Gobiernos y jueces, dispuestos a rendirse

Terrorismo 

GEES

Cuando el exjuez español Baltasar Garzón procesó al exdictador chileno Augusto Pinochet, la izquierda y sus compañeros de viaje de la derecha aplaudieron emocionados porque comenzaba una nueva época en que el derecho gobernaría el mundo y protegería a los débiles. Como todos los movimientos políticos dirigidos por la izquierda, éste de la justicia universal es otra versión de la afamada ley del embudo. Los juicios nunca serán para los genocidas y terroristas de la izquierda. En Argentina, los Kirchner han impulsado la anulación de indultos y el encarcelamiento de exmilitares mientras el terrorista montonero Mario Firmenich, indultado dos veces, está libre y participa en política. Y en Bolivia Evo Morales ha elogiado al terrorista Che Guevara, que fue a su país a matar bolivianos.


Hace poco ha comenzado en Guatemala el juicio al general Efraín Ríos Montt, bajo cuya dictadura se cometieron miles de asesinatos y, a la vez, se derrotó a la guerrilla comunista. La izquierda ya le ha sentenciado, pero no explica que en su carrera política obtuviera docenas de miles de votos en las comarcas donde se cometieron las masacres que se atribuyen a sus soldados. Esta dureza con Ríos Montt contrasta con la pretensión de la izquierda, sea americana o sea europea, de que terroristas como las FARC colombianas negocien con Gobiernos democráticos de igual a igual. Lo malo es que los liberales, los conservadores y los altos funcionarios iberoamericanos comparten esta idea-fuerza.
El diario El País, el mismo que exige respecto a los etarras (autores de casi un millar de muertes) que se ablande la ley en su favor, se ha convertido en un portavoz de esta degradación intelectual y social.
En una entrevista publicada el 25 de abril, el presidente de Colombia, el liberal de etiqueta y socialdemócrata de pensamiento Juan Manuel Santos, que ha aprobado el diálogo con las FARC en La Habana al amparo de la tiranía castrista, declaró lo siguiente:

Yo pienso que, de todas formas, la justicia, y eso lo digo como una cuestión de filosofía jurídica, no puede ser un obstáculo para la paz. Esa fue una frase que inclusive oí al propio fiscal Luis Moreno, de la Corte Penal Internacional.

El día 28 se publicó otra entrevista, ésta al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el peruano Diego García-Sayán, exministro de Alejandro Toledo, en la que proponía una "justicia transicional" para recuperar a los guerrilleros, de izquierdas por supuesto:

Una justicia in extremis, la sujeción y aplicación irrestricta y generalizada de la norma penal, probablemente satisface cierta aspiración pero puede convertirse en un impedimento para celebrar la paz negociada.

De acuerdo con este paradigma, el jurista propone que si en Cuba se instaura una democracia no haya un juicio al castrismo,

porque si se empiezan a levantar todos los asientos de lo que pueda haber pasado en 50 años se abriría una caja de Pandora.

¿No es una "aplicación irrestricta y generalizada" de las leyes lo que diferencia las sociedades civilizadas de las bárbaras?