Contra los derechos humanos

Contra los derechos humanos

Por Alvaro Vargas Llosa

El Mundo.es

Bajo el radar, está en marcha una operación para debilitar el sistema institucional y jurídico que protege los derechos humanos en América Latina. La operación la encabezan los países de la izquierda autoritaria, y la centro izquierda y la centro derecha los dejan hacer.

Me refiero al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, cuyas columnas vertebrales son una comisión (CIDH) con sede en Washington y un tribunal con sede en Costa Rica. Ambos organismos pertenecen a la Organización de Estados Americanos (OEA), pero –y ésta es la madre del cordero—  funcionan con autonomía con respecto a dicha organización y por tanto frente a los gobiernos del hemisferio. Como parte de este entramado, hay una urticante Relatoría Especial que se ocupa de la libertad de expresión. 

A ningún país, de izquierda o derecha, le gusta la CIDH porque se mete con casi todos a partir de casos que plantean los ciudadanos. Desde la centro derecha, Colombia ha tenido choques con la CIDH por los atropellos cometidos por los militares en el combate contra el narcoterrorismo. Desde la centro izquierda, Brasil no toleró que la CIDH dictara una medida cautelar contra la construcción de una represa en la Amazonía. Pero es desde la izquierda chavista que han venido los cuestionamientos más sistemáticos. Hugo Chávez denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos (por cuya vigencia vela la CIDH) y Ecuador ha usado como pretexto para pedir una revisión total del Sistema Interamericano el que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión criticara el acoso judicial contra el diario El Universo.

Bajo presión, la OEA emprendió el año pasado un proceso de consultas para reformar la CIDH, que tendrá su momento cumbre en una Asamblea General Extraordinaria este 22 de marzo. Lo mejor que puede pasar es que se adopten las propuestas de reforma presentadas por la propia CIDH para salvar su propio pellejo, y lo peor, que se adopten ciertas medidas que proponen los países de la izquierda autoritaria que en la práctica la desdentarían.

Entre las distintas propuestas de los países que más atropellos han cometido están el recorte de competencias de la CIDH (por ejemplo emitir medidas cautelares), el traslado de la sede del organismo nada menos que a Argentina, aliada militante de quienes más la atacan, y la limitación del financiamiento autónomo de la Relatoría que se ocupa de la libertad de expresión.

Los errores y excesos cometidos por la CIDH en ciertos casos pesan, en la balanza, mucho menos que sus aciertos. Y, lo que es quizá más importante, ella es un referente para todas esas víctimas actuales o potenciales que en ciertos países poco democráticos la tienen como el recurso último contra la desesperanza. Me consta lo que significó para quienes en los años 90´ acudían a ella, o intentaban hacerlo, para denunciar la implacable aplanadora que era el régimen peruano de entonces contra  todo esfuerzo por defender los derechos humanos y la libertad de expresión.

Hoy, para los venezolanos, los ecuatorianos y otros pueblos, el Sistema Interamericano es una de las escasísimas zonas de eso que llamamos "comunidad internacional" que ha intentado protegerlos de los abusos de poder sistemáticos. Aunque pertenece a la OEA, por ser autónoma la CIDH ha podido sustraerse al deprimente juego político que ha reducido a letra muerta la Carta Democrática Interamericana, suscrita a la caída del gobierno peruano de Fujimori con la idea de que nunca más los países del vecinario permitieran la transformación de una democracia en un gobierno dictatorial. Mientras la OEA avaló en gran parte la metamorfosis que llevó a las democracias mediocres, pero democracias al fin y al cabo, a volverse regímenes autoritarios o semi autoritarios, la CIDH y la Relatoría Especial salvaron el honor procurando hacer su trabajo.

No extraña que quieran neutralizar a esa institución. Y no extraña que        países  democráticos que han avalado desde la OEA los atropellos a la legalidad en los países vecinos estén encantados de desdentar a la CIDH, que también les ha sido incómoda. Pero si ello acaba ocurriendo, tarde o temprano los países democráticos del continente estarán más expuestos a que allí también, un buen día, el caudillismo populista o el autoritarismo con charreteras se hagan fuertes.

Ojalá que el 22 de marzo haya suficientes gobiernos dispuestos a pelear para impedir que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos se vuelvan humor negro.