La realidad alcanzó rápidamente
los intentos del Gobierno federal por modificarla a través de las
percepciones. El cambio de estrategia de comunicación sobre el combate a
la delincuencia organizada fue una bocanada de oxígeno al cambiar de
tajo la política de información del gobierno de Felipe Calderón, donde
todos los días había el parte policial de muertos, heridos, decomisos y
una inagotable cantera de capos, tenía a México pintado de rojo. La
debilidad de esa estrategia fue que la desaparición de la retórica de
violencia del discurso se acompañó con otra estrategia: evitar la
confrontación con los criminales.
La orden para policías federales y militares fue replegarse y abandonar
los puestos de control que se habían establecido en carreteras y
ciudades. Altos funcionarios federales han dicho que eso es falso, pero
funcionarios de nivel en varios estados ha confirmado que, en efecto, el
repliegue de las fuerzas federales fue un hecho. Incluso, de acuerdo
con agentes federales en campo, un comandante que se topó recientemente
con un convoy de un cártel en Coahuila y lo enfrentó, fue arrestado
cuando llegó a su base por haber violado la instrucción de no
enfrentarlos.
La racional detrás de esa orden, de acuerdo con la escasa información
que ha trascendido del Gobierno federal, era que no deseaban que
siguiera la contabilidad de muertos. Pero la externalidad fue más grave.
Al abandonar los puestos de control, eliminaron los diques que se
habían puestos a la delincuencia organizada. En la entrega previa en
este espacio se publicó cómo la política del no se dice nada, no pasa
nada, permitió el renacimiento de La Familia Michoacana en el Estado de
México, la reactivación de la guerra entre el Cártel del Golfo y Los
Zetas en el norte de Tamaulipas -que estalló, sin la violencia actual,
desde junio del año pasado por el asesinato intramuros de uno de sus
líderes-, y la proliferación de grupos de auto defensa civil vinculados
al crimen organizado -cárteles y talamontes, por ejemplo- en varias
entidades. Altos funcionarios policiales han confiado a diplomáticos
extranjeros que el diagnóstico entregado al Presidente Enrique Peña
Nieto por su equipo sobre la violencia, estaba mal. Es decir, es más
grave de lo que creían.
Cuando Peña Nieto era Presidente electo, miembros del equipo de
transición en el campo de la seguridad decían con absoluta confianza que
el problema de la seguridad se había acentuado porque no había
coordinación entre las áreas responsables de proveerla. Ese diagnóstico
era totalmente cierto, pues durante el gobierno de Calderón había tanta
desconfianza entre los miembros del gabinete de seguridad, que además de
enfrentar a los cárteles de las drogas y las mafias, se enfrentaban
entre ellos mismos, lastimando el esfuerzo colectivo. Lo erróneo de ese
análisis era la reducción toda a la descoordinación, sin enfrentar a los
criminales, quienes aprovecharon los vacíos de autoridad en el País,
mientras la autoridad no tiene aún el diseño de su nueva estrategia de
seguridad, para reposicionarse.
La realidad alcanzó la percepción, como era de suponerse, rápidamente.
Pero no sólo eso. Las derrotas los empieza a arrinconar. El sábado
pasado se tenía previsto celebrar la reunión regional de seguridad con
los gobernadores, encabezada por el Secretario de Gobernación, y con la
presencia de los secretarios de la Defensa y de la Marina, además del
Procurador General. La reunión cambió cuatro veces de horario y
finalmente se celebró intempestivamente la noche del viernes. Poco
antes, la reunión regional en Culiacán tuvo que realizarse en un hangar
en el aeropuerto de la capital sinaloense por razones de seguridad.
El Presidente Peña Nieto ha dispuesto el envío de fuerzas federales a
varios estados para reforzar a las policías locales en su lucha
permanente contra los criminales. Pero los patrullajes de vigilancia
preventiva como única estrategia, son inútiles. La prevención del
delito, que es un plan ya anunciado, ayuda en el largo plazo pero no
resuelve la inseguridad actual. Como se apuntó en la entrega previa,
"Batalla en Tamaulipas", "el diseño de una nueva política conra
criminales no debe pasar por la omisión de la realidad, porque la sangre
de policías y militares que no quieren en las calles, después será
mayor cuando intenten recuperar los territorios que les devolvieron, hoy
en día a los cárteles". El gobierno se ha tardado demasiado en el
despliegue de un plan de contención y combate a los criminales, que no
puede demorar más. La lucha contra los criminales se da en varios
frentes, pero sobre todo, no lo deben olvidar en el Gobierno federal,
simultáneamente.
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