"Hay que
quitarle poder a los narcotraficantes, la estrategia es desaparecerlos
de los medios". Así textual es la frase que mi fuente que asistió a la
última reunión entre gobernadores de todo México (Conago), me asegura
que se repitió fuera de la agenda formal.
Y otra vez, este martes 12 de marzo en Nuevo León, durante la reunión
del gabinete de Seguridad se replanteó esta idea. En esta reunión sobre
Seguridad Nacional, además de plantearse cómo se llevarán a cabo los
seis puntos del plan presidencial sobre seguridad, Eduardo Sánchez, el
Subsecretario de Normatividad y Medios, estaba allí para unificar el
discurso institucional. Es decir, la idea formal que se discutió
consiste en integrar un discurso mediático, tanto presidencial como de
todos los gobernadores de los estados más vapuleados por la violencia,
para cambiar la percepción sobre el poder de los cárteles. También para
transformar, en lo superficial al menos, la imagen de México en el
mundo. La perversidad de esta estrategia rebasa cualquier intento que
hiciera el ex Presidente Felipe Calderón por acotar o usar a los medios.
Me explico.
Hoy el gabinete de Seguridad está afinando las negociaciones para el
segundo plan Mérida, el cual incluye varias estrategias que, sin
novedad, van a centrarse en el incremento del espionaje gubernamental y
la elaboración de listas de personas que pueden poner en peligro la
seguridad nacional (listas negras). Para Washington, el plan Mérida II,
al igual que el anterior, incluye el fortalecimiento de las políticas
antiterroristas y la persecución de delincuentes de alto perfil. Para
Peña, incluye dejar pasar la droga y dejar que ese se convierta en un
problema de los estadounidenses. Pero no es lo mismo dejar pasar la
droga que dejar pasar la violencia que pone en jaque a la sociedad. La
complejidad de estas medidas es tremenda.
Miguel Ángel Osorio Chong dijo ayer a los medios que celebra la
"espléndida y gran coordinación" que existe entre el Gobierno federal y
los gobiernos locales para asumir el compromiso de "regresar la paz a
todos los mexicanos"; esta declaración la hizo justo después de que,
tras los ataques a medios y periodistas en Chihuahua, el Gobernador
Duarte asumiera que el atentado no estaba relacionado con la
delincuencia organizada. Casi paralelamente Aristóteles Sandoval,
Gobernador de Jalisco, dijo que el asesinato de su Secretario de Turismo
había sido perpetrado por delincuentes comunes. Lo mismo sucede en
Tamaulipas, donde entre balazos y granadas, una guerra es negada por el
Gobernador.
La maniobra gubernamental pretende regresar la violencia e inseguridad
derivadas de esta guerra a las secciones policiacas y desaparecerlas de
las primeras planas. Prueba de ello es que según la investigación de
nuestro colega Enrique Mendoza de semanario ZETA, en cien días han sido
asesinadas 4 mil 500 personas en México; ni gobernadores ni Presidencia
lo admiten. Sólo anuncian las cifras del pasado. Parece que desean que
México vuelva a la esquizofrenia del país donde públicamente "no sucede
nada", pero cada día la situación empeora. Desean cambiar la percepción,
que la gente no crea que el problema de la violencia es de todo el
País, sino "algo" que le sucede a "ciertas" personas.
La estrategia política es silenciar los cientos de delitos que cada día
cometen las redes del crimen organizado (desde la extorsión a empresas y
personas, hasta el secuestro, la violación, el asesinato y la trata de
mujeres y niñas), así como las guerras que los cárteles libran para
mantener esos negocios vivos.
Lo que sucede es que se fortalece a los cárteles y se debilita a la
sociedad de ciertas comunidades que vive secuestrada por estas redes
delincuenciales muy bien organizadas. Desde hace meses ya el Ejército
exigía mayor control de los medios, ahora lo tienen. Unos callan porque
la publicidad gubernamental les mantiene a flote, otros porque los
dueños tienen alianzas y amistad con miembros del gabinete o del propio
PRI. Otros más porque fueron fundados por priistas desde 2012, previendo
el buen negocio que vendría. Otros medios callan porque les han
asesinado reporteros y reporteras, porque viven bajo amenaza, sin
publicidad y en estados donde los gobernadores y procuradores han
abdicado a su responsabilidad. Muy pocos medios siguen adelante. Las
redes sociales suplen en ciertos lugares el papel de informadoras.
La sociedad civil se ha unido durante los últimos años buscando
estrategias reales para la construcción de la paz. Ahora, en el teatro
de la política, la idea es desintegrar esa fuerza social a través de un
discurso oficial tramposo, que hace creer que esa paz se está logrando y
de esa manera amputar el derecho civil de exigir a las autoridades las
condiciones para que se dé la paz real.
En este escenario pierde la sociedad y pierden quienes defienden los
derechos humanos. Bajo un manto de silencio la delincuencia organizada
se fortalece y la muerte sigue su paso protegida por la máscara de un
discurso oficial mentiroso.
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