Señaló que si bien finalmente se dio su traslado a la Corte Suprema, no se hizo a la hora programada.
En un comunicado, el INPEC además ofreció excusas a los magistrados
de la Sala Penal de la Corte por la demora en el envío del exministro
Andrés Felipe Arias, quien tenía programada audiencia a las 8 de la
mañana en el alto tribunal.
Pero el traslado del centro de reclusión al Palacio de Justicia, se cumplió más de una hora después.
Arias, ex ministro de Agricultura, es procesado por las supuestas
irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro. Según la
investigación, los subsidios que este programa debía entregarle a
campesinos que fueran afectados por el TLC con Estados Unidos,
terminaron en manos de empresarios y prestantes familias.
“El Director del Inpec le llamó la atención al director del complejo
penitenciario La Picota, por no tener lista la logística que llevara a
cabo la remisión del interno hasta el Palacio Justicia”, señaló el Inpec
en el comunicado.
Arias permanece detenido en la Escuela de Caballería, pero depende de
la cárcel La Picota, que debe realizar las remisiones y estar al tanto
del cumplimiento de la medida de aseguramiento del exministro.
Y agregó: “Se ordenó abrir una investigación disciplinaria, con el fin de establecer responsabilidades”.
Audiencia se reanudará mañana, en la que continuará descubriendo pruebas documentales:
En el juicio, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó
una solicitud de la defensa del exministro de Agricultura Andrés Felipe
Arias de excluir varios documentos que presentó la Fiscalía como prueba.
En esos documentos había cifras sobre los subsidios manejados por el
programa Agro Ingreso Seguro (AIS) entre el 2007 y el 2008 que, según el
apoderado de Arias, el exmagistrado Jorge Aníbal Gómez Gallego, no
coincidían con las copias que tenía en su poder.
Arias es juzgado por haber permitido que familias prominentes y
grandes empresarios de la Costa Caribe accedieran a subsidios para
programas de riego que estaban destinados a pequeños agricultores.
Según Gómez Gallego, con esta diferencia de datos era imposible
realizar el interrogatorio al testigo por lo que pidió anular esa
prueba.
La Corte rechazó la solicitud de la defensa y le advirtió al abogado
que esa solicitud podrá presentarla en el momento que le corresponda
intervenir para interrogar al testigo.
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