Golpe a la telecracia
Francisco Báez Rodríguez
Quienes pensaban que el Pacto por México era
nada más una ocasión para que, de manera oportunista, los políticos se tomaran
la foto, pueden pensar de nuevo. Ese mecanismo de concertación está dando resultados
cada vez más evidentes. Prueba de ello es la Iniciativa de Reforma
Constitucional en Materia de Telecomunicaciones, presentada con justificados
bombo y platillo.
La de telecomunicaciones es, hasta ahora, la iniciativa de reforma más trascendente de las presentadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Más que la laboral. Más que la educativa. Es una iniciativa que da un vuelco a las relaciones de poder en México.
Durante muchos años, el poder político de este país ha estado sujeto a las presiones, los chantajes y hasta los caprichos de los grandes consorcios mediáticos y del gran capital. Son parte de los llamados “poderes fácticos” que se han enseñoreado en México, por encima de los de la democracia representativa.
Por ellos se ha llegado a hablar de que vivimos en una “telecracia”, donde las televisoras hacen y deshacen reputaciones, para obligar a las fuerzas políticas a trabajarles a contentillo. Un mundo al revés, en donde los medios eran los hegemónicos, y gobierno y partidos eran los subalternos.
Esta situación —habíamos escrito repetidas veces— se daba más por la incapacidad del político-esclavo para reivindicar sus poderes, que por la fuerza de la televisora-amo para imponer sus chantajes. Los políticos habían sobrestimado el poder de los grandes consorcios de televisión, por temor a pagar el “costo político” de una campaña mediática en su contra.
Varios personajes que, en su momento, tuvieron el valor para oponerse a las pretensiones de las televisoras de imponer una legislación a modo, sufrieron las consecuencias, con una constante y machacona campaña adversa.
El Pacto por México, al distribuir las cargas de responsabilidad política entre los diferentes partidos, hace de lado el espectro del “costo político” partidista y les permite a todos poner en primer lugar los intereses nacionales.
Genera un frente común más difícil de partir para los afectados, quienes tendrían que despojarse de su máscara de demócratas para defender abiertamente sus intereses (de que lo harán por lo bajo, cabildeando modificaciones en lo particular, no cabe duda).
La iniciativa sobre telecomunicaciones recupera la rectoría del Estado sobre el espacio radioeléctrico, genera condiciones para garantizar el acceso a la libertad de información y a las tecnologías, promueve la libertad de expresión y, además, elimina el aspecto político en el otorgamiento y revocación de concesiones. Se trata de una puesta al día que la sociedad llevaba tiempo esperando.
Al respecto, por fin se abren los espacios —que estuvieron cerrados durante décadas por razones políticas, no tecnológicas— para la licitación de nuevas cadenas de televisión abierta. Esto deberá traducirse, aunque no haya garantía para ello, en una mayor pluralidad y en una mejora en la calidad de los contenidos. Y sin duda, acotaría el poder y la prepotencia de los grupos existentes.
La iniciativa también tiene un fuerte contenido antimonopólico. Ordena la desincorporación de activos de quienes concentren más de 50 por ciento del mercado, lo que impacta directamente en los tres grandes consorcios que actualmente controlan la radiodifusión y las telecomunicaciones en México.
El propósito no es contrario a los mercados, sino favorable a su buen funcionamiento. Un mercado funciona adecuadamente cuando hay competencia y nadie puede imponer precios, cuando hay información suficiente para que los inversionistas y consumidores tomen decisiones racionales, cuando hay certidumbre jurídica y no hay forma en la que los participantes más fuertes cambien las reglas, o las desobedezcan sin consecuencias. La radiodifusión y las telecomunicaciones son mercados distorsionados; lo que se busca es que ahora funcionen correctamente.
La tarea no es sencilla, porque implica avanzar con rapidez para superar el grave rezago de México en el acceso a la infraestructura de banda ancha, en el crecimiento y desarrollo de la radiodifusión y las telecomunicaciones y en términos de analfabetismo digital.
