Chávez y el acoso a la prensa independiente

El saldo contra la libertad de expresión Chávez y el acoso a la prensa independiente El fallecido Hugo Chávez. El régimen chavista utilizó la concentración de poder y su facilidad para dictaminar leyes, como un instrumento para acallar las voces discordantes de su proyecto de "Socialismo del Siglo XXI". Una de esas víctimas fueron los medios de comunicación privados que sufrieron acoso, persecución y limitaciones para realizar su trabajo

El desaparecido presidente venezolano Hugo Chávez mantuvo siempre una tensa relación con los medios de comunicación privados a quienes acusó, en múltiples ocasiones durante los más de 15 años que se mantuvo en el poder, como los enemigos de la patria y de su proyecto de “Revolución Bolivariana”. Él lo dijo en 2006: “Mantengo una guerra frontal contra ellos, contra los dueños de los canales”. Consciente del poder e influencia de los medios de comunicación para arraigar entre los sectores menos favorecidos de la sociedad venezolana su mensaje de “Socialismo del Siglo XXI”, Chávez impulsó la aparición sustancial de periódicos y canales oficialistas. En esa estrategia se incluyó la posibilidad de silenciar a la oposición y anular la posible fiscalización independiente de sus actos de Gobierno. En sus encendidos discursos contra la prensa independiente, Chávez les acusaba de hacer “apología del delito”, incitar al “desconocimiento del orden jurídico”, fomentar “zozobra en la ciudadanía” o de estar “al servicio” de Estados Unidos. Uno de los casos más emblemáticos de acoso lo sufrió el canal Globovisión que incluyó presiones en contra de sus directivos, millonarias multas por sus coberturas periodísticas o excluyendo a sus profesionales de las conferencias de prensa y anuncios oficiales.  Por ejemplo, a su mayor accionista, el empresario Guillermo Zuloaga, le fueron confiscados sus bienes y tuvo que solicitar asilo político en Estados Unidos debido a que fue perseguido por los delitos de usura genérica continuada y agavillamiento. Del mismo canal, el accionista Nelson Mezerhane fue denunciado judicialmente por el Gobierno chavista. La más reciente agresión en contra de Globovisión se fraguó al excluir al canal del proceso de reconversión digital  televisiva. A mediados de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría para la Libertad de Expresión manifestaron su profunda preocupación por cruzada librada por Chávez contra Globovisión, y la orden de captura dictada contra su presidente, Guillermo Zuloaga. Contra Radio Caracas Televisión (RTC), en 2007 el régimen “chavista” se negó a renovar su concesión por haber difundido informaciones que los oficialistas consideraron hostiles. Tras su salida del aire, el régimen utilizó su señal para transmitir la de un nuevo canal estatal de servicio público: TVes. Los directivos de RCTV encontraron como salida emitir por cable bajo el nombre de RCTV Internacional, aunque el 24 de enero de 2010 el nuevo canal volvió a ser suspendido en virtud de la denominada Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, más conocida como “Ley Resorte”. Esa medida obliga a todos los medios de comunicación privados venezolanos cuya programación fuese producida en más del 70% por ciento por recursos venezolanos, a emitir los contenidos institucionales del Gobierno –incluyendo los mensajes maratónicos del “¡Aló presidente!”-. También se impusieron restricciones publicitarias. Bajo ese panorama, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció repetidamente la grave situación que enfrentan los medios de comunicación independientes al tratar de realizar su labor. A base de reformas, en 2009 el régimen pudo cerrar más de 30 radioemisoras. Una de las respuestas vino desde la  Asociación Internacional de Radiodifusión (que representa a unas 17,000 emisoras de radio y televisión privadas del mundo entero) quien pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) enviar a Venezuela una comisión "”para investigar las graves violaciones registradas en Venezuela, en especial la agresiva y sistemática reducción de las libertades de expresión y opinión”. Otro directivo víctima fue Dinora Girón, del semanario Sexto Poder cuya publicación y distribución fue suspendida por acciones judiciales que encontraron “abusos de poder”. A ella se le encontró culpable de incurrir en los delitos de vilipendio a un funcionario público. Muchos fueron sus enfrentamientos directos con periodistas. Entre esos incidentes figura la rueda de prensa que convocó con corresponsales internacionales en noviembre de 2008 casi a la medianoche en el Palacio de Miraflores, y en la que confrontó  a la periodista de CNN Patricia Janiot, y la acusó junto a la cadena de televisión de manipular información contra su gobierno. A un periodista de la cadena estadounidense Fox le llamó, en 2009, “estúpido”  y con la mente “llena de veneno”. Pero, quizá el más recordado fue el de la conferencia de prensa del 29 de septiembre de 2010 con Andreína Fuentes, corresponsal de la agencia Radio Francia Internacional y RCN radio, a quien calificó de ignorante y de trabajar para medios que difunden “mentiras”, después de haberle preguntado sobre los resultados de las recientes elecciones legislativa.