Opinión: ¿Para qué sirve UNASUR? – por Andrés Molano Rojas

¿Por qué los Estados actúan a través de organizaciones internacionales formales? ¿Por qué prefieren gestionar sus asuntos colectivos a través de entes internacionales, en lugar de hacerlo mediante otros mecanismos más flexibles, descentralizados, específicos y espontáneos? ¿Por qué asumen los costos que suponen sus estructuras administrativas y el mantenimiento de sus burocracias? ¿Por qué aceptan sobrellevar los peligros implícitos de la intensificación de disputas, del riesgo moral, la sustitución adversa, y la administración de situaciones complejas? Según la teoría de las relaciones internacionales, las instituciones internacionales son mecanismos regulatorios que prescriben conductas, proscriben determinadas acciones y sincronizan expectativas.


Al hacerlo, mitigan las consecuencias nocivas de la anarquía característica del sistema internacional, reduciendo los costos de transacción y la desconfianza entre los actores que lo integran (especialmente entre los Estados), al tiempo que hacen más previsibles las consecuencias de las interacciones entre ellos, todo lo cual contribuye a disminuir el conflicto y a mantener la estabilidad y la seguridad internacionales.
Pero además, las organizaciones internacionales formales -es decir, las asociaciones de Estados constituidas en virtud de un tratado internacional y dotadas por éste de órganos propios, autónomos y permanentes, con el fin de gestionar un determinado conjunto de asuntos y propender por ciertas finalidades- ofrecen un incentivo particular que los Estados, con mucha frecuencia, valoran positivamente a la hora de actuar colectivamente en la escena internacional. Ese incentivo es consecuencia de dos atributos funcionales que las caracterizan: la centralización y la independencia.
Como consecuencia de la centralización, las organizaciones internacionales sirven para acumular recursos y multiplicar la capacidad de acción de los Estados, optimizan el proceso legislativo y judicial internacional, y contribuyen a la provisión de bienes públicos. Como resultado de su independencia se presume que actúan con neutralidad y ello les permite resolver conflictos y sancionar legítimamente las transgresiones de los Estados a las reglas de juego en que se fundamentan, y también, arbitrar controversias.
Pero a veces también operan como “lavanderías”, a través de las cuales los Estados buscan legitimar situaciones de hecho, acciones o conductas que, emprendidas unilateralmente o al margen de una organización formal podrían carecer de validez o generar sospecha y suspicacia, cuando no transgredir abiertamente el derecho internacional. Y eso es, en última instancia, lo que ha hecho el chavismo a través de Unasur, al emplearla para blindar la investidura de Maduro y legitimarla internacionalmente. Una prueba más de su déficit de gobernabilidad, de la precariedad de su mandato, y del complejo panorama que enfrenta ahora mismo Venezuela.