EE.UU.: El matrimonio no debería ser regulado por el gobierno federal

por Jason Kuznicki

Jason Kuznicki es académico de investigaciones del Cato Institute.
Por supuesto que el matrimonio homosexual debería ser una cuestión decidida por los estados. De hecho, todo lo que comprende el matrimonio debería ser decidido por los estados. Busque en la Constitución de EE.UU. de principio a fin y no encontrará referencia alguna al matrimonio. Si encontrará, sin embargo, la Décima Enmienda, que dice lo siguiente: “Las atribuciones que la Constitución no ha delegado a los Estados Unidos ni prohibido a los Estados, quedarán reservadas a los Estados respectivamente o al pueblo”.


El matrimonio no es comercio, ni una guerra ni un impuesto. No está relacionado al dinero, ni a la oficina del correo postal, ni al sistema de patentes ni a cualquier otro de los poderes enumerados del gobierno federal. Su regulación no es necesaria ni adecuada en la consecución de esos poderes.
Al momento de redactar la Constitución, todos los estados tenían uno u otro tipo de leyes matrimoniales. Habían amplias diferencias entre ellas, tanto en ese entonces como ahora, y tales diferencias han existido en todo momento desde ese entonces y persisten el día de hoy.
Los fundadores no tenían el deseo de decidir estas cuestiones y tampoco querían que un Congreso en el futuro lo decida. La Constitución que ellos escribieron dejó solamente dos opciones: O se permite que los estados regulen el matrimonio (tal vez derivando en consecuencias federales) —o se devuelve el matrimonio a la gente, a los individuos, familias y comunidades. Cualquiera de estas dos opciones sería consistente con la Constitución. La Ley de Defensa del Matrimonio, sin embargo, no lo es.
Hablando desde mi ámbito personal por un momento, estoy casado con alguien del mismo sexo. Algunos estados reconocen mi matrimonio, incluyendo mi estado natal de Maryland. Me alegra que lo reconozcan y deseo que más de ellos lo hagan. Pero así como el Congreso no puede prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, debo concluir que el Congreso tampoco lo puede establecer.
Si los estados todos deben reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo como algo relacionado a la legislación de derechos civiles, no a la Décima Enmienda, es una cuestión que la Corte Suprema podría abordar pronto. El caso de la Proposición 8 —enmienda a la Constitución del estado de California que especifica que el estado californiano solo reconocería el matrimonio heterosexual— no requiere de esto. Y es todavía menos posible que la Corte tome la decisión de gran envergadura que se requiere para decir ‘si’ a la interrogante anterior. Mientras tanto, estoy contento con respaldar el matrimonio entre personas del mismo sexo y de defenderlo a nivel de los estados, donde la opinión pública rápidamente está cambiando a su favor y donde vale la pena dar la pelea todavía.