Se dice más rápido de lo que se hace. ¿Cuántas comunidades tienen apenas acceso a uno o dos canales monopólicos de televisión abierta, y nada más? ¿Cuántas localidades están ahora adecuadamente cubiertas en banda ancha? Los de adelante han corrido mucho y nos hemos quedado atrás.
Si la iniciativa tiene éxito, será capaz de poner fin a la simbiosis entre medios de comunicación y poder político, y mover a aquellos a ponerse al servicio de la población. También actualizará una legislación que llevaba dos décadas atrasada —mientras las tecnologías avanzan que es una barbaridad—.
Generará condiciones que permitirán un mayor crecimiento y una mejor inserción de México en la llamada “sociedad de la información y del conocimiento”. Nos moverá de la telecracia hacia la democracia. Pero para que tenga éxito, deberá pasar por el tamiz de las cámaras y enfrentarse a los intereses de los grupos afectados.
De ahí que sea importante que los partidos participantes en el Pacto por México se mantengan firmes a la hora de votar los puntos centrales de la iniciativa. Los grupos mayoritarios dentro del PRD tendrán que hacer acopio de razones para que toda la bancada camine por la ruta de la responsabilidad, en un tema en el que claramente debería de haber unanimidad (los berrinches están en otro lado, que es Morena).
En el PAN, deben superarse las mezquindades, y aislarse a aquellos grupos panistas que se han resistido a esta iniciativa —luego de que sus gobiernos fueron presa de los poderes fácticos—. En el PRI, debe también privar la unidad en torno a esta iniciativa, a pesar de la conocida influencia de los monopolios sobre algunos de sus legisladores —y más aún en el PVEM, donde está el grueso de la llamada “telebancada”. En el Congreso se verá de qué madera está hecho cada quien.
Finalmente, hay que apuntar que se está haciendo política desde el Ejecutivo. Construcción de consensos, distribución de responsabilidades, argumentos de fuerza, visión por encima de los grupos de interés. Exactamente lo contrario a lo que decía la propaganda contra Peña Nieto durante la campaña electoral. Las falacias están cayendo por su propio peso.
La de telecomunicaciones es, hasta ahora, la iniciativa de reforma más trascendente de las presentadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Más que la laboral. Más que la educativa. Es una iniciativa que da un vuelco a las relaciones de poder en México.
Durante muchos años, el poder político de este país ha estado sujeto a las presiones, los chantajes y hasta los caprichos de los grandes consorcios mediáticos y del gran capital. Son parte de los llamados “poderes fácticos” que se han enseñoreado en México, por encima de los de la democracia representativa.
Por ellos se ha llegado a hablar de que vivimos en una “telecracia”, donde las televisoras hacen y deshacen reputaciones, para obligar a las fuerzas políticas a trabajarles a contentillo. Un mundo al revés, en donde los medios eran los hegemónicos, y gobierno y partidos eran los subalternos.
Esta situación —habíamos escrito repetidas veces— se daba más por la incapacidad del político-esclavo para reivindicar sus poderes, que por la fuerza de la televisora-amo para imponer sus chantajes. Los políticos habían sobrestimado el poder de los grandes consorcios de televisión, por temor a pagar el “costo político” de una campaña mediática en su contra.
Varios personajes que, en su momento, tuvieron el valor para oponerse a las pretensiones de las televisoras de imponer una legislación a modo, sufrieron las consecuencias, con una constante y machacona campaña adversa.
El Pacto por México, al distribuir las cargas de responsabilidad política entre los diferentes partidos, hace de lado el espectro del “costo político” partidista y les permite a todos poner en primer lugar los intereses nacionales.
Genera un frente común más difícil de partir para los afectados, quienes tendrían que despojarse de su máscara de demócratas para defender abiertamente sus intereses (de que lo harán por lo bajo, cabildeando modificaciones en lo particular, no cabe duda).
