Las pataletas de la DEA
En los 40 años de operaciones secretas en
México, este es el mejor momento para darle un golpe a la arrogancia y las
actividades delictivas de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, conocida por
su acrónimo DEA.
El gobierno mexicano ya cerró la puerta a la intromisión galopante que tuvo en la
administración de Felipe Calderón, con el respaldo del presidente Barack Obama,
que dijo a su colega Enrique Peña Nieto que apoyaría cualquier decisión que
tomara, porque la seguridad en México, subrayó, corresponde decidirla a los
mexicanos.
La DEA debe estar revolcándose
de la rabia, según se puede colegir por la información que filtró a
los medios de Estados Unidos tras el encuentro presidencial de la semana
pasada.
Es tiempo no sólo de pararlos y controlarlos.
Durante varios sexenios pretendieron dirigir la lucha contra las drogas en
México, pero fueron frenados en seco. Exigieron que se les permitiera portar
armas, pero no se les autorizó.
El acotamiento legal no impidió que enviaran
agentes encubiertos para penetrar a los cárteles de la droga, y uno de ellos, Enrique Camarena Salazar,
les dio sentido a su misión. Al Kiki Camarena, como lo
llamaban sus compañeros, lo mandaron matar los jefes del extinto Cártel de
Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto
Fonseca en febrero de 1985, menos de tres meses después de que se descubriera
el rancho El Búfalo, en Chihuahua, donde se decomisó el mayor volumen de
marihuana en la historia del narcotráfico.
Su asesinato dio origen a la “Operación
Leyenda”, la mayor investigación que haya montado jamás la DEA, que apoyada
años después por un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que le permitía
a la justicia de esa nación la extraterritorialidad, secuestraron en México en
1990 al doctor Humberto Álvarez Macháin, quien afirmaban mantuvo con vida a
Camarena mientras lo torturaban.
Detrás de esa cacería desatada en México se
ocultó que el agente de la DEA, de acuerdo con funcionarios mexicanos de la
época, en realidad era un doble agente y que al ser descubierto por los jefes
del cártel, lo mandaron a asesinar por traición.
La “Operación Leyenda”, sin embargo, fue lo
que necesitaba la DEA para imponerse a otras agencias de inteligencia que
operaban en México, en poder, influencia y presupuesto. No le importó cruzar la
línea y mentir para obtener beneficios, como la acusación contra Manuel
Bartlett, secretario de Gobernación, cuando el asesinato de Camarena, fincada
en un testigo protegido,Víctor Lorenzo Harrison,
quien después de dos años de acusaciones contra
funcionarios mexicanos, aceptó en una corte de Los Ángeles que había mentido.
El fiasco no inhibió a la DEA, que volvió a
utilizar testigos protegidos. Con uno de ellos incubó la idea de que el hermano
mayor del ex presidente Carlos Salinas estaba involucrado con el narcotráfico.
Ese testigo, ex capitán de la Marina, fue
rechazado por la DEA por la magnitud de mentiras -aunque la agencia
nunca lo desautorizó- y ofreció contar su dicho a periodistas a cambio de 500
mil pesos. Varios lo rechazaron por no fiable, aunque finalmente logró que uno
de los periódicos importantes de México le creyera.
La historia de las arbitrariedades de la DEA
y del cruce permanente de la
línea entre lo legal y lo ilegal -su vinculación en México
con algunos cárteles, o en Colombia con el de Cali-, no fue motivo de alerta
cuando la PGR, en el gobierno de Calderón, le abrió la puerta para que utilizaran armas, participaran en operaciones y,
gradualmente, ganaran sus agentes prioridad para entrevistar a detenidos antes
del ministerio público federal.
La ex procuradora Marisela Morales deportó a cuantos criminales querían, a
cambio de que les dieran acceso a información como la deJennifer,
el testigo protegido de la DEA más famoso en la historia del narcotráfico en
México, y razón del desmoronamiento de una parte importante de la lucha contra
las drogas en el gobierno pasado.
Si hay responsabilidades que los mexicanos
tendrán que enfrentar, la DEA no es inocente.
En muchos sentidos es la gran culpable del desastre que vive la procuración de
justicia mexicana, por lo que no debería quedar impune.
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