En el imaginario de la
familia de Elba Esther Gordillo, Napoleón Gómez Urrutia, quien vive en
Vancouver para eludir a la justicia mexicana que lo acusa de lavado de
dinero, es un modelo a seguir. Desde el primer momento de la detención
de la maestra en febrero, acusada también de lavado de dinero y por
delincuencia organizada, Gómez Urrutia, que maneja secciones importantes
del sindicato de mineros desde Canadá, fue visto como la alternativa
que tenía la ex dirigente magisterial para enfrentar jurídicamente su
caso y llevarlo al plano político. Algunos de sus familiares llegaron a
considerar la opción de pedir asilo político en Canadá, y desde ese país
seguir manejando el sindicato de maestros.
Esta opción está agotada. El ofrecimiento de la Senadora Mónica Arriola,
hija de la maestra, al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, de entregarle el sindicato a cambio de contener la persecución de
su familia, fue incumplido. Ni Arriola ni su cuñado Fernando González,
que también cabildeó para ofrecer el sindicato al gobierno, y menos aún
su padre Francisco, el hombre que manejaba los dineros de la maestra
desde el sindicato, que se escondió para no ser aprehendido, pudieron
cumplirlo. Juan Díaz, hasta ese día secretario general, tomó el mando en
contra de los deseos de la familia, y se convirtió en el interlocutor
de las autoridades.
No están canceladas las otras opciones. Gómez Urrutia y Gordillo
comparten desde hace tiempo el mismo despacho de fiscalistas, y a partir
de mediados de marzo, también a Marco del Toro Carazo, un abogado
altamente reconocido en el gremio que ha defendido a presuntos
delincuentes de cuello blanco. Del Toro Carazo, de origen costarricense,
opera desde Guadalajara y, como él mismo lo admitió cuando lo
estigmatizaban con ser el abogado de líderes sindicales en problemas,
trabaja sin tintes partidistas y con un enfoque meramente técnico.
Del Toro Carazo participó en el juicio de extradición del ex banquero
Carlos Cabal Peniche, acusado en 1994 de operaciones fraudulentas cuando
era dueño del Grupo Financiero Cremi-Unión, y que estuvo prófugo
durante cuatro años en Australia, desde donde lo extraditaron con 14
acusaciones en su contra. El abogado tapatío fue uno de los testigos de
Cabal Peniche en el largo juicio que concluyó hace tres años, cuando el
tabasqueño recuperó muchos de sus bienes, pero jamás la fortuna que
había amasado.
En 2000 participó en el equipo de asesores jurídicos del Presidente
Vicente Fox, y dos años después, el entonces abogado de Pemex, César
Nava, le asignó un contrato por tres millones de dólares para ser parte
del equipo que persiguió a varios priistas por el caso Pemexgate, varios
de los cuales terminaron en la cárcel y unos más, exonerados por
completo de las imputaciones de uso indebido de recursos en la campaña
presidencial de Francisco Labastida, son funcionarios importantes en el
gobierno de Enrique Peña Nieto.
Pero el caso que más lo ha tenido frente a los reflectores de los medios
es el de Gómez Urrutia, acusado en 2006 de haber desviado 55 millones
de dólares de un fideicomiso minero que terminó en las cuentas de su
familia, y obtener en 2011 un importante golpe al ganar un amparo contra
la orden de aprehensión de su cliente. No obstante, ese amparo fue
revocado y se ha girado una nueva orden de aprehensión contra el líder
sindical, que pudiera ser extraditado.
La maestra Gordillo y su familia llegaron en mal momento con el abogado
de Gómez Urrutia, quien ha estado buscando un acercamiento con el
gobierno de Enrique Peña Nieto para arreglar su situación jurídica, un
poco desesperado quizás –según dejó entrever con su lenguaje en un
artículo reciente publicado en el diario La Jornada-, después de haber
ayudado al candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador durante
última la campaña presidencial. El líder minero no es el modelo a
seguir, como lo piensan algunos familiares de la maestra, ni contratar a
su abogado, pese a su capacidad como penalista, parece políticamente lo
más atinado. Pero errores en el juicio político de la maestra ya no son
inusuales. Al contrario. Son consistentes las decisiones fallidas que
cometió en los últimos meses y que hoy la tienen en la cárcel.
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