victoria fueron acreditadas a "Los Zetas", lo que pasó en Reynosa
recientemente se inscribe en la dinámica por el liderazgo del Cártel del
Golfo.
Versiones periodísticas sugirieron que los enfrentamientos en Reynosa
fueron consecuencia de la orden de Ramírez Treviño de asesinar a
Villarreal, y que el "X-20", cabeza también de "Los Rojos", quiere
apoderarse de Reynosa, donde "El Gringo", vinculado a coches bomba en
Ciudad Victoria, Nuevo Laredo y Monterrey, así como ataques directos al
secretario de Seguridad Pública tamaulipeco y a un sheriff en el sur de
Texas, tiene su bastión. Esta disputa ha vuelto a contaminar algunos
municipios en Nuevo León, cuyas carreteras interconectadas con
Tamaulipas son las que utilizan los cárteles como rutas de escape.
Las dinámicas que explican la lucha de los cárteles son secundarias para
un ciudadano. No así sus efectos, que afectan su entorno, seguridad y
vida diaria. Un Gobierno estatal, limitado en recursos frente a las
bandas criminales, si además sufre el repliegue de las fuerzas
federales, queda a merced del fuego criminal. La decisión del Gobierno
federal para evitar que policías federales y militares mueran o se
enfrenten con sicarios, ha tenido impacto en otros estados como el de
México, donde la Familia Michoacana revivió ante las puertas que les
abrió la lógica de la no confrontación. La estrategia no está
funcionando. Dos estados son prueba del fracaso, y otros más están en la
misma fila. El diseño de la nueva política contra criminales no debe
pasar por la omisión de la realidad, porque la sangre de policías y
militares que no quieren en las calles, después será mayor cuando
intenten recuperar los territorios que les devolvieron, hoy en día, a
los cárteles.
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