¿Y si su hijo
o su esposo o su hermano desapareciera un día cualquiera? ¿Y si pasaran
semanas y meses sin saber de él? ¿Y si colocara fotos y descripciones y
peticiones de ayuda -"Delgado, moreno, de pelo corto"- en lugares
públicos? ¿Y si después de años no supiera nada sobre su paradero? ¿Y si
después se enterara que las fuerzas de seguridad -el Ejército o la
Marina o la policía- estuvieron involucrados en su desaparición? ¿Y si
después su cuerpo fuera encontrado en una fosa común? ¿Y si le
entregaran los restos de su ropa en una bolsa de plástico? ¿Y si las
autoridades responsables no le prestaran atención? ¿Y si el gobierno le
dijera que no puede intervenir porque "es un asunto del Ejército"? ¿Y
si, aunque usted contara su caso cientos de veces, prevaleciera el
silencio? Estas preguntas son las que el País entero debería hacer.
Estas son la preguntas que Human Rights Watch intenta responder en su
informe Los Desaparecidos en México: Los Costos de una Crisis Ignorada.
En México, quienes buscan a hombres y mujeres desaparecidas, encuentran
el silencio o, a veces, los huesos en el desierto. Desde 2006 miles de
personas salen de casa y no regresan a ella; terminan de trabajar y
nadie los vuelve a ver; toman un camión y acaban con su faz plasmada en
una pancarta. Son estudiantes y amas de casa, y campesinos y plomeros y
albañiles. Son levantados sin órdenes de arresto o causa probable. Son
detenidos en sus lugares de trabajo o en bares. Son aprehendidos por
personas que portan uniformes y manejan vehículos oficiales. Cuando sus
familares preguntan por ellos en los cuarteles del Ejército o en los
ministerios públicos, les dicen que las detenciones nunca ocurrieron. De
pronto se vuelven desechables, anónimos. Pero no es así. Sus madres y
sus hijos, y sus esposas y sus hermanas, los conocen. Saben que se
llamaban Brandon Esteban Acosta Herrera y Gualberto Acosta Ramírez, y
Valentín Alamilla Camacho y Antonio Adame Aldaco Júarez, y Juanita
Alemán Hernández, entre tantos más. Saben que fueron víctimas de las
fuerzas de seguridad. Saben que forman parte de los 250 casos de
desapariciones documentadas por Human Rights Watch y de los 25 mil casos
que forman parte de una lista compilada recientemente por la Secretaría
de Gobernación.
Y más que perseguir, las autoridades se dedican a encubrir; más que
investigar las autoridades se abocan a tapar. Durante su sexenio, Felipe
Calderón cerró los ojos y se lavó las manos y habló de "daños
colaterales". En México no ha habido muchos criminales condenados, pero
sí muchas autoridades condenables. Procuradores que atribuyen las
desapariciones a la "doble vida" que los levantados llevaban o al crímen
organizado con el cual colaboraban. Los peritos que, por descuido,
ignoran huesos, pelo y ropa en el sitio donde son encontrados numerosos
cuerpos. Los policías que obligan a las familias a hacer sus propias
investigaciones, con el riesgo que ello entraña. La ausencia de
herramientas críticas como una base nacional de desaparecidos. El patrón
de inacción e incompetencia que prevalece en torno a este tema.
Porque muchos piensan que los desaparecidos son pobres y marginales y
poco importantes. Porque muchos creen que seguramente participaban en
actividades ilícitas y encontraron su merecido. Y por eso allí están los
fantasmas. En busca de voz, en busca de justicia, en busca de descanso.
Para los que se quedan atrás la tarea es sencilla: seguir hablando y
seguir exigiendo. Como afirma la madre de una de las víctimas: "Nunca
dejaré de hablar de Olga. No puedo parar hasta que termine la
violencia". Sólo así será posible cambiar a una sociedad ciega, sorda y
apática. Sólo así será posible lograr que no haya un muerto más, ni un
hombre faltante, ni una mujer desaparecida.
Sólo así se cobrará conciencia de que el gobierno de Enrique Peña Nieto
tiene que responder ante lo ocurrido, Que los crímenes cometidos y
ocultados tienen que ser resueltos y resarcidos. Cambiando leyes e
instaurando protocolos de acción. Investigando a fondo y reformando todo
aquello que permite la impunidad del Ejército. La impunidad de la
Marina. La impunidad de la policía. Para que los hombres y las mujeres
en Torreón y Saltillo, y Monterrey y Nuevo Laredo, y el Estado de México
y el resto del País, vivan sin miedo. Para que los familiares de los
desaparecidos no tengan que marchar vestidos de luto, vestidos de negro. |
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