La competitividad de la economía

Adolfo Orive

El debate sobre este concepto se inició desde 1990, considerándolo más allá de la macroestabilización en América Latina. 

El Constituyente Permanente está en el proceso de aprobar las reformas a los artículos 25 y 26 constitucionales en materia de competitividad. Recordemos que el artículo 25 establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para fortalecer la soberanía de la nación y promover el crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demanda el interés general. A esta concepción, el Congreso de la Unión le agregó el concepto de competitividad que está siendo discutido en el Constituyente Permanente. Una vez aprobada la reforma, la Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados se ha dado por objetivo elaborar la iniciativa de ley reglamentaria que someterá a consideración del pleno de la LXII Legislatura.


Para tal efecto, la Comisión de Competitividad, conjuntamente con el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, está realizando cinco talleres con la participación de dirigentes de asociaciones empresariales y especialistas de instituciones de educación superior tanto públicas como privadas. Posteriormente organizará dos o tres talleres más con dirigentes de sindicatos y de trabajadores. Los primeros cinco tienen como temas: 1) El concepto de competitividad y sus aspectos transversales en México; 2) La competitividad en los procesos de producción y en los productos; 3) La competitividad en las diferentes regiones del territorio nacional; 4) La competitividad en términos de cadenas de valor y sus segmentos; y 5) Casos de países emergentes, destacados promotores de competitividad y la opinión de los partidos políticos en la materia. En la presente y próximas entregas pretendo presentarle al lector los conceptos e ideas más significativas destacadas en estos talleres.
El debate sobre el concepto de competitividad se inició desde 1990, considerándolo más allá de la macroestabilización en América Latina. Una de las principales causas para concebirlo en estos términos fueron las nuevas formas de organización industrial realizadas principalmente por las empresas transnacionales; nuevas formas que implicaban los conceptos de cadena de valor y sus segmentos, cluster, redes intra e interempresa, desarrollo sectorial, desarrollo regional y zonas económicas estratégicas, etcétera. Con esta revolución en las organizaciones de negocio se intensificó y especificó el diálogo entre los sectores público, privado y académico, al grado de crear sistemas locales y sectoriales de innovación con la participación de los tres sectores.
El doctor Enrique Dussel Peters —de la UNAM— propuso que, en este contexto, la definición de competitividad implicara: a) una visión sistémica —macro, meso y microeconómica—; b) encadenamientos mercantiles nacionales y globales y sus segmentos, y c) la forma específica en que se integran regiones a procesos y productos específicos. Para ello las políticas públicas —especialmente la política industrial— deberían incluir objetivos, estrategias y evaluaciones a corto, mediano y largo plazos.
El doctor Juan Carlos Moreno-Brid —de la CEPAL— propuso la necesidad de un cambio estructural de la planta productiva con el objetivo de que la economía mexicana pueda ser competitiva no sólo en los mercados internacionales sino también en los mercados domésticos donde, en la actualidad, está viéndose rebasada por las importaciones, principalmente del Este Asiático. Propone impulsar el cambio estructural hacia sectores intensivos en tecnología y conocimiento, articulándolos con sectores con rápido crecimiento de la demanda interna y externa —para garantizar la expansión del empleo—, sin perder de vista las restricciones externas de este nuevo modelo de crecimiento; modelo alternativo al predominantemente liberal que no ha generado ni crecimiento económico ni suficiente empleo. Insistió en el papel clave que tienen las políticas y la inversión públicas en la promoción del cambio estructural al inducir inversiones privadas complementarias e identificar sectores y actividades de mayor crecimiento en el futuro.
El doctor Clemente Ruiz Durán —de la UNAM— agregó a la visión sistémica de la competitividad un nivel meta, que implica objetivos de largo, mediano y corto plazos que orienten el desarrollo de la sociedad, conforme lo establece el propio artículo 25 de la Constitución, cuyos principios anotamos al inicio de esta columna. Insistió también en la necesidad de focalizar territorialmente los fondos de innovación destinados a promover la alta, media y baja tecnología, así como la necesidad de otorgar un mayor presupuesto a la promoción de la competitividad empresarial. Puso el ejemplo de los desembolsos del BNDES de Brasil por rama de actividad y por empresa. Finalmente, destacó la importancia en la creación de conciencia en los agentes económicos para conseguir un acuerdo general sobre cómo abordar algunos de los obstáculos clave a nivel nacional, en términos de la necesidad de un cambio, también institucional