EE.UU.: Lo estados pueden nulificar algunas leyes, no todas

por Robert A. Levy

Robert A. Levy es Presidente de la Junta Directiva del Cato Institute.

Las quejas de fervientes defensores de los derechos de los estados se han vuelto más bulliciosas conforme se acerca la percibida extralimitación del gobierno federal en áreas tales como la atención médica, la reforma migratoria, la regulación de la marihuana y el control de armas.
De hecho, el 13 de marzo el congreso de Oklahoma votó de manera abrumadora para invalidar la legislación característica del presidente Barack Obama, la Ley de Atención Médica Asequible. El proceso se conoce como anulación. Pero, ¿es esto constitucional?
En resumen: (1) los funcionarios estatales no tienen que hacer cumplir las leyes federales que el Estado ha determinado que considera inconstitucionales; ni puede el congreso ordenar que los estados promulguen leyes específicas. Pero, (2) los estados no pueden bloquear a las autoridades federales que intentan hacer cumplir una ley federal a menos que una corte haya determinado que esa ley es inconstitucional. Y, (3) los individuos no están exentos de la prosecución por parte del gobierno federal solamente porque el Estado donde ellos residen ha legalizado una actividad o pronunciado que una ley federal es inconstitucional; si son condenados, los individuos pueden intentar vindicar sus derechos constitucionales ante un tribunal.


Examinemos cada una de estas preguntas:
Primero, ¿es obligación que los estados hagan cumplir leyes federales y creen programas regulatorios que el congreso ordena? La respuesta en ambos casos es “No”.
En el caso de 1997, Printz v. EE.UU., la Corte Suprema decidió que el gobierno federal no podía ordenar a las autoridades de ejecución de la ley de un estado realizar chequeos de antecedentes criminales de los potenciales compradores de pistolas.
En un caso de 1992, Nueva York v. EE.UU., la Corte decidió que el congreso no podía requerir a los estados que promulguen regulaciones especificadas de eliminación de desechos.
La segunda pregunta es más difícil: ¿Puede un estado impedir a las autoridades federales hacer cumplir su propia ley si el estado considera que esa ley es inconstitucional? La respuesta es “No”, aunque los partidarios más radicales de la anulación no estarían de acuerdo. Ellos señalan las resoluciones de Kentucky y Virginia de 1798 y 1799, en las cuales Thomas Jefferson y James Madison afirmaron el derecho de un estado de anular las Leyes de Extranjeros y de Sedición.
Pero considere esas resoluciones en contexto: Jefferson y Madison habían argumentado que los estados deben tener la última palabra porque la Constitución no había establecido expresamente una autoridad final para cuestiones constitucionales.
Cuatro años después, en Marbury v. Madison, el juez titular John Marshall resolvió esa omisión. Él escribió: “Es enfáticamente el área y el deber del departamento judicial decidir lo que la ley es”. Desde ese entonces, en lugar de que 50 estados independientes tengan sus propias opiniones acerca de la constitucionalidad, tenemos una Corte Suprema estableciendo una regla uniforme para toda la nación.
Los Padres Fundadores estuvieron de acuerdo. En “Federalista 78”, Alexander Hamilton había escrito: “la constitución limitada….puede ser preservada en la práctica de ninguna otra forma que a través del medio de las cortes de justicia, cuyo deber debe ser declarar nulos todos los actos contrarios al tenor manifiesto de la constitución”. Madison compartió esa opinión. Él escribió: “Los tribunales independientes…serán una defensa impenetrable en contra de cualquier toma de poder por parte del legislativo o el ejecutivo”.
Incluso antes de Marbury, la Asamblea General de Virignia había aprobado el reporte 1800 de Madison. Este reconocía que los estados pueden declarar a las leyes federales inconstitucionales; pero la declaración no tendría efecto legal a menos que las cortes estuviesen de acuerdo. Aquí está lo que Madison escribió: las declaraciones de los estados “son expresiones de opinión, (intencionadas solamente para) excitar la reflexión. Las exposiciones de la rama judicial, por otro lado, son llevadas a efecto inmediato”.
Madison también publicó sus Notas sobre la anulación en 1834. Ahí, escribió que un estado individual no puede anular unilateralmente una ley federal. Ese proceso requiere de una acción colectiva por parte de los estados. De igual forma, Las Resoluciones de Kentucky de Jefferson habían descrito la anulación como un acto de "los varios estados" que formaron la Constitución.
Además, siete estados rechazaron las resoluciones similares a las de Virginia y Kentucky; seis estados aprobaron resoluciones alternativas sosteniendo que la constitucionalidad era algo que las cortes tenían que decidir; cuatro estados no tomaron acción alguna. Ningún otro estado siguió el camino de Virginia o Kentucky.
Desde ese entonces, los intentos de anulación han fracasado en tres ocasiones: En 1828, Carolina del Sur intentó anular dos aranceles nacionales. El presidente Andrew Jackson declaró que la anulación era traición; el congreso autorizó a Jackson para enviar soldados, y el estado se retractó. En 1859, la Corte Suprema rechazó la anulación en Ableman v. Booth.
Booth había frustrado la recaptura de un esclavo en violación de la Ley de Esclavos Fugitivos. La Corte Suprema de Wisconsin decidió que el acto era inconstitucional, pero la Corte Suprema de EE.UU. reinstauró la convicción. En 1958, luego de que los estados sureños se negaron a integrar sus escuelas, la Corte Suprema en Cooper v. Aaron sostuvo que la anulación “no es una doctrina constitucional…es un desafío ilegal de la autoridad constitucional”.
Los fans de la anulación están esperando que los estados limiten la tiranía federal. Pero a veces el asunto es al revés; los estados también son tiránicos. De hecho, si los gobiernos de los estados y locales pudiesen invalidar la ley federal, Virginia hubiese continuado con su prohibición a los matrimonios inter-raciales; y las prohibiciones constructivas de armas seguirían vigentes en Chicago y en otras partes.
Finalmente, la tercera pregunta: Si un estado considera que la ley federal es inconstitucional, ¿cuál es el remedio adecuado? La respuesta es clara. Como la Corte Suprema es la autoridad final, el remedio es una demanda que ponga en tela de duda la constitucionalidad de la regulación o estatuto federal en cuestión.