La iniciativa sobre telecomunicaciones recupera la rectoría del Estado sobre el espacio radioeléctrico, genera condiciones para garantizar el acceso a la libertad de información y a las tecnologías, promueve la libertad de expresión y, además, elimina el aspecto político en el otorgamiento y revocación de concesiones. Se trata de una puesta al día que la sociedad llevaba tiempo esperando.
Al respecto, por fin se abren los espacios —que estuvieron cerrados durante décadas por razones políticas, no tecnológicas— para la licitación de nuevas cadenas de televisión abierta. Esto deberá traducirse, aunque no haya garantía para ello, en una mayor pluralidad y en una mejora en la calidad de los contenidos. Y sin duda, acotaría el poder y la prepotencia de los grupos existentes.
La iniciativa también tiene un fuerte contenido antimonopólico. Ordena la desincorporación de activos de quienes concentren más de 50 por ciento del mercado, lo que impacta directamente en los tres grandes consorcios que actualmente controlan la radiodifusión y las telecomunicaciones en México.
El propósito no es contrario a los mercados, sino favorable a su buen funcionamiento. Un mercado funciona adecuadamente cuando hay competencia y nadie puede imponer precios, cuando hay información suficiente para que los inversionistas y consumidores tomen decisiones racionales, cuando hay certidumbre jurídica y no hay forma en la que los participantes más fuertes cambien las reglas, o las desobedezcan sin consecuencias. La radiodifusión y las telecomunicaciones son mercados distorsionados; lo que se busca es que ahora funcionen correctamente.
La tarea no es sencilla, porque implica avanzar con rapidez para superar el grave rezago de México en el acceso a la infraestructura de banda ancha, en el crecimiento y desarrollo de la radiodifusión y las telecomunicaciones y en términos de analfabetismo digital.
Se dice más rápido de lo que se hace. ¿Cuántas comunidades tienen apenas acceso a uno o dos canales monopólicos de televisión abierta, y nada más? ¿Cuántas localidades están ahora adecuadamente cubiertas en banda ancha? Los de adelante han corrido mucho y nos hemos quedado atrás.
Si la iniciativa tiene éxito, será capaz de poner fin a la simbiosis entre medios de comunicación y poder político, y mover a aquellos a ponerse al servicio de la población. También actualizará una legislación que llevaba dos décadas atrasada —mientras las tecnologías avanzan que es una barbaridad—.
Generará condiciones que permitirán un mayor crecimiento y una mejor inserción de México en la llamada “sociedad de la información y del conocimiento”. Nos moverá de la telecracia hacia la democracia. Pero para que tenga éxito, deberá pasar por el tamiz de las cámaras y enfrentarse a los intereses de los grupos afectados.
De ahí que sea importante que los partidos participantes en el Pacto por México se mantengan firmes a la hora de votar los puntos centrales de la iniciativa. Los grupos mayoritarios dentro del PRD tendrán que hacer acopio de razones para que toda la bancada camine por la ruta de la responsabilidad, en un tema en el que claramente debería de haber unanimidad (los berrinches están en otro lado, que es Morena).
En el PAN, deben superarse las mezquindades, y aislarse a aquellos grupos panistas que se han resistido a esta iniciativa —luego de que sus gobiernos fueron presa de los poderes fácticos—. En el PRI, debe también privar la unidad en torno a esta iniciativa, a pesar de la conocida influencia de los monopolios sobre algunos de sus legisladores —y más aún en el PVEM, donde está el grueso de la llamada “telebancada”. En el Congreso se verá de qué madera está hecho cada quien.
Finalmente, hay que apuntar que se está haciendo política desde el Ejecutivo. Construcción de consensos, distribución de responsabilidades, argumentos de fuerza, visión por encima de los grupos de interés. Exactamente lo contrario a lo que decía la propaganda contra Peña Nieto durante la campaña electoral. Las falacias están cayendo por su propio peso.